El poder judicial es el garante último de la legalidad democrática. Sin una justicia independiente, no hay equilibrio de poderes ni Estado de Derecho que resista las presiones del Ejecutivo ni las sombras del poder político. En España, sin embargo, ese equilibrio lleva décadas bajo sospecha.
La politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el reparto por cuotas entre PP y PSOE, y la percepción pública de que los jueces “obedecen consignas” han provocado una crisis de legitimidad institucional. El ciudadano observa, con creciente escepticismo, cómo los grandes partidos convierten lo que debería ser el árbitro neutral del sistema en un terreno de combate partidista. (...)