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La gravedad de lo que está ocurriendo en España ya no admite eufemismos. El Gobierno ha decidido situarse frente al Poder Judicial, no como garante del equilibrio institucional, sino como su adversario. Ha cerrado filas contra la Justicia, la presiona desde La Moncloa y actúa como si la separación de poderes fuese un obstáculo para su propia supervivencia política. No estamos ante una controversia jurídica más ni ante una refriega partidista habitual. Estamos ante una reacción de poder: cuando se siente sometido a control, desacredita al controlador.
Conviene ser rigurosos: procesamiento no equivale a condena. Pero sería igualmente deshonesto rebajar su alcance político. Cuando el entorno más inmediato del jefe del Ejecutivo queda a un paso del juicio por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, el problema deja de ser privado o coyuntural y pasa a convertirse en una cuestión de credibilidad institucional, dentro y fuera de España. La dimensión del caso por su proximidad al núcleo del poder, obliga a una respuesta política basada en la prudencia, la transparencia y el respeto escrupuloso a los procedimientos judiciales.
Sin embargo, lo más inquietante no es solo el procedimiento, sino la reacción del poder. Pedro Sánchez desde Pekín, defendió la inocencia de su esposa y pidió a la justicia que «haga justicia», mientras desde el propio Ejecutivo se cuestionaba abiertamente la actuación del juez instructor. La respuesta de asociaciones judiciales fue inmediata: recordaron que las resoluciones se combaten por cauces legales, no mediante presión pública ni deslegitimación del órgano que investiga. Esa secuencia resume con claridad el momento español: un Ejecutivo incómodo con el control judicial y una judicatura que denuncia interferencias políticas.
Escribí en su día un artículo publicado en LA CRÍTICA «La Justicia, escudo de la democracia»; hoy esa afirmación adquiere un sentido aún más preciso. Porque cuando el Ejecutivo intenta convertir al juez en sospechoso por investigar, lo que se erosiona no es solo una causa concreta, sino el propio límite del poder. Una Justicia independiente constituye el último dique frente a la arbitrariedad. Y precisamente por eso resulta incómoda para quien pretende gobernar sin contrapesos efectivos. Cuando el Gobierno deja de comportarse como custodio del equilibrio constitucional y empieza a tratar al Poder Judicial como adversario, revela una concepción del poder que se aleja del servicio público y se acerca peligrosamente a la lógica de autoprotección.
Hay además una coincidencia cargada de simbolismo que no debería pasar inadvertida. El ataque político a un juez se produce el 14 de abril, fecha inseparable de la proclamación de la Segunda República en 1931, mientras el presidente del Gobierno comparece en la China comunista bajo la consigna de estar «en el lado correcto de la historia», fórmula pronunciada por Xi Jinping al situar a España y a China en ese supuesto lado correcto y emplazar a rechazar la «ley de la selva». No se trata de establecer paralelismos simplistas ni de forzar analogías históricas, pero sí de reconocer una imagen reveladora del clima político: grandilocuencia moral en el exterior y tensión institucional en el interior, o quizá un guiño evocador a la efeméride. Resulta que la coincidencia remite a una jornada cargada de memoria política, de promesa y también de fractura potencial. Y en ese contexto este 14 de abril adquiere un significado que trasciende lo anecdótico y apunta a una determinada forma de entender el ejercicio del poder.
Lo decisivo es esto: el Gobierno no parece haber asumido que la primera obligación de un Ejecutivo democrático, cuando una investigación judicial afecta a su entorno más sensible, no es defenderse a cualquier precio, sino preservar el marco institucional que hace posible esa defensa. No es embarrar el terreno, sino respetarlo. No es insinuar intenciones ocultas en el juez, sino someterse al cauce legal.
No estamos además, ante una percepción aislada ni exclusivamente nacional. Las instituciones europeas llevan tiempo señalando que España arrastra carencias en materia de Estado de Derecho. La Comisión Europea ha insistido en la necesidad de reforzar la independencia judicial y adecuar los sistemas de nombramiento a estándares comunitarios, mientras que el GRECO ha advertido de deficiencias en los mecanismos de prevención de la corrupción en las más altas instancias del Ejecutivo. Estas advertencias no responden a coyunturas partidistas, sino a evaluaciones técnicas y reiteradas.
Por ello, el problema español ha dejado de ser una cuestión doméstica. Se ha convertido en una preocupación europea. Europa debe exigir a España los mismos estándares que reclama a otros Estados miembros, porque la credibilidad del proyecto común depende de la coherencia en la defensa del Estado de Derecho. No puede haber indulgencia selectiva sin que se resienta la autoridad moral de las instituciones europeas.
Tampoco basta la prudencia de los partidos democráticos ni la resignación de la sociedad. La normalización del deterioro institucional constituye siempre el mayor triunfo del poder abusivo. Las democracias no suelen quebrarse de forma abrupta; se erosionan lentamente cuando los ciudadanos interiorizan que el abuso carece de consecuencias, que la exigencia de ejemplaridad es inútil y que los contrapesos son prescindibles. Esa habituación es profundamente corrosiva porque convierte lo excepcional en cotidiano y lo inaceptable en tolerable.
La responsabilidad por tanto, no es solo institucional, sino también cívica. Exigir respeto a la separación de poderes no es una posición partidista, sino una condición mínima de cualquier democracia funcional. Cuando el control judicial es presentado como una agresión política y la investigación como una conspiración, lo que se está debilitando no es un Gobierno concreto, sino la confianza de los ciudadanos en el sistema que les protege.
Y llegado a este punto, conviene decirlo sin rodeos. No se está discutiendo una causa judicial, sino el límite mismo del poder. No se está cuestionando a un juez, sino el principio de que nadie —tampoco quien gobierna— está por encima de la ley. Cuando un Ejecutivo responde al control desacreditando al controlador, deja de defenderse y empieza a erosionar el terreno común de todos.
No debería suceder. No en una democracia europea madura. No en un Estado que presume de instituciones sólidas. Pero está sucediendo. Y precisamente por eso exige una reacción proporcional, firme y consciente. Porque la Justicia deja de ser eficaz en el mismo momento en que el poder deja de respetarla. Y cuando el poder ya no respeta la Justicia, deja de respetar también el límite que la ley impone. En ese punto, lo que se pierde no es una causa ni una legislatura: es la garantía última de los ciudadanos frente al abuso. Y esa es una pérdida que ninguna sociedad democrática puede permitirse.
Iñigo Castellano y Barón
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