Naturalmente me refiero al “derecho a decidir” unilateralmente de una parte –grande o pequeña– dentro del todo nacional legítima y legalmente existente. ¿Cuántos de nuestros catedráticos y académicos lo defienden o lo han defendido hasta hace poco? Tengo en mente bastantes, porque sus posiciones son públicas y notorias. Un ejemplo, Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, quien frustrado por los resultados de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, en un programa especial de la televisión pública española lamentaba que no se organizara bien un referéndum o el derecho a decidir (y en la misma o parecida línea mis colegas catalanes catedráticos de Ciencia Política Josep María Vallés, Ferrán Requejo, Vicenç Navarro, Joan Botella, Joan Subirats… a quienes, por cierto, personalmente voté en sus respectivas oposiciones a cátedra o titularidad universitarias en un época menos turbulenta).
Otro ejemplo más sorprendente, Ramón Cotarelo, colega catedrático de Ciencia Política y uno de los “pontífices” en este área universitaria, es autor de un libro reciente, La República Catalana, en el que se suma a las demandas de los independentistas, de las CUP o de ERC.
Carreras es catalán, vástago de una familia de la burguesía vinculada a la antigua Liga de Cambó. Cotarelo, aunque madrileño de familia comunista, ahora se ha convertido en “charnego voluntario” e independentista, siempre dispuesto a apuntarse a un bombardeo para llamar la atención o satisfacer sus pulsiones ácratas. Ambos tuvieron en su juventud simpatías comunistas, en el PSUC el primero, y en alguna secta escindida del PCE el segundo. Probablemente en sendas organizaciones mamaron las famosas tesis de Stalin en 1913 sobre la “autodeterminación” de las nacionalidades que tanto impresionarían al propio Lenin, como documenta Simon S. Montefiore en su biografía Young Stalin (Knopf, New York, 2007).
Simétricamente, Wilson y las potencias occidentales enarbolaron cínicamente desde 1917 la idea de la “autodeterminación” de las naciones, no precisamente por razones altruistas, generando un caos global y provocando la guerra, la revolución y el triunfo del comunismo como ha relatado bien recientemente Arthur Herman en su ensayo histórico 1917: Lenin, Wilson, and the Birth of the New World Disorder (Harper, New York, 2017). Véanse en esta misma línea mis ensayos “Stalin versus Lincoln. Sobre el derecho de autodeterminación” (Kosmos-Polis, Diciembre 1914), y “Legalidad, Legitimidad, y Autodeterminación” (La Crítica, Abril 2017).
He tratado de explicar que existe un precedente muy anterior, a mediados del siglo XIX en la historia política y constitucional de los Estados Unidos, que desembocó trágicamente en una sangrienta Guerra Civil. Ninguno de nuestros académicos lo invocan, supongo que por desconocimiento, o por alergia y pereza intelectual anti-americanista.
El problema se planteó y se resolvió en un proceso brevísimo de tres lustros, entre 1850-1865, en que se experimentó dramáticamente –y con trágicas consecuencias– el “derecho a decidir”.
Primer acto: En 1850 se publica la obra de Thomas L. Kane, The Mormons (Historical Society of Pennsylvania, Philadelphia, 1850), apologética de la secta y a favor de la máxima autonomía o autodeterminación del autoproclamado State of Deseret de los mormones en Utah, con aspiraciones expansionistas en California, Nevada, Colorado, Arizona y otros territorios vecinos, bajo el liderazgo de Brigham Young. En 1852 aparece otro estudio más profundo y crítico, de John W. Gunnison, The Mormons, or Latter-Day Saints, In the Valley of The Great Salt Lake: A History… (Lippincort, Grambo & Co., Philadelphia, 1852).
Kane y Gunnison eran oficiales militares, miembros de expediciones exploradoras del Oeste. Kane, aparentemente convertido al mormonismo, será el principal “lobbista” del Estado mormón en Washington DC, mientras que Gunnison, aun dedicando un capítulo final en su libro titulado “Self-Government” a favor de su aplicación en Utah, su denuncia de la poligamia y otras características de la “teocracia autoritaria y colectivista” le costó la vida, asesinado presuntamente por orden de las autoridades mormonas. La tensión con el Gobierno federal de los Estados Unidos alcanzó su punto máximo con la masacre de 140 colonos (hombres, mujeres y niños) que viajaban en caravana hacia California en Mountain Meadows en Septiembre de 1857, que sumada a la represión contra otros “gentiles” y disidentes obligó a una intervención militar en lo que se ha llamado la Guerra de Utah, antes y después de la masacre (véase la última obra importante sobre el incidente y su contexto: Sally Denton, American Massacre. The Tragedy at Mountain Meadows, September 1857, Knopf, New York, 2003).
Segundo acto: Durante las elecciones intermedias para el Congreso en 1858 tuvieron lugar en Illinois los famosos siete debates públicos entre Abraham Lincoln (Republicano) y Stephen Douglas (Demócrata), candidatos rivales al puesto de senador federal del Estado. En mis ensayos antes mencionados y en otros he relatado las posiciones antagónicas, en las que Lincoln refutó filosófica y políticamente las tesis del “derecho a decidir” postuladas por Douglas, en las que se dirimía no solo el “autogobierno” de los Estados y territorios sino también la legalidad de la esclavitud en base a la “decisión democrática” en cada uno de ellos.
Tercer acto: Las elecciones presidenciales de 1860, con la victoria de Lincoln, van a provocar la Secesión escalonada de los Estados sureños partidarios de la esclavitud, lo que pronto degenerará en una sangrienta Guerra Civil (1861-65). Me he referido al proceso y sus consecuencias más extensamente en mi ensayo “Abraham Lincoln: la consolidación de una Nueva Nación” (La Ilustración Liberal, 39, Madrid, Primavera 2009) en el que destaco las tres rebeliones anti-constitucionales y anti-federales que confluyen en la crisis de la Guerra Civil: la de los Estados confederados en el Sur, la de los Sioux en el Norte, en el Estado de Minnesota, entre Agosto y Septiembre de 1862, con más de un millar de víctimas mortales (véase el último estudio importante: Jerry Keenan, The Great Sioux Uprising, Da Capo Press, Cambridge, MA, 2003), y la más larvada y finalmente contenida de los mormones en Utah. En los tres casos se invocaba un falaz “derecho a decidir”, llegando incluso al recurso de la violencia, que escondía otras motivaciones y causas (algunas, como las de los Sioux, en parte justificadas).
El trágico resultado de las tres rebeliones fue una cifra próxima a las 800.000 muertes, mas otra incalculable de heridos y lisiados físicos y mentales de por vida.
La experiencia de los Estados Unidos marcó el camino. El “derecho a decidir” es una gran falacia antidemocrática porque es anti-constitucional. Sin respeto a la Constitución, es decir, al Imperio de la Ley, no hay democracia sino pura demagogia totalitaria. Esta es la sencilla razón por la que tal derecho, también llamado de “autodeterminación”, no está contemplado en los sistemas constitucionales de las democracias liberales más consolidadas.
En España el independentismo secesionista de Cataluña es un ejemplo de ataque a la Constitución, y por tanto a la democracia. No es un simple delito por ideas, sino por actos, potencial y actualmente violentos –todo un Golpe de Estado a plazos y permanente– contra el orden constitucional legítimo vigente.
Lo triste y grave de la situación es que los múltiples delitos que conlleva –incluido el de prevaricación– son de doble sentido cuando son tolerados pasivamente por algunas instituciones del Estado (lo vengo advirtiendo desde mi artículo “La resistible ascensión de Artur Mas”, Kosmos-Polis, Enero 2014).
Todo ello deteriora al tan invocado Estado de Derecho, y en gran parte son responsables los políticos, catedráticos (¡gravísima responsabilidad de mis colegas catalanes!) y académicos, además de los abogados del Estado y jueces, que defienden, justifican, o hacen la vista gorda a la gran falacia y mentira antidemocrática del “derecho a decidir” con el consabido subterfugio del “diálogo”. Una mentira tóxica y un auténtico cáncer destructivo de la democracia liberal.
Si (
No(
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