LA DICTADURA DE LA PALABRA

El poder contemporáneo ha comprendido que quien consigue nombrar las cosas termina dominando la manera en que los demás las perciben. La construcción de un relato mediante la perversión del lenguaje.

La palabra nunca fue inocente. Con ella se fundaron religiones, se proclamaron leyes, se declararon guerras y se levantaron imperios. La diferencia reside en que durante siglos el lenguaje describía, justificaba o condenaba hechos que todos podían reconocer. Hoy, en cambio, aspira a crear los hechos mismos. No se limita a representar la realidad: pretende sustituirla. Una afirmación repetida desde el Gobierno, amplificada por los medios y difundida por las redes sociales puede acabar imponiéndose sobre la experiencia directa de millones de personas. Lo verdadero deja entonces de depender de su correspondencia con los hechos y pasa a depender de la intensidad con que se proclama, del número de veces que se repite y de la autoridad de quienes la difunden.

La «posverdad» no consiste únicamente en mentir. La mentira tradicional conserva, al menos, un respeto involuntario hacia la verdad, porque necesita ocultarla. La «posverdad» resulta más ambiciosa: disuelve la diferencia entre lo cierto y lo falso. Mezcla datos, emociones, medias verdades, silencios y consignas hasta producir un relato suficientemente confortable para que la sociedad lo acepte. Su fuerza no procede de la demostración, sino de la complacencia. Se cree aquello que confirma una identidad, justifica un deseo o concede un supuesto derecho. Las promesas políticas se convierten así en subastas electorales donde cada grupo recibe una oferta particular: una subvención, una excepción, una reparación histórica, un privilegio presentado como justicia o una ventaja disfrazada de conquista social.

La sociedad contemporánea no siempre exige que le digan la verdad. Con frecuencia reclama que le confirmen aquello que desea escuchar. La palabra política se adapta a esa demanda y transforma las aspiraciones individuales en derechos ilimitados, aunque su cumplimiento recaiga sobre el esfuerzo, la libertad o el patrimonio de otros. Se proclaman derechos sin deberes, libertades sin responsabilidad, igualdad sin mérito y solidaridad sin sacrificio personal. El ciudadano deja de ser considerado adulto y pasa a ser tratado como cliente de un Estado que promete protegerlo de toda frustración, resolver cualquier dificultad y convertir cada deseo en una obligación colectiva. En esa transformación, el lenguaje desempeña una función decisiva. Las palabras antiguas se conservan, pero su significado cambia. La libertad puede pasar a significar obediencia a la doctrina correcta; la tolerancia, aceptación obligatoria; la igualdad, imposición de resultados; la diversidad, uniformidad ideológica; el diálogo, sometimiento del discrepante; el progreso, destrucción de cualquier límite heredado; y la democracia, legitimación automática de cuanto decida una mayoría circunstancial o una minoría especialmente organizada. No se eliminan los conceptos: se vacían y se rellenan con un contenido distinto.

George Orwell comprendió que la degradación del lenguaje político no representa un defecto secundario de los regímenes autoritarios, sino una de sus principales armas. La lengua reducida, manipulada y vigilada limita también el pensamiento. Cuando desaparece la palabra capaz de expresar una idea, esa idea se vuelve difícil de formular y termina pareciendo inconcebible. La neolengua imaginada en 1984 no aspiraba solamente a prohibir opiniones; pretendía hacerlas mentalmente imposibles. El poder perfecto no necesita perseguir todos los pensamientos contrarios: le basta con destruir las palabras necesarias para pensarlos. Victor Klemperer observó un proceso semejante al estudiar el lenguaje del nacionalsocialismo. Las palabras repetidas penetraban en la vida cotidiana, contaminaban el juicio y acababan pensando por quienes las utilizaban. El totalitarismo no se limitaba a emitir órdenes. Introducía fórmulas, adjetivos y expresiones aparentemente insignificantes que modificaban poco a poco la percepción moral de la población. Antes de que una sociedad acepte la persecución de un grupo, debe aprender a denominarlo de una manera que lo prive de su individualidad, de su dignidad o de su derecho a ser escuchado.

También los sistemas democráticos pueden caer en esa tentación, aunque utilicen procedimientos menos brutales. La censura moderna rara vez se presenta como censura. Se llama protección frente al bulo, convivencia, seguridad, sensibilidad, verificación o lucha contra el odio. El problema no se encuentra en combatir la calumnia, la amenaza o la violencia, conductas que el Derecho ya puede sancionar, sino en conceder al poder la capacidad de determinar qué opiniones resultan moralmente admisibles y cuáles deben ser expulsadas del espacio público. El nuevo censor no se reconoce a sí mismo como tal. Se considera educador de una sociedad inmadura. No prohíbe —afirma—, sino que corrige; no silencia, protege; no manipula, contextualiza. Sin embargo, el resultado puede ser el mismo: la palabra autorizada ocupa todo el espacio y la discrepancia queda reducida a sospecha. Quien discute un dogma oficial no es simplemente alguien equivocado, sino un individuo peligroso, insolidario, reaccionario, negacionista o enemigo de algún colectivo. La argumentación se sustituye por la etiqueta. Una vez colocado el adversario dentro de una categoría infamante, ya no resulta necesario responder a sus razones.

Esta técnica empobrece el debate y destruye la posibilidad misma de una conversación pública tal como es su finalidad. Las palabras dejan de ser puentes entre inteligencias distintas y se convierten en armas arrojadizas. No se escucha para comprender, sino para descubrir una expresión que permita acusar. La frase se separa de su contexto, se difunde en las redes, se somete al juicio instantáneo de la multitud y puede arruinar en pocas horas una reputación construida durante años. La plaza pública digital no busca siempre la verdad; busca con frecuencia un culpable. A esta degradación contribuye la velocidad. La palabra escrita poseía en otros tiempos una cierta gravedad. Exigía reflexión, corrección y responsabilidad. Hoy, millones de mensajes circulan sin reposo, compiten por llamar la atención y desaparecen antes de haber sido comprendidos. La brevedad favorece la consigna; la indignación asegura la difusión; el matiz reduce el impacto. Una falsedad sencilla viaja más deprisa que una verdad compleja, porque la primera cabe en un titular mientras la segunda requiere explicación.

La repetición termina por otorgar apariencia de evidencia a lo que nunca fue demostrado. Las mismas expresiones pasan del discurso político a los informativos, de estos a las tertulias y de las tertulias a la conversación cotidiana. El ciudadano cree llegar por sí mismo a una conclusión que en realidad, recibió formulada desde el exterior. La propaganda más eficaz no obliga a repetir una consigna: consigue que cada persona la pronuncie convencida de que expresa un pensamiento propio. Hannah Arendt advirtió sobre el daño que la mentira organizada causa a una sociedad. Cuando los hechos se sustituyen continuamente por relatos, el ciudadano no termina creyendo de manera estable una falsedad concreta; acaba desconfiando de todo. Esa desconfianza general beneficia al poder, porque un pueblo que ya no distingue la verdad de la mentira pierde también la capacidad de juzgar. Si todo parece propaganda, ninguna denuncia resulta concluyente y ningún escándalo conserva fuerza suficiente para provocar una reacción.

La perversión del lenguaje sirve además para diluir las responsabilidades. Los errores se denominan incidencias; los fracasos, cambios de escenario; los recortes, ajustes; la propaganda, comunicación institucional; la cesión, diálogo; el privilegio, reconocimiento; la arbitrariedad, interpretación flexible; y el incumplimiento de una promesa, adaptación a las circunstancias. La burocracia política ha perfeccionado el arte de construir frases donde ocurren cosas sin que nadie las haga. Se adoptaron decisiones, se produjeron fallos, surgieron irregularidades. El sujeto desaparece y con él se desvanece el culpable.

La defensa de la libertad no exige conservar intacta cada palabra del pasado, sino impedir que el poder se apropie de su significado. Exige llamar a los hechos por su nombre, recuperar la relación entre las palabras y la realidad y desconfiar de cuantos pretenden imponer un vocabulario obligatorio. El ciudadano libre debe conservar el derecho a preguntar qué significa exactamente una expresión, qué realidad oculta, a quién beneficia y qué consecuencias produce.

La dictadura de la palabra comienza cuando solo una manera de hablar permite seguir perteneciendo al espacio público. Empieza cuando el miedo a ser señalado obliga a callar una duda, ocultar una convicción o fingir una adhesión. Se consolida cuando las palabras ya no sirven para buscar la verdad, sino para demostrar obediencia. La espada sometía el cuerpo y dejaba, a veces, libre la conciencia. La palabra pervertida aspira a una victoria más profunda: conseguir que el individuo adopte como propias las categorías de quien lo domina. Por eso, frente a la amalgama de verdades, mentiras, emociones y falsos derechos vendidos en las subastas electorales, la resistencia más urgente consiste en devolver a las palabras su dignidad y su verdadera acepción.