Los falsos dilemas de la crisis sanitaria

... 1º) El dilema seguridad versus libertad es falso. Es preciso conjugar seguridad y libertad, en lugar de pretender la primera a expensas de la segunda. Tratar de compaginar una y otra sin renunciar a ninguna de ellas es un problema, no un dilema. España, por desgracia es líder en restricción de libertad y sin embargo también líder en mortalidad por millón de habitantes. Se ha reducido la libertad de los ciudadanos y no se han conseguido los niveles de seguridad esperados.

2º) La salud está antes que la economía, es otro falso dilema similar al anterior. En efecto, los países orientales –Japón, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong-Kong– han obtenido los menores índices de contagio sin haber cerrado sus economías ni haber restringido la libertad.

Es por ello que la clave del éxito no son las soluciones drásticas, la clave es la anticipación, el acopio de medios, la protección del personal sanitario, la realización de test aleatorios y selectivos, el confinamiento solo de las personas contagiadas y libertad de movimientos y de acción comercial y económica para el resto, adoptando escrupulosamente estrictas medidas de protección. Anticipación, Acopio de medios, Prevención y Protección evitan soluciones drásticas.

Desde luego, la mejor forma de ayudar a las empresas es no cerrar la economía y permitir que la producción se adapte a las exigencias de la pandemia. Las ayudas deben estar dirigidas a posponer impuestos, ayudar a paliar los gastos fijos invariables de la empresa y en caso de tener que cerrar temporalmente, dejarla en hibernación pero en condiciones para recuperarla en cuanto se pueda. Un cierre temporal para dar paso a uno definitivo es una dolorosa agonía para la empresa.

Por otro lado al centralizar a muy alto nivel de la administración determinados abastecimientos y servicios que se consideran básicos para la población, entramos en un circulo vicioso en la economía productiva. La sociedad y el mercado son sistemas sumamente complejos donde millones de personas actúan buscando sus propios fines, intereses y empleando diversos medios. Ambos se configuran como sistemas «descentralizados» y es precisamente por ello que pueden funcionar sin sobresaltos.

En España, la sanidad pública está transferida y son las autonomías y la propia red hospitalaria quienes realizan todas las gestiones logísticas –personal, compras, abastecimiento, mantenimiento, administración económica, etc– para su correcto funcionamiento. Las redes hospitalarias privadas lo hacen de igual forma. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, que a pesar de haber sido despojado de responsabilidades, no tener por tanto capacidad de gestión, ni conocimiento, ni experiencia, por estar todos los servicios transferidos, decide hacerse cargo de todo por Decreto. Podría haberse optado por una dirección centralizada y ejecución y gestión descentralizada, pero no se optó por esta opción mas eficaz.

La centralización, sea económica o de cualquier otro tipo, genera un primer problema al cambiar la gestión habitual del libre mercado al que se reemplaza por la gestión centralizada del Gobierno. Un segundo problema es que se ralentizan todos los procesos al estar bajo un «mando único». Al centralizar todo en una sola vía oficial se producen «cuellos de botella» en el sistema. Se acumulan los problemas y los fallos afloran de inmediato, los pagos a proveedores se retrasan, o se dan certificados de pago a treinta días. Es entonces cuando el producto es vendido a otro cliente que paga más rápido o lo encarga pagando por anticipado.

La inexperiencia en compra de material y no saber elegir a los proveedores mas adecuados, ha producido la compra de material defectuoso, su devolución y que los correctos lleguen tarde al usuario. Por otro lado la poca agilidad en los trámites de importación en la aduana o el paso por almacenes intermedios ha retrasado todo el proceso, sin mencionar la inmovilización de equipos y material comprado de forma privada o por las autonomías.

En consecuencia, los retrasos producidos han ocasionado más contagios en la población y en el personal sanitario y más desgracias. La centralización del sistema en lugar de resolver, ha agudizado el problema. Ante la ineficacia del Gobierno central, las autonomías, ayuntamientos, hospitales, empresas y particulares han intentado eludir el monopolio estatal y se han lanzado a la compra de material con sus propios medios eludiendo en lo posible su control.

Sin embargo, el resto de bienes de consumo no centralizados ni controlados por el Gobierno no ha tenido problemas de abastecimiento y no falta de nada. Si el Gobierno centralizara la producción y suministro de alimentos, en pocos días estaríamos haciendo cola con la cartilla de racionamiento en la mano. El mercado se adapta de forma natural y armoniosa a la demanda, por ello todo lo que sea dirigirlo lo descontrola.

Otro error del Gobierno ha sido clasificar ciertos negocios o sectores económicos en «esenciales» y «no esenciales», impidiendo o restringiendo la actividad de estos últimos. Bares, restaurantes y hoteles no son esenciales, pero los camioneros y otras personas que residen permanentemente en hoteles no opinan lo mismo. Las ferreterías no son esenciales, pero los albañiles, fontaneros y tantos profesionales y particulares las necesitan. Los talleres de vehículos no son esenciales, pero ambulancias, coches de la policía, vehículos de reparto y logísticos y miles de vehículos particulares pueden tener una avería y así podemos continuar con un largo etcétera.

La sociedad es un sistema sumamente complejo cuyos integrantes necesitan libertad de acción para tomar sus propias decisiones. Por tanto, establecer diferencia entre bienes, negocios o sectores económicos no solo es un acto arbitrario, subjetivo y seguramente erróneo, sino inútil y confuso. El sistema económico es ínter-dependiente y no se puede bloquear una parte sin dañar a todo el conjunto.

Finalmente, la economía no puede mejorar mediante un decreto cuya finalidad es mantener el empleo coaccionando a los empresarios para que opten por un ERTE, en lugar de un ERE, el Decreto dice: “La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en el Real Decreto-ley no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.

Ante esa situación, ¿qué opciones tiene el empresario?. Veamos, ¿ceder al Decreto y pagar los despidos encarecidos con peligro de cierre?; o ¿hacer un ERTE, reanudar la actividad y aguantar seis meses, para finalmente hacer un ERE por causas objetivas y cerrar? o ¿realizar acuerdos privados con los empleados? o acaso ¿ cerrar directamente y concurso de acreedores?. Ninguna parece buena alternativa.

En definitiva, no es posible «proteger» el empleo, desprotegiendo a la vez a quienes lo crean. El Gobierno exhibe una excesiva confianza en los decretos, en el papel que lo aguanta todo, sin reparar que el Boletín Oficial del Estado no obra milagros. «Proteger» el empleo vía decreto y el BOE solo ocasionará más quiebras y mayor desempleo.

Parece por tanto que la única opción viable pasa por respetar la propiedad privada y la libertad del empresario para determinar la organización interna y el funcionamiento de su empresa. El mejor que nadie lo sabe y nadie cuida mas de su empresa que el empresario.

Si el Gobierno pretende dirigir la sociedad a golpe de decreto, se enfrenta a una misión imposible pues no dispone, ni puede disponer, de la información necesaria para dirigir todos los procesos de coordinación social. El confinamiento forzoso y el cierre casi total de la economía han sido tan innecesarios como detrimentales. Lo correcto hubiera sido tratar de conjugar “salud, seguridad, libertad y economía”. La imposición de restricciones a los individuos solo ha deteriorado aún mas la situación y el Gobierno ha esgrimido dos falsos dilemas –seguridad vs libertad– y –esencial vs no esencial-.

Las prohibiciones, restricciones y servidumbres, más propias de un estado de excepción, han causado una parálisis social y económica de enormes proporciones. El cúmulo de errores cometidos por el Gobierno ha sido de gran amplitud y calado, esperemos que la intención haya sido buena aunque el resultado no lo ha sido.

En definitiva, una correcta gestión de la crisis sanitaria no debe bloquear la libre acción del individuo, la función empresarial, ni el orden social, por el contrario, debe facilitar su libre y natural adaptación a las exigencias de la pandemia. Así lo han hecho, junto a una anticipación responsable algunas democracias occidentales y no les ha ido nada mal.

Resumiendo, la correcta gestión de una pandemia debe ser anticipatoria, técnicamente acertada, flexible, gradual y cuidando la economía. La falta de anticipación y la gestión reactiva de la crisis, ha desembocado en una mezcla de improvisación, desorganización y autoritarismo, nada alentador.

Luis Feliu Bernárdez