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Entre el reparto partidista y la presión europea

El CGPJ es el órgano de gobierno del poder judicial. Desde 1985, todos sus vocales —incluso los propuestos por jueces— son nombrados por el Parlamento. Esto ha derivado en una práctica de reparto por cuotas entre los partidos, degradando su función técnica a una negociación partidista.

Durante cinco años, el CGPJ permaneció en funciones por bloqueo político, hasta que en 2024 la presión europea forzó el desbloqueo parcial. El comisario de Justicia, Didier Reynders, exigió renovar el órgano y reformar su sistema de elección para garantizar que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos directamente por jueces. Bruselas advirtió que, de no hacerlo, se activarían medidas jurídicas ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El Gobierno español y la oposición negociaron bajo supervisión europea. Algunos vocales fueron finalmente renovados, pero la ley no ha cambiado: el sistema sigue permitiendo a los partidos controlar el órgano judicial que debe vigilarlos. La independencia judicial, por tanto, continúa siendo una asignatura pendiente.

Historia de un problema sin resolver

Desde su reforma en 1985, el CGPJ ha generado controversia. Juristas y magistrados han alertado del riesgo de colonización partidista, y aunque el Tribunal Constitucional ha avalado su legalidad, también ha subrayado la necesidad de respetar el pluralismo y el mérito. Todos los intentos de devolver el voto a los jueces para elegir directamente a sus representantes han fracasado por falta de voluntad política. La paradoja es evidente: los partidos sólo defienden la despolitización judicial cuando no controlan el proceso.

¿Cómo se reforma este modelo?

Varias propuestas coinciden en un objetivo: blindar la justicia frente al poder político. Entre ellas:

• Que los 12 vocales del turno judicial del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, sin intervención parlamentaria.

• Establecer criterios de mérito y trayectoria objetiva para acceder a los puestos de vocales.

• Limitar los mandatos y evitar reelecciones en cargos sensibles.

• Transparencia de los procesos de selección mediante comparecencias públicas.

• Automatizar la renovación del CGPJ para impedir bloqueos negociados.

¿Qué piensa la ciudadanía?

Según el último barómetro del CIS, más del 70 % de los ciudadanos cree que los partidos influyen en la justicia. Muchos consideran que los delitos de corrupción no se castigan con severidad y que el sistema judicial protege a los poderosos. Esta percepción erosiona la confianza pública, sin la cual el Estado de Derecho se convierte en mero decorado institucional.

Justicia y democracia: el vínculo invisible

La democracia no vive sólo de las urnas, sino también de contrapesos. Si el poder judicial no puede ejercer su función libremente, el sistema pierde su capacidad de corrección. La justicia debe ser la roca sobre la que se edifique la legalidad pública. No puede haber regeneración democrática sin reforma judicial. Y no puede haber reforma judicial si quienes se benefician del reparto se niegan a renunciar a él.

El ciudadano como garante

La justicia no puede ser propiedad de los partidos. El CGPJ no puede ser un botín negociado. El juez debe responder a la ley, no a los pactos parlamentarios. Desde La Crítica, defendemos una justicia independiente, transparente y funcional. Una justicia que vigile al poder, no que lo sirva. Porque sin ella, lo demás —libertades, derechos, dignidad— es papel mojado. Y en ese combate, el ciudadano no debe ser espectador: debe ser testigo, fiscalizador… y si es necesario, acusador.