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Durante décadas se nos enseñó a identificar la ruptura democrática con imágenes evidentes: militares ocupando edificios públicos, suspensión de garantías constitucionales, violencia abierta. Sin embargo, los procesos contemporáneos de degradación institucional suelen ser mucho más sutiles. El sistema continúa funcionando en apariencia. Hay elecciones, parlamentos, tribunales y medios de comunicación. Pero poco a poco los contrapesos se debilitan, la separación de poderes se difumina y el poder ejecutivo acaba imponiendo una lógica de ocupación permanente del Estado.
España atraviesa desde hace años una situación política marcada por la fragilidad parlamentaria y la supervivencia táctica. Gobiernos sostenidos por alianzas inestables, cesiones constantes y una política construida más sobre la resistencia que sobre un verdadero proyecto nacional. Gobernar ya no parece consistir en ofrecer una dirección clara al país, sino en mantenerse en el poder a cualquier precio, aplazando conflictos y administrando tensiones mediante pactos coyunturales. Ese fenómeno por sí solo no constituye necesariamente una ruptura constitucional. Pero sí revela una mutación preocupante: la sustitución de la legitimidad basada en grandes consensos nacionales por una lógica de mera supervivencia política. Cuando el objetivo principal de un gobierno deja de ser gobernar para convertirse exclusivamente en resistir, las instituciones terminan subordinadas a la necesidad de conservación del poder.
A esa fragilidad política se suma otro elemento todavía más delicado: el deterioro progresivo de los contrapesos institucionales. Diversos organismos europeos han advertido reiteradamente sobre la necesidad de reforzar garantías relacionadas con la independencia judicial y con los mecanismos de control del poder político. No se trata únicamente de críticas formuladas desde la oposición española, sino de preocupaciones expresadas también desde instancias internacionales. Sin embargo, quizá el problema más grave no sea siquiera la existencia de esas advertencias, sino la capacidad de la sociedad para acostumbrarse a ellas. España parece haber desarrollado una peligrosa tolerancia al deterioro institucional. El escándalo dura apenas unas horas antes de ser sustituido por otro. Las investigaciones judiciales, las sospechas de corrupción o las polémicas relacionadas con el poder político dejan de producir una verdadera conmoción moral y pasan a integrarse en el paisaje cotidiano.
En cualquier democracia sólida, determinadas acusaciones provocarían crisis políticas inmediatas, dimisiones fulminantes y fuertes exigencias de responsabilidad pública. En España por el contrario, el poder parece haber aprendido a sobrevivir mediante una estrategia de desgaste moral colectivo: desacreditar al adversario, convertir cualquier crítica en conspiración política y diluir la gravedad de los hechos bajo toneladas de propaganda y polarización. El resultado es devastador. La sociedad termina perdiendo la capacidad de distinguir entre lo aceptable y lo intolerable. El ciudadano deja de preguntarse qué es justo, legal o éticamente defendible y pasa a preguntarse únicamente si una noticia perjudica o beneficia a su propio bloque ideológico. El sectarismo sustituye al juicio moral. Y cuando una sociedad alcanza ese punto, queda abierta la puerta a cualquier forma de degradación democrática.
Pero sería demasiado cómodo atribuir toda la responsabilidad únicamente a quienes ejercen el poder. El problema español es también un problema de fatiga cívica. Una parte importante de la sociedad parece haber renunciado a exigir ejemplaridad pública. El cansancio, la polarización y el desencanto han producido una ciudadanía cada vez más resignada. Y una democracia no se destruye solamente por la ambición de quienes gobiernan, sino también por la indiferencia de quienes dejan de defenderla. En este contexto, la Justicia aparece como el último gran dique frente a los abusos del poder político. No porque sea perfecta, sino porque continúa siendo uno de los pocos espacios institucionales capaces todavía de incomodar al Ejecutivo. Sin embargo, incluso ahí el panorama resulta inquietante. La lentitud judicial, la acumulación de procedimientos, la falta de recursos y la complejidad creciente de las causas amenazan con convertir el Estado de Derecho en una estructura admirable en teoría, pero ineficaz en la práctica.
Porque una Justicia que tarda demasiado puede tener razón jurídica pero sin embargo, hacerse ineficaz por el tiempo transcurrido. Los procedimientos garantistas son esenciales en cualquier democracia seria. Nadie sensato desea una justicia arbitraria o sumaria. Pero cuando las investigaciones se prolongan indefinidamente y los hechos consumados terminan consolidándose antes de ser corregidos, el sistema comienza a perder credibilidad ante los ciudadanos.
Ese deterioro institucional coincide además con otras fracturas profundas que afectan directamente a la cohesión nacional. Entre ellas destaca la creciente confusión en torno a la política migratoria. Toda nación tiene derecho a acoger, integrar y ordenar sus flujos migratorios. Pero ninguna sociedad puede sostener indefinidamente su autoridad si transmite la sensación de que las fronteras carecen de significado y de que la ilegalidad puede terminar obteniendo recompensa mediante regularizaciones recurrentes. El problema no es únicamente económico o administrativo. Es también moral y político. Cuando el cumplimiento de la ley parece flexible para unos e inexorable para otros, la confianza en el Estado se erosiona gravemente. Y esa erosión acaba alimentando tensiones sociales cada vez más difíciles de controlar.
Todo ello sucede además, en un contexto internacional extraordinariamente inestable. Europa atraviesa una etapa marcada por guerras, tensiones energéticas, desafíos estratégicos y un creciente debilitamiento interno. En ese escenario, un país dividido, institucionalmente erosionado y moralmente fatigado se vuelve mucho más vulnerable frente a cualquier crisis exterior. La historia demuestra que las naciones raramente colapsan de manera súbita. Normalmente se deterioran lentamente mientras la población se acostumbra gradualmente a la decadencia. Se normalizan los abusos. Se relativizan los escándalos. Se acepta como inevitable lo que antes habría resultado intolerable. Y cuando finalmente llega la crisis definitiva, las estructuras morales y políticas del país ya se encuentran demasiado debilitadas para reaccionar con eficacia.
Por eso resulta insuficiente limitarse a la indignación privada o al comentario resignado. Hace falta una reacción cívica profunda. Hace falta recuperar la idea de que las instituciones no pertenecen a ningún partido ni a ninguna facción, sino a la nación entera. Hace falta una sociedad civil capaz de defender la independencia judicial, la legalidad y la dignidad democrática frente a cualquier intento de degradación. Hace falta llamar a la calle a esa España silenciosa, perezosa y desinformada que aún no ha comprendido la gravedad del momento. No para romper nada, sino para impedir que se termine de romper todo. La calle en democracia no pertenece a la izquierda. Tampoco la protesta moral. Ni la defensa de la legalidad. Durante demasiado tiempo una parte del centroderecha español ha actuado como si la prudencia consistiera en llegar siempre tarde, como si la moderación exigiera contemplar impasible la demolición institucional, y como si la respetabilidad se midiera por la cantidad de atropellos que uno está dispuesto a tolerar sin alzar la voz. Ese error ha sido letal. La pasividad del adversario ha envalentonado al poder.
Y hace falta también una oposición que comprenda la gravedad del momento histórico. La prudencia no puede convertirse en pasividad permanente. Esperar simplemente el desgaste del adversario mientras las instituciones se deterioran lentamente es una forma de irresponsabilidad política. Cuando una democracia entra en una fase de erosión prolongada, quienes se limitan a observar terminan convirtiéndose también en parte del problema.
Por eso ya no basta con la queja privada, ni con la indignación de sobremesa, ni con la elegante melancolía conservadora. Ha llegado la hora de la sociedad civil. De los jueces honestos, de los fiscales que aún creen en su misión, de los abogados que no quieren una ley convertida en coartada, de los periodistas libres, de los profesores que no han renunciado a enseñar la verdad, de los empresarios que comprenden que sin seguridad jurídica no hay prosperidad, y de los ciudadanos corrientes que intuyen que les están robando algo más que dinero: les están robando el país.
Todavía estamos a tiempo de corregir muchas cosas. Pero conviene recordar una verdad incómoda: las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se vacían lentamente. Se acostumbran a su propia degradación. Y los ciudadanos mientras tanto, continúan viviendo como si nada irreversible pudiera sucederles.
Ese es el verdadero peligro de nuestro tiempo. No el estruendo repentino de una ruptura visible, sino la lenta aceptación colectiva del deterioro. Porque cuando una nación deja de reaccionar ante la degradación de sus instituciones, comienza también a perder algo mucho más profundo: la conciencia misma de su libertad.
Frente a todo ello, solo caben tres palabras antiguas y severas: ley, coraje y nación. Ley, para que el delito no se disfrace de estrategia. Coraje, para que la oposición y la sociedad civil dejen de comportarse como espectadores fatigados. Y nación, para recordar que España no es el botín transitorio de una facción, ni la finca privada de una red de intereses, ni un laboratorio ideológico al servicio de la impunidad de nadie. No estamos condenados. Pero sí estamos advertidos. Y los pueblos que estando advertidos, prefieren seguir dormidos, terminan despertando demasiado tarde.
Iñigo Castellano y Barón
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