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Si observamos nuestro pasado con perspectiva, descubrimos que hubo épocas mucho más turbulentas que la actual. El siglo XIX entero —un torbellino perpetuo— se construyó sobre un carrusel casi ininterrumpido de pronunciamientos militares, guerras civiles, tensiones territoriales, asonadas, crisis económicas y gobiernos efímeros. En un solo siglo, España vivió más sacudidas que muchas naciones europeas en tres. Y, aun así, tras aquel ciclo fatigoso, el país entró en el siglo XX con cierta energía regeneracionista, que quedaría finalmente truncada por la Guerra Civil.
En contraste, el siglo XXI comenzó bajo un paraguas de estabilidad inédito en nuestra historia moderna. Los más de cuarenta años de convivencia política que inauguró la Constitución de 1978 —un logro colectivo y no la concesión de nadie— han constituido el periodo más prolongado de paz institucional en España desde la Edad Moderna. Pero ese equilibrio, arduamente construido, hoy se agrieta. No vivimos un calco del pasado ni estamos a las puertas de una tragedia semejante a 1808 o 1936. La historia no se repite de igual manera, pero sí advierte. Y lo que advierte ahora es la tentación, irresponsable y peligrosa, de manipular nuestra memoria para justificar un presente deformado; de resucitar agravios históricos para dividir; de convertir el desacuerdo legítimo en enemistad cívica; de debilitar las instituciones que sostienen el edificio democrático. Asistimos a una atmósfera política que se enrarece, que presiona, que crispa, que desplaza el foco de lo esencial hacia la perpetua confrontación.
No se trata de caer en el pánico —nadie lo pide— pero sí en la lucidez vigilante. España es hoy una olla a presión: el fuego lo alimentan la incompetencia, la polarización creciente y un clima político que opera en clave de enfrentamiento permanente. Y la sociedad, que soporta con paciencia inusual los sobresaltos institucionales, empieza a mostrar síntomas inequívocos de cansancio. Cada día leemos un nuevo escándalo: drogas, sexo, corrupción, nepotismo, chantajes, renuncia explícita a la separación de poderes, ataques a los jueces, incremento de delitos sin reacción gubernamental, insultos institucionales, ausencia de debate parlamentario…
Un catálogo que asombra fuera de nuestras fronteras. España, admirada por su transición democrática, es hoy observada con perplejidad por una comunidad internacional de la que además nos hemos apartado de nuestros compromisos de nuestras bases de Morón y Rota en el conflicto iraní. La Comunidad occidental se cuestiona nuestra lealtad y fiabilidad como socio; y al tiempo, mira a Marruecos como un país más fiable frente al Gobierno español que tan solo gobierno para una mitad de España.
La decadencia moral ocupa el centro del poder político. Pero que estemos acostumbrados a leer esta cadena de episodios indignantes no significa que los aceptemos. La costumbre no es normalización; es hartazgo. Hartazgo racional, cívico, consciente. Los españoles no estamos resignados a la inmoralidad, a la ilegalidad ni al desmantelamiento progresivo de los contrapesos constitucionales. Y tampoco aceptamos que delinquir o amedrentar jueces se convierta en gesto político.
A ello contribuye otro factor decisivo: la oposición. Mientras el Gobierno erosiona la arquitectura institucional, la oposición permanece atrapada en discusiones internas sobre si es más o menos de centro, más o menos de derecha, como si el país real dependiera de una etiqueta o de una brújula desnortada. Compiten entre sí por coordenadas ideológicas mientras España se debilita; se disputan matices mientras la olla continúa acumulando presión.
Unos no gobiernan; otros no lideran. El resultado es una España que avanza, casi sonámbula, hacia un punto de saturación. Urge desactivar esa presión, abrir la válvula, permitir que la ciudadanía respire, que la justicia actúe sin intimidación, que las instituciones vuelvan a su cauce natural, que los discursos vuelvan a la cordura elemental que hace posible la convivencia.
La cordura —esa virtud silenciosa, nada espectacular, pero decisiva en los momentos críticos— es hoy el gran deber cívico del país. No consiste en mirar hacia otro lado ni en dulcificar la realidad. La cordura no es una invitación al conformismo, sino a la acción sensata. Una sociedad madura afronta sus crisis sin destruir sus fundamentos, sin renunciar a sus leyes, sin convertir al adversario en enemigo. España no está condenada a repetir su pasado. No hay fatalismo escrito en su ADN histórico. Hemos sobrevivido a crisis mucho más violentas porque, cuando todo parecía perdido, surgió siempre una mínima pero suficiente energía de sensatez que impidió el salto al abismo. Incluso en los episodios más amargos —cuando la nación parecía fracturada sin remedio— hubo voces que llamaron a preservar lo común. Esa llamada es la que debemos escuchar ahora.
La ciudadanía reclama un horizonte claro: un Estado que funcione, instituciones que protejan, justicia que actúe sin amenazas, dirigentes que piensen más en España que en sus carreras partidistas. Reclama decencia, legalidad, civilidad. Reclama que la olla deje de hervir antes de estallar. Porque del miedo no nacerá nada. Del odio, menos aún. Pero de la lucidez, sí. De la serenidad, también. Y de la cordura —esa forma discreta de patriotismo— puede nacer de nuevo la esperanza.
Hoy, más que nunca, España la necesita.
Iñigo Castellano y Barón
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