La Generalidad prepara expertos para organizar referéndum.
El Constitucional confirma en plan rodillo la ley de educación de Celaá y la de eutanasia.
España negocia con Marruecos la cesión del control del espacio aéreo del Sahara.
El Tribunal Supremo da la razón al coronel Pérez de los Cobos al haber sido destituido ilegalmente, por no querer dar cuenta de la investigación qua la juez estaba realizando -no se lo permitía la ley-, y donde quedaba clara la responsabilidad del Gobierno pues conocía la gravedad de la pandemia mucho antes de la manifestación del 8 de marzo de 2020, y querer esperar a tomar medidas hasta que transcurriera dicha manifestación. El ministro no dimite y además se parapeta en el caso Cuarteles.
La eurodiputada Clara Ponsatí, prófuga de la justicia por el golpe de estado de las instituciones catalanas, detenida al volver a España y no entregarse, pero quedando libre cinco horas más tarde por haberse eliminado el delito de sedición. El presidente de la Generalidad se permite decir, jactándose, que gracias a la negociación con el Gobierno se ha logrado ello.
Un informe independiente encargado por el Parlamento Europeo demuestra la utilización política de la universidad catalana destacando la oposición de las universidades a impartir al menos un 25% de las asignaturas en español.
Correos un ejemplo de caos, pérdidas millonarias y además reparte bonus por resultados pese a perder 200 millones en el 22. Mientras esto es así el jefe del Gobierno se permite criticar a las empresas con los resultados y admite insultos de su gobierno a las mismas.
Impagos del Estado a empresas con laudo favorable por importe de 2000 millones por los recortes y pérdidas de las plantas renovables ponen en riesgo el embargo de los Falcon del Gobierno, edificios públicos u obras de arte españolas en el extranjero. Las ayudas en el campo ridículas y no compensan en nada la elevación de costes.
Se extirpa su nombre a las familias numerosas, ideologizando su contenido, pretendiendo destruir su concepción natural.
El Consejo de Estado pide “más rigor” al Gobierno en sus leyes.
La Airef advierte de que la reforma de las pensiones disparará el gasto público y enmienda dicha reforma. Europa no la puede avalar aún.
El juez ordena a la UDEF un informe para investigar posible blanqueamiento de capitales en ramificaciones de sociedades de la familia de Gámez, ya exdirectora de la Guardia Civil.
Compra de pozos secos y caudalímetros con un mil cien por ciento de sobre coste en Castilla la Mancha.
Finalizada la entrega de terroristas al País Vasco, en una ignominia incalificable y jactándose de ello encantado y “con alegría contenida” el condenado por terrorismo y jefe del partido, con el que pacta este presidente de Gobierno, envileciendo así hasta el infinito un comportamiento execrable.
Todo lo anterior es mínima parte de los hechos ocurridos en los últimos ocho o diez días. Parece una broma de muy mal gusto, pero es la realidad. Hechos, como vengo repitiendo semanalmente, que en cualquier nación supondrían dimisiones inapelables y desde luego muchos de ellos, también caídas absolutamente justificadas del Gobierno.
Cualquiera que no sepa lo que ocurre en España no podría creer la décima parte de lo que describo y con seguridad podría decir que en su país jamás podría siquiera imaginarse tantos hechos antidemocráticos en solo una semana.
Tenemos un Gobierno que ha superado líneas que serían infranqueables en una democracia europea y son tantos los hechos de escándalo rodeados de un auténtico paraguas de impunidad que desborda todo lo imaginable.
Un Gobierno que pervierte las razones y los comportamientos éticos más indispensables, que se ríe de los españoles, que se ríe de sentencias tan gravísimas como la que hoy nos enteramos más en profundidad, dando la razón plena al coronel Pérez de los Cobos, y dando a entender el propio ministro que no respeta al Tribunal Supremo. Similar a la forma de reírse de quien está sentenciada también esta semana en Cataluña, anterior presidenta del parlamento catalán, y que no reconoce abiertamente a la Justicia.
Todo esto amparado por un presidente de Gobierno que calla, otorga, confabula con golpistas y ha pervertido el respeto y la dignidad de los comportamientos esenciales y que quiere imponer por decreto a todos esta nueva visión de lo que él considera comportamiento progresista, queriendo crear una nueva escala de valores como a veces también ha dicho, haciendo bueno y queriendo llenar de contenido aquello de la “nueva normalidad”, que significa una imposición al conjunto de la sociedad de un modelo de pensamiento y de comportamiento de la nada, deshumanizado, perverso, indigno, apócrifo, demencial y demoniaco.
Todo esto, además, como inspiración y guía de gobierno donde vale todo con tal de perpetuar el poder, haciendo el mal, y por tanto en línea diametralmente opuesta a lo que un gobernante sensato, digno, honesto y democrático hace.
Amalio de Marichalar
Conde de Ripalda
Soria, 31 de marzo de 2023
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