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Debemos recordar, ante todo, la situación de partida para que pudiera ser abordada aquella Transición; sobre todo algunos de los monumentales errores políticos cuando fue iniciada:
-Toda la llamada “oposición tolerada” durante el franquismo, así como todas las izquierdas de dentro y fuera de España, vieron a los asesinos de ETA a partir de 1960 como la punta de lanza de unos valientes muchachos vascos que se enfrentaban a tiros contra aquel régimen autoritario. Moralmente los apoyaban con entusiasmo.
-Todos los políticos de todas las tendencias milagrosamente comprendieron –salvo el PSOE que era el que más reticencias planteaba- que tenían que “reconciliarse”, ellos, no los españoles de a pie reconciliados desde hacía lustros, para abordar el paso de un régimen autoritario a otro democrático. Pero esa reconciliación –el famoso “consenso”- sólo duró escasamente dos años. De 1977 a 1979. Y en mi opinión, la Transición no había acabado.
-La presión para alcanzar ese consenso entre políticos provino, fundamentalmente, del pueblo español, de la gran masa de las clases medias creadas durante el franquismo que deseaba un cambo político sin revoluciones, sin traumas, tranquilo y pacífico.
-En 1976 todos los políticos, repito, todos los políticos de todos los partidos –excepto los de Alianza Popular de Fraga Iribarne- deseaban reivindicar no sólo la memoria, sino la presencia activísima en la vida política española, de los entonces denominados “nacionalistas moderados” –vascos, catalanes y gallegos, en principio- para resarcirles de la “tremenda”, “sangrienta” y “cruel” represión franquista contra ellos. ¡Los pobres! ¡Cómo fue posible que Franco no permitiera que se le subieran a las barbas para proclamar libremente su deseo de descuartizar España!
Éstas fueron las bases generales de partida para abordar la Transición cuyo ejecutor era Adolfo Suárez –elegido por el Rey-, actuando bajo la batuta del cerebro de la operación que era Torcuato Fernández Miranda.
En relación con la última de esas bases todos los políticos se creyeron del PNV “un relato que resultaba verosímil aunque fuera en realidad más falso que un Rolex de hojalata… Venía a decir que el régimen franquista había sometido a los vascos a una opresión intolerable, prohibiendo el uso de la lengua, escarneciendo su cultura y favoreciendo la emigración hacia la industriosa Vasconia de campesinos empobrecidos de otras regiones con el sólo fin de españolizar el territorio. ETA había surgido como reacción a aquella tiranía vergonzosa para luchar por la democracia y la libertad… Todo mentira, por supuesto. No se prohibió el uso del vascuence, la cultura vernácula siguió activa… El relato caló porque el antifranquismo de masas –fenómeno posterior a la muerte de Franco- estaba dispuesto a tragar lo que hiciera falta para lograr el cambio político”. Esto lo escribió un vasco, Jon Juaristi, reconocido antifranquista, en “ABC” el 31 de marzo de 2013.
Después de las primeras elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977 y elegida “provisionalmente” una Ley Electoral para ellas, la Ley D’Hont, que primaba a los grandes partidos y a los minoritarios del nacionalismo, se abordó la elaboración de la Constitución. Fueron elegidos siete ponentes para redactar un borrador: Pérez Llorca, Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros por UCD, Peces-Barba por PSOE; el comunista catalán Solé Turá, Manuel Fraga representando a AP y Miguel Roca por los nacionalistas catalanes. Los “nacionalistas moderados” vascos no quisieron estar en la ponencia; no querían saber nada de Constituciones españolas.
Pronto llego el primer escollo en la elaboración. Si se admitía en el texto la palabra “nacionalidades” (equivalente a nación). Fraga se negó y UCD la aceptó si en el artículo 2 se admitía que “España es patria común e indivisible de todos los españoles”. Roca, apoyado por el comunista y el socialista, se salió con la suya. El contrasentido en este artículo es evidente. El de la “patria común e indivisible” con el de las “nacionalidades” (nación de naciones) de nacionalistas, socialistas y comunistas. Y ahí se quedó.
Cuando estos ponentes iniciaron en agosto de 1977 la elaboración del borrador de la Constitución, por decisión del Rey los masones pudieron reanudar sus actividades en España. Y reiniciaron sin cortapisas sus tenidas secretas. En agradecimiento, contribuyeron de forma decisiva a que SM gozara de un excelente cartel tanto dentro como fuera de nuestro país. Y hay quienes aseguran que el marxismo activo o encubierto en España está potenciado por “un recubrimiento masónico característico español”.
La velocidad de vértigo con la que Suárez, con el respaldo del Rey, se empeñó en construir otra España en sólo dos o tres años le llevó al disparate de crear preautonomías antes de que hubiera Constitución. En septiembre del 77, por Decreto, se autorizó la de Cataluña pues, con ello “no se prejuzga ni condiciona el contenido de la futura Constitución”. Es decir, se ponía el carro delante de los bueyes. Sin ni siquiera existir tampoco Tribunal Constitucional. Y todo ello como consecuencia de la presión de los “nacionalistas moderados”, como Pujol, sobre el gobierno de UCD. Como es natural, el Consejo General del País Vasco, presidido entonces por Ramón Rubial, exigió exactamente lo mismo. De modo que se autorizó la creación de la Generalidad catalana mientras que Pujol se encargó de formar la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña para elaborar a toda velocidad el Estatuto de Autonomía catalán.
Mientras tanto, la situación socioeconómica española iba de mal en peor. En el verano del 77 la inflación llegó al 44,7% (30 puntos más que Europa Occidental), que podía llegar al 80% a final de año. El paro era ya de 900.000 trabajadores. Los españoles no podían comer sólo de la política. A muchos de ellos se les estaba indigestando. El PIB crecía por debajo del 2%. Y si en 1975 nuestra convergencia con la media de la CEE era del 82%, ahora, dos años después, había retrocedido al 74%. Por tanto, era necesario concertar acuerdos para enderezar este desastre. Por eso, el 8 de octubre las fuerzas políticas se reunieron en la Moncloa para iniciar los llamados “Pactos de La Moncloa”. Para algunos historiadores y comentaristas aquellos Pactos fueron más unos Juegos Florales que unos acuerdos serios para acabar con los problemas de toda índole que se habían suscitado desde las elecciones generales del mes de junio.
Es cierto que la economía mejoró (al final de año la inflación bajó al 22%) y las huelgas salvajes remitieron como consecuencia de que PCE y PSOE reprimieron a sus sindicatos –CCOO y UGT- para limitar sus actuaciones decimonónicas. Según Fernández de la Mora (de AP), con el vicepresidente para Asuntos Económicos, Fuentes Quintana, comenzó en España “la más acelerada escalada fiscal de la Historia de España y de la Europa contemporánea”. Acelerada más aún por la posterior de Francisco Fernández Ordóñez (de UCD, que después se pasó al PSOE).
Pero el panorama político iba a peor como consecuencia del bestial terrorismo de ETA y de la inestabilidad política que era palpable con una UCD titubeante y un PSOE cada vez más fuerte, dispuesto a ganar el poder lo antes posible.
Estos hechos iban conformando una Transición para muchos modélica y para otros muchos mitificada excesivamente. Lo importante es ver, queridos amigos, cuáles fueron siendo los comportamientos de los diferentes políticos para comprender la situación política española en este año de 2019.
Sobre todo tras las elecciones generales del 28 de abril y el triunfo del PSOE de Sánchez. Una tercera “pasada por la izquierda” de imprevisibles consecuencias PARA TODOS.
Un abrazo,
Enrique Domínguez Martínez Campos
Coronel de Infantería DEM (R)