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En la guerra tecnológica del siglo XXI, esa formación debe integrar disciplina, ciencia, ingeniería, pensamiento táctico y aprendizaje permanente, en un entorno marcado por la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la guerra electrónica y las amenazas híbridas.
España no ha sido ajena a esa tradición. Nuestra historia militar está llena de ejemplos en los que la colaboración entre las Fuerzas Armadas y el mundo académico o científico ha producido avances decisivos. La ingeniería militar, la cartografía, la navegación, la artillería, la medicina o las comunicaciones muestran cómo los ejércitos se han apoyado en universidades y centros de saber para avanzar. En distintos momentos, la formación de oficiales y técnicos se ha conectado con instituciones universitarias, permitiendo que la innovación se trasladara también a la administración, la industria y la sociedad civil. En este marco, mi participación como docente en la Escuela Superior Politécnica del Ejército de Tierra (ESPOL) es una muestra de ese acercamiento creciente: compartimos proyectos e inquietudes sobre cómo anticipar y responder a los retos de la defensa del futuro, alineando culturas profesionales y generando confianza mutua.
Cuando un país invierte en defensa, invierte también en capacidades duales que pueden beneficiar al conjunto de la economía. La mejora de sistemas de navegación, la metalurgia aplicada a armamento, la ingeniería de fortificaciones, la química de explosivos, la aeronáutica, la meteorología o las telecomunicaciones han tenido a menudo una raíz militar o una estrecha colaboración con instituciones de formación e investigación, tanto públicas como privadas. En el fondo, la defensa ha funcionado como un laboratorio de exigencia máxima, donde el error tiene costes altísimos y la innovación debe ser precisa, robusta y escalable. De ahí que la relación entre Ejército, universidad y empresa haya sido una de las más fecundas cuando un país ha querido fortalecer su autonomía estratégica: lo que se ensaya para la defensa acaba muchas veces siendo útil también para la economía civil.
Ese aprendizaje cobra hoy una relevancia extraordinaria con la guerra de Ucrania. Uno de los elementos más llamativos del conflicto ha sido la capacidad ucraniana para resistir frente a un adversario mucho mayor mediante la combinación de valentía, resiliencia social e innovación aplicada. Esa innovación no surgió en un vacío, sino bajo una presión enorme. Los retrasos y limitaciones en el suministro de armamento por parte de aliados clave, como Estados Unidos y la Unión Europea en momentos críticos, obligaron a Ucrania a acelerar su propia capacidad de adaptación tecnológica y táctica. La necesidad se convirtió en motor de creatividad: el uso intensivo de drones comerciales y militares, la inteligencia de código abierto, la guerra electrónica, las comunicaciones distribuidas, la geolocalización de objetivos, la ciberdefensa y la integración de tecnologías civiles en usos militares permitieron compensar parcialmente la asimetría de recursos. Ucrania no ha resistido por disponer de más medios, sino por haber convertido la presión en innovación y la innovación en multiplicador de fuerza. Cuando los recursos son escasos, la ventaja clave reside en la capacidad de aprender rápido, experimentar y conectar talento militar, científico y tecnológico.
La lección ucraniana es clara para España: la defensa ya no puede basarse solo en compras de material, sino en ecosistemas de conocimiento capaces de innovar con rapidez y con la mayor soberanía posible. La velocidad del cambio tecnológico ha reducido el margen entre investigación, prototipo y despliegue, y en ese recorrido las universidades —públicas y privadas— tienen un papel esencial. Son las instituciones mejor preparadas para producir conocimiento, generar y atraer talento, formar investigadores y desarrollar soluciones en ámbitos como inteligencia artificial, computación avanzada, criptografía, ciberseguridad, materiales inteligentes o sistemas de decisión asistida. Si los ejércitos necesitan cuadros formados y la defensa del futuro depende de datos, redes y algoritmos, la universidad debe ser un aliado estratégico de primer nivel.
Ahora bien, para que esta colaboración sea realmente fructífera es necesario reconocer algunas tensiones internas del sistema universitario. En demasiadas ocasiones, una parte sustancial de la investigación está orientada casi exclusivamente a la publicación en revistas indexadas, porque son los indicadores que más pesan en acreditaciones y evaluaciones. Esta lógica ha mejorado la visibilidad científica y la posición en rankings, pero con un efecto secundario relevante: no se incentiva con la misma fuerza la investigación orientada a patentes, prototipos o soluciones transferibles a la empresa y a la defensa. El resultado es que universidad y Fuerzas Armadas no siempre hablan el mismo idioma: mientras unos piensan en artículos, índices de impacto y citas, los otros necesitan capacidades, software, equipos y procedimientos operativos que resuelvan problemas concretos en plazos ajustados. Reducir esta brecha de lenguajes e incentivos es imprescindible para que la investigación universitaria contribuya de forma más directa a la seguridad y a la economía del país.
Parte de la solución pasa por redefinir qué entendemos por excelencia académica, incorporando indicadores de transferencia, patentes, contratos de I+D y proyectos duales con defensa en la evaluación de grupos y carreras académicas. Otra parte exige que las propias Fuerzas Armadas y la industria de defensa formulen con claridad sus retos tecnológicos y los conviertan en proyectos de investigación atractivos para los equipos universitarios. Cuando ambos mundos se entienden mejor, las posibilidades se multiplican: convocatorias específicas, cátedras mixtas, laboratorios compartidos, proyectos de tesis codirigidos y programas de formación avanzada orientados a necesidades reales de nuestras unidades.
En este contexto, la inteligencia artificial ocupa un lugar central. La IA puede ayudar a procesar inteligencia, anticipar amenazas, mejorar la logística, optimizar cadenas de suministro, reforzar la vigilancia, detectar anomalías, proteger infraestructuras críticas y apoyar la toma de decisiones en entornos de gran incertidumbre. Pero su desarrollo en defensa exige base científica sólida, ética clara y colaboración estrecha entre centros universitarios, industria y administraciones. Lo mismo sucede con la ciberseguridad, hoy absolutamente vital para la soberanía de los Estados: no se trata solo de proteger redes militares, sino de blindar infraestructuras sensibles como hospitales, transportes, energía, comunicaciones, sistemas financieros y plataformas de información. Un ataque cibernético bien diseñado puede causar más daño estratégico que muchas acciones militares convencionales. Por eso la universidad debe formar profesionales, pero también producir investigación, estándares y talento capaces de sostener una arquitectura de defensa digital robusta.
España cuenta con bases para hacerlo bien, pero necesita mayor ambición. Nuestra red universitaria, los centros tecnológicos y las empresas innovadoras pueden contribuir de forma decisiva a la defensa nacional y europea, siempre que se refuercen los puentes entre conocimiento y aplicación. La investigación en ciberseguridad, sistemas autónomos, IA, sensores, comunicaciones seguras, simulación y análisis de datos genera seguridad y desarrollo económico al mismo tiempo. En este sentido, la defensa es también una política industrial, científica y de empleo: cuando se pone el acento en proyectos duales, se consigue que cada euro invertido en seguridad tenga un retorno en tejido productivo y en empleo de calidad.
El impacto económico de esta innovación es uno de sus argumentos más sólidos. Cada programa de investigación, contrato tecnológico, laboratorio especializado o proyecto dual entre universidad y defensa activa cadenas de valor que incluyen ingenieros, programadores, analistas, especialistas en datos, juristas tecnológicos y gestores de proyectos. La innovación en defensa genera empleo de alta cualificación y fija talento en el país, mientras impulsa sectores auxiliares como la electrónica, las telecomunicaciones, la robótica, la fabricación avanzada, el software o los servicios de consultoría tecnológica. En términos macroeconómicos, un país que invierte en innovación para la defensa mejora su seguridad, aumenta su productividad, eleva su capacidad exportadora y refuerza su base industrial.
Con frecuencia, Europa y España terminan pagando por tecnologías desarrolladas en otros lugares, dependientes de ecosistemas extranjeros que concentran patentes, plataformas y estándares. Esa dependencia encarece las compras, debilita la autonomía estratégica y limita el retorno económico interno. Sin embargo, el camino contrario es posible: transformar nuestra capacidad científica y tecnológica en una fuente de ingresos, patentes y exportación. Si España refuerza la colaboración entre universidades, Fuerzas Armadas, centros de investigación y empresas, puede generar innovación propia en áreas críticas como ciberseguridad, IA aplicada, simulación, vigilancia, análisis de datos y protección de infraestructuras. Esa innovación puede exportarse a otros países, aliados y organizaciones internacionales, así como a sectores civiles con necesidades de alta seguridad. Podemos pasar de ser compradores de innovación ajena a ser productores y exportadores de soluciones propias, reforzando al mismo tiempo nuestra credibilidad como socio en el ámbito internacional de la seguridad y la defensa.
La oportunidad es clara. España dispone de un entorno académico amplio, una base empresarial cada vez más tecnológica y una posición geopolítica que la conecta con Europa y América Latina. Esta posición puede convertirse en ventaja competitiva si se traduce en alianzas de investigación y desarrollo, donde las universidades españolas actúen como centros de referencia para la defensa del futuro. Para ello necesitan cooperación estable con los ejércitos, financiación adecuada, proyectos de largo plazo y una visión estratégica que entienda la ciencia como componente esencial de la soberanía. La defensa del siglo XXI no se construirá solo en cuarteles, ni solo en despachos ministeriales, sino también en laboratorios, aulas, clústeres tecnológicos y redes de investigación. En ese ecosistema, la docencia compartida, la investigación conjunta y la presencia de profesionales de la defensa en las aulas universitarias son piezas clave de un mismo engranaje.
En definitiva, la historia demuestra que la formación de los cuadros militares ha sido siempre una condición esencial para la eficacia de los ejércitos. La realidad actual confirma que esa formación debe ampliarse e intensificarse en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la innovación tecnológica. Ucrania nos ha recordado que la creatividad aplicada puede ser decisiva incluso en los momentos más oscuros, especialmente cuando la presión y la escasez obligan a encontrar soluciones propias. La experiencia española muestra que la colaboración entre defensa, universidades y ciencia ha existido y ha dado frutos. Y el presente nos obliga a ir más allá: si queremos una defensa sólida, autónoma y competitiva, debemos apostar por un ecosistema donde la universidad no sea un actor periférico, sino un socio central. Invertir en conocimiento para la defensa no es gastar más; es ganar soberanía, empleo, productividad y futuro.
Antonio Díaz Morales Ph.D.
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