Perentoria necesidad de cambiar la consideración y el tratamiento de los incendios forestales

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De las causas “normales” de los incendios forestales y de los procedimientos de extinción más convenientes, hemos sido informados hasta la saciedad por los medios de comunicación. Sólo una posible causa no fue mencionada en ningún momento, por considerarla probablemente un tema muy delicado por estar directamente relacionado con los medios de extinción que se están empleando, tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades autónomas.

Debo empezar destacando la necesidad de no confundir la dificultad de extinguir un incendio forestal, ya iniciado, con el verdadero origen de éste. La profusa legislación autonómica y estatal se refiere más a la extinción que a la prevención cuando describe, con todo detalle, el reparto de responsabilidades ante un incendio habitualmente atribuido a causas naturales o a pirómanos, al parecer siempre inevitables. Otro posible origen de los incendios y su prevención es el fundamento de este sucinto artículo.

Según la organización establecida, las comunidades autónomas son las responsables directas de la prevención y extinción de los incendios forestales. Cada autonomía diseña su propio plan anual, contrata brigadas, empresas de medios aéreos y terrestres, y gestiona sus recursos.

El Estado no gestiona directamente los incendios salvo en casos de emergencia nacional (nivel 3), pero sí apoya con medios como la Unidad Militar de Emergencias (UME), que gestiona los aviones Canadair del Ala 43 del Ejército del Aire, y aviones del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO). La partida de extinción se ha mantenido estable en torno a los 417 millones anuales, compartida entre Estado y autonomías.

Pero, al margen de este reparto de responsabilidades, hay una motivación objetiva que es imprescindible tener en cuenta si de verdad se desea llegar a conocer el verdadero origen de los incendios forestales según los catastróficos resultados de la reciente Campaña 2025 que, de forma sorprendente, se ha dado por finalizada.

Es de justicia reconocer que la comunidad autónoma de Galicia dispone de una de las legislaciones más avanzadas para la prevención y extinción de los incendios forestales[1] .Sin embargo, la calidad y minuciosidad de la norma no ha sido suficiente para resolver los graves problemas a los que hubo que hacer frente en este año 2025. Por este motivo, la comunidad autónoma está pensando en una nueva actualización de la norma en vigor para tratar de aumentar las medidas de prevención sin detrimento de las medidas ya establecidas para la extinción de un fuego ya iniciado. Los pobres resultados alcanzados con la aplicación de la norma establecida parecen aconsejar se limiten las responsabilidades autonómicas y se aumenten las del Estado, recentralizando misiones y competencias para mejor prevenir y extinguir los incendios forestales.

En lo que se refiere a la extinción de incendios forestales utilizando medios aéreos, cabe informar que España está en el grupo de naciones que llevan a cabo esta tarea mediante una combinación de recursos estatales y de empresas privadas especializadas. Hay otro grupo de países que utilizan solo recursos estatales porque perciben que la solución del problema de los incendios forestales debe de estar más cerca de lo público que de lo privado, como parece más lógico.

Para cada campaña, tanto el MITECO como las comunidades autónomas, contratan con independencia compañías especializadas para hacer frente a los incendios forestales tan pronto como estos se produzcan. Estas contrataciones varían cada año según el riesgo previsto y los presupuestos disponibles. Algunas empresas operan solo en determinadas regiones o durante ciertos meses. Como el ministerio y las comunidades autónomas publican licitaciones periódicas el número de empresas activas cambia con frecuencia.

Esta variabilidad puede afectar a la economía de cada empresa y a las decisiones que adopte para garantizar el rendimiento esperado de sus inversiones, sobre todo cuando tienen que hacer frente a desafíos complejos que van más allá del simple despliegue de aeronaves. Los desafíos más relevantes que tienen que afrontar las empresas pueden ser: la intensificación de los incendios forestales, los costes operativos progresivamente elevados o la coordinación entre administraciones.

Aunque no es habitual que haya una “empresa intermediaria” que subcontrate todo el servicio, sí puede haber subcontrataciones parciales. Estas subcontrataciones, a veces necesarias, pueden llegar a no ser deseables por afectar a la garantía y eficacia del sistema en su conjunto, como suele suceder en la mayoría de las subcontrataciones.

El procedimiento típico es la licitación pública con adjudicación directa a la empresa o empresas que cumplan los requisitos técnicos y económicos deseados. Este procedimiento, en teoría muy eficiente, puede volverse en contra del sistema si tomamos en la debida consideración qué puede sucederles a las empresas que pierden la licitación, si pretenden garantizar su futuro.

Las empresas más habituales contratadas por el MITECO y las comunidades autónomas más recientemente[2], fueron las siguientes:

El sector está muy concentrado en forma de oligopolio. Pocas empresas controlan la mayoría de los contratos públicos probablemente atraídas por los generosos recursos ofertados por el Estado.

Se admite que la mayoría de los grandes incendios en España tienen origen humano e intencionado, aunque existe una declarada dificultad probatoria cuando el fuego destruye las pruebas, lo que lleva a que la tasa de esclarecimiento de incendios intencionados apenas supera el 3 %.

Con el modelo actual de contratación, del Estado y de las comunidades autónomas, las empresas privadas de medios aéreos tienen garantizado un ingreso fijo muy alto solo por disponibilidad, haya o no haya incendios. En el caso de que los hubiese, las empresas tendrían ingresos variables extras, por horas de vuelo, combustible y mantenimiento, lo que podría representar un estímulo económico para el inicio de actividades incendiarias.

Según investigaciones periodísticas y académicas no hay pruebas directas de que las grandes adjudicatarias provoquen incendios, pero sí existe un riesgo estructural perverso si aceptamos que el sistema convierte el fuego en un escenario donde se mueven grandes sumas de dinero. Si no hay incendios el negocio es suficientemente rentable, pero si los hay la rentabilidad del negocio aumenta.

Como estructuralmente, el modelo actual no elimina el incentivo económico para que haya actividad incendiaria, algunos expertos piden reformarlo para que prime más la prevención que la extinción. Pero, aun así, esta motivación no parece tan efectiva como lo sería si todos los medios empleados en la prevención y extinción de incendios fuesen públicos.

Hay incendios forestales prácticamente en todo el mundo, pero que una empresa privada de medios aéreos opere en un país u otro depende menos de la geografía y más de factores de mercado, legales y logísticos.

En el caso de compañías como Eliance, FAASA, Avincis o Babcock, que concentran su actividad en España, Italia, Portugal y Chile, hay varias razones de peso:

Podemos comprobar que esta itinerancia de empresas, conceptualmente no muy justificada, proporciona a las empresas las ventajas de una rentabilidad continua, optimización de la flota de aeronaves y experiencia acumulada en trabajos en distintos ecosistemas y condiciones meteorológicas.

En España, lo que parece que está fallando es el modelo de gestión, que prioriza la extinción reactiva apoyada en empresas privadas con vocación de obtener considerables rendimientos económicos, en lugar de apoyarse en empresas públicas sin esta vocación. Se necesita una reforma profunda en beneficio de lo público, y en contra de lo privado, basada principalmente en la prevención y la recentralización por parte del Estado de competencias autonómicas.

El modelo mixto actual ofrece demasiadas facilidades a las empresas que ven el incendio como una oportunidad de negocio. La itinerancia empresarial da por sentado que habrá incendios, aceptando como normal lo que antes era excepcional. La fragmentación institucional impide una respuesta coordinada, equitativa y preventiva. Aceptar que los incendios se van a producir siempre en verano es algo que puede afectar gravemente al tratamiento debido de los incendios forestales.

Parece, por tanto, absolutamente necesario para España un modelo de prevención y extinción de incendios forestales estatal, público y permanente. El modelo actual, por sus resultados, demuestra ser ineficaz y poco aceptable. La protección del territorio español no puede depender de intereses privados porque el fuego nunca puede ser rentable.

[1] La normativa contraincendios en Galicia incluye la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales y sus disposiciones de desarrollo, así como el Plan de prevención y defensa contra incendios forestales (PLA DIGA) anual y el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (PLATERGA).

[2] Gran contrato estatal de 156,4 millones de euros (repartidos en 17 lotes, que no se corresponden con las 17 comunidades autónomas) para medios aéreos contra incendios en las campañas 2025‑2026-2027. Este contrato salió publicado en el BOE nº 136, de 6 de junio de 2025.