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Al morir Francisco Franco en 1975 Juan Carlos (como Rey con las legitimidades franquista y dinástica) heredó todos los poderes del régimen autoritario, pero decidió iniciar una Transición a un sistema democrático (con sus colaboradores políticos Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez y otros) que se plasmó en una pre-Constitución, la Ley para la Reforma Política de 1976, y finalmente, tras las elecciones de 1977, en la Constitución de 1978.
Del mismo modo, al morir Fernando VII en 1833 su esposa María Cristina heredó (como Reina Gobernadora y Regente por la minoría de edad de su hija Isabel) todos los poderes del régimen absolutista, pero decidió iniciar una Transición a un sistema liberal (con sus colaboradores políticos Francisco Cea Bermúdez, Francisco Martínez de la Rosa y otros) que se plasmaría en una pre-Constitución, el Estatuto Real de 1834, y finalmente, tras las elecciones de 1836, en la Constitución de 1837.
La vida privada de María Cristina al quedar viuda, de pronto enamoramiento y matrimonio con el oficial de su escolta Fernando Muñoz, conteniendo detalles presuntamente inapropiados –como más tarde la vida privada de Juan Carlos I–, ha sido objeto de rumores o relatos inexactos, exagerados, y a veces injustos (véase, por ejemplo, el artículo reciente de César Cervera, “La escandalosa historia de amor…”, ABC, 7 de Febrero de 2022).
Pero la historiografía del liberalismo y constitucionalismo español (L. Díez del Corral, L. Sánchez Agesta, D. Sevilla Andrés, J. Tomás Villarroya, etc.) ha valorado muy positivamente la Regencia de María Cristina, promoviendo cambios legales y políticos con el concurso de personalidades destacadas en el pensamiento político español (fundamentalmente liberales doctrinarios y conservadores como Francisco Martínez de la Rosa, Juan Donoso Cortés, y Nicomedes Pastor Díaz) y otros líderes del partido Moderado. Partido también denominado otras veces Conservador o Monárquico-Constitucional.
Asimismo, la historiografía política reciente (véase el folleto de J. Aróstegui et al., La Regencia de María Cristina, Cuadernos-historia 16, Madrid, 1985) ha sentado las bases para una revisión objetiva del período. El autor mencionado ha subrayado: “María Cristina de Borbón desempeñó ya en vida de su esposo un papel personal desde 1832 (…) El período entre 1832 y 1836 tiene como hito fundamental el establecimiento de un auténtico régimen de transición representado por el Estatuto Real de 1834, obra del primer ministro Martínez de la Rosa.” (J. Aróstegui, “De la transición a la revolución”, ob. cit., pp. 6 y 9).
La Reina Gobernadora representó un papel tutelar y moderador de carácter liberal y parlamentario entre los extremos del Tradicionalismo absolutista del carlismo (representado por el pretendiente Carlos María Isidro de Borbón) y el Progresismo radical (representado por el general Baldomero Fernández Espartero), fenómenos políticos opuestos pero con un sesgo común en ambos casos de talante cesarista y de violencia militar, y por tanto anti-liberales y anti-parlamentarios. María Cristina tuvo que ejercer la Regencia con el trasfondo de una guerra civil, la primera Guerra Carlista, entre 1833 y 1839 (es inevitable pensar en el paralelismo histórico: los antecedentes carlistas de Batasuna/Bildu, como éstos hoy intentando deslegitimar la necesaria y conveniente Transición política).
La Regencia de María Cristina transcurre en un contexto internacional de sintonía con monarquías sustentadas en el liberalismo moderado de la Inglaterra victoriana, la Francia de Luis Felipe, Bélgica independiente, e incluso Portugal tras su propia guerra civil y derrota del miguelismo (equivalente a nuestro carlismo).
Sánchez Agesta sostiene con razón que el Estatuto Real no fue una carta otorgada, citando a su autor y primer ministro, Martínez de la Rosa: “No es gracia de la Corona, sino un derecho de la Nación que se restablece”. Pensamiento que enlazaba con Jovellanos y otros autores (Montesquieu, Constant, Bentham y los doctrinarios franceses). Otro ministro clave de la Regencia, Javier de Burgos, consideraba al Estatuto como “una especie de constitución” que generaría un sistema político de transición (v. J. Tomás Villarroya, El sistema político del Estatuto Real, 1834-1836, Madrid, 1968).
A los moderados les sucederán los progresistas, que impulsaron la desamortización y otras reformas, y que gobernarán con la breve “restauración” de la Constitución de 1812, tras el motín de los sargentos en La Granja en 1836. Finalmente se adoptará una nueva Constitución en 1837, profundizando en el establecimiento de la Monarquía parlamentaria, de Cortes bicamerales (Senado y Congreso de diputados) y Gobierno responsable, al tiempo que se consolida un sistema bipartidista liberal (de conservadores y progresistas).
La Reina Gobernadora se resistirá a aceptar las presiones pretorianas, pero en 1840 se verá obligada a ceder la Regencia al progresista y cesarista general Espartero.
Su importante legado histórico fue abandonar definitivamente la Monarquía Absoluta en favor de una Monarquía Constitucional, parlamentaria y liberal, generando por primera vez en España una cultura de política y gobierno civiles. La Transición política que significó la Regencia y el Estatuto Real tuvo una gran carga simbólica con la abolición definitiva de la Inquisición el 15 de Julio de 1834.
Manuel Pastor Martínez
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