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Habrá también, al parecer, un progresivo ajuste fiscal para no deteriorar las economías locales y gran cantidad de medidas de carácter administrativo referidas a la gestión de las fronteras que no modifican en absoluto las condiciones y circunstancias en las que se apoya el hecho colonial. Es decir, no hay nada en el acuerdo conocido que se refiera, o pueda afectar en algo, a los intereses estratégicos del RU en toda la zona del Estrecho, Gibraltar incluido.
Falta todavía redactar el documento final que, probablemente, será bastante más difícil de aprobar por España porque, de aprobarlo alegremente , podría minar los fundamentos de su permanente reclamación porque se vería obligada a aceptar, al margen del Tratado de Utrecht, la pretendida soberanía[1] británica en la zona, la posesión permanente de su base militar y el mar territorial correspondiente a toda la costa de la colonia ,hoy de tres millas y mañana de las millas que más y mejor convenga a los intereses del RU. Y la verja permanentemente abierta.
Salvo el cierre de la verja no se conoce ninguna otra medida de retorsión que España pueda aplicar al RU en Gibraltar para limitar sus periódicas veleidades territoriales. El temor a la sola posibilidad de que eso pudiese volver a suceder algún día es, probablemente, la razón que ha conducido lo al acuerdo actual, que verdaderamente parece un adelanto de lo que será el establecimiento de una zona de prosperidad compartida que solo beneficiará a las poblaciones locales.
A este efecto, podemos recordar cómo Margaret Thatcher ordenó en su día a su gobierno, de forma tajante y perentoria: “¡negociar con los españoles!” Su verdadero deseo era evitar el exagerado coste al que tenía que hacer frente para mantener su base militar aislada de su entorno. Al inicio de las negociaciones en un ambiente de optimista cooperación y buena voluntad, nuestros negociadores decidieron ir abriendo la verja de forma progresiva en vista de lo cual las negociaciones nunca tuvieron el efecto esperado porque, al haber alcanzado los negociadores ingleses sus objetivos, sin necesidad de conversación alguna, no recibimos nada a cambio de nuestra extrema generosidad[2] y candidez.
Para no repetir la historia, hace cuatro años que se iniciaron las negociaciones que dieron lugar al acuerdo alcanzado. Los problemas generados en la verja relacionados con la circulación de personas y mercancías, tras producirse la salida del RU de la UE (Brexit), fueron un estímulo para que ingleses y gibraltareños pudieran disfrazarse de mansos corderos. La evidente dependencia de España de ingleses y gibraltareños unida al inadmisible riesgo que podrían tener que asumir ante un posible cierre funcional de la verja, fue sin duda el acicate, el estímulo clave para alcanzar el acuerdo que estamos tomando en consideración. Para los ingleses, por estrictas necesidades de su base militar y para los gibraltareños por razones relacionadas con su supervivencia diaria. El resultado perseguido, y al fin logrado, fue, en esta ocasión, una segura y fluida comunicación con su “vecina” España. De no haberse alcanzado el acuerdo, el RU tendría que hacer frente a un coste difícil de aceptar, mientras que los gibraltareños no podrían vivir en España, como ahora podrán hacerlo, a un coste mucho más reducido teniendo en cuenta las actuales diferentes rentas “per cápita” a ambos lados de la verja. Según todos los indicios, el negocio asegurado motivó todo tipo de sonrisas y efusivos parabienes. Todo parecía indicar que el cordero Albares se estaba dejando sacrificar en el altar de la injusticia.
El alcalde de La Línea, Juan Franco, fue el primero en darse cuenta del peligro de un acuerdo que él no se cansó de propiciar. Según ha declarado, los más pudientes yanitos ya están comprando, y alquilando, residencias en La Línea atraídos por los bajos precios que encuentran en ella comparados con los que pueden encontrar en su corral gibraltareño. Como estamos comprobando, el libre tránsito de personas y mercancías a través de una verja, que ya no va a ser tal, ya está empezando a provocar un efecto que, en principio, no podemos reconocer como aceptable por lo que pueda tener de ocupación consentida del territorio español.
En reciente sesión parlamentaria el actual ministro británico de asuntos exteriores, David Lammy, informó y respondió, con todo lujo de detalles, a las preguntas que los más agresivos parlamentarios tuvieron a bien plantearle[3]. Podemos destacar:
-El RU se felicita por el acuerdo alcanzado. Los más activos parlamentarios demostraron un inusitado interés por conocer su redacción final para confirmar que podrán seguir conservando su base militar al mínimo coste, o sin coste alguno, seguir teniendo la posibilidad de imponer y disfrutar de una soberanía que legalmente no les corresponde, y, por ello, mantener su capacidad para auto dotarse del mar territorial que consideren oportuno a costa del mar territorial español. Ya hubo voces en el parlamento británico reclamando la necesidad de quedarse con toda la bahía de Algeciras.
-Curiosamente el ministro Lammy, para apoyar sus argumentos, afirmó que los gibraltareños tenían derecho a ser británicos por su solo deseo de serlo. No fue replicado por ningún parlamentario porque seguramente la mayoría consideraron que tal afirmación era un simple decir de un ministro recién llegado.
- El ministro Lammy también afirmó que los gibraltareños tenían la soberanía sobre el territorio que habitan y, a renglón seguido, manifestó también que tal soberanía era patrimonio del RU. Es decir, cualquier grupo social o político puede ostentar la soberanía sobre Gibraltar, menos España naturalmente, cuando ello conviene al argumentario del ministro.
-También se debatió si Gibraltar entraría o no en la zona Schengen algo verdaderamente de difícil comprensión, tal como va el acuerdo. Algunos de los presentes afirmaron que sí, otros que no.
-Otra ocurrencia del ministro Lamy fue manifestar que el parlamento español no tendría nada que decir sobre el acuerdo alcanzado porque éste sería un acuerdo exclusivo entre el RU y la UE. Y alguna razón podría tener Lammy cuando nuestro propio gobierno parece no tener demasiado interés en que el acuerdo se exponga, se explique y se apruebe en nuestras Cortes Generales, como la oposición reclama.
- Y, por último, y no menos importante, es reconocer el grave peligro que todos los españoles estamos a punto de sufrir: cualquier negociador interesado con la redacción definitiva del acuerdo, podría proponer que éste se eleve a la categoría de Tratado con la aviesa intención de presentarlo como el sustituto natural del Tratado de Utrecht que aún hoy, con todas sus limitaciones, protege nuestros permanentes derechos sobre nuestro propio territorio.
Conclusión:
Es necesario que el ministro Albares y todo su equipo, aun aceptando las posibles bondades del acuerdo alcanzado, incluya en su redacción definitiva las reservas correspondientes, entre ellas la posibilidad de restablecer y cerrar la verja si la conducta depredadora del RU así lo obligase para que España pueda defender sus inalienables derechos sobre esa pequeña parte de nuestro territorio que conocemos como Gibraltar.
Madrid,16 de junio del 2025.
Aurelio Fernández Diz, CN (R)
[1] Diccionario de la Real Academia Española (RAE). “Soberanía: Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente”. Es evidente que el RU, condicionado por el Tratado de Utrecht, no puede ejercer en Gibraltar la soberanía que puede ejercer sobre su propio territorio. Por el mencionado Tratado, Gibraltar nació con “costa seca” y, por tanto, el RU no tiene capacidad legal para liberarse unilateralmente de los compromisos contraídos, limitación que le impide ejercer sobre el territorio, solo cedido para la instalación de una base militar, una soberanía que en absoluto le corresponde. IA. La resolución del Tribunal Supremo de 2001 y la posición oficial del Ministerio de Exteriores consolidan la tesis jurídica española: El Tratado de Utrecht no implicó la cesión total de soberanía sobre Gibraltar, sino un dominio limitado al núcleo urbano y sus defensas, excluyendo deliberadamente el istmo y aguas aledañas. Por tanto, España no ha renunciado a esa parte de su soberanía y continúa apelando al Derecho internacional para su recuperación.
[2] IA. La verja de Gibraltar fue cerrada por orden del gobierno de Franco el 8 de junio de 1969, como reacción a la aprobación de la Constitución gibraltareña de 1969, que España interpretó como una consolidación del control británico sobre el territorio, en contradicción con las resoluciones de descolonización de la ONU. En 1982 se abre la verja parcialmente, sólo para peatones, bajo el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. En 1985 se produce la apertura total de la verja, poco antes de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), por decisión impulsada por el gobierno de Felipe González.
[3] Texto original del discurso de Lammy ante los Comunes:
https://hansard.parliament.uk/commons/2025-06-12/debates/47E3F7FA-1C76-453B-A02B- 59972F48F297/Gibraltar
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