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Mientras los principales ejes de la Unión Europea mantienen un equilibrio precavido, intentando evitar una escalada regional, Pedro Sánchez ha optado por un camino de confrontación retórica con nuestros aliados naturales. Al erigirse en la "voz de la legalidad internacional" frente a la acción estadounidense, sitúa a España, una vez más, como la punta de lanza crítica contra la política exterior de Occidente.
Esta postura no es nueva, pero en el contexto actual resulta especialmente arriesgada. Marcar distancias con Washington en un momento de reconfiguración del orden mundial proyecta la imagen de un país alejado de sus socios estratégicos, priorizando el gesto ideológico sobre la cohesión de la OTAN.
Sin embargo, sería un error analítico identificar la voz del Palacio de la Moncloa con el sentir unánime de los españoles siendo, por tanto, imperativo señalar la fractura interna que esta política genera.
Por un lado, gran parte de la sociedad española observa con estupor cómo su Gobierno se desmarca de las democracias liberales. Para un amplio sector del electorado, la caída de una teocracia opresora como la iraní es una noticia que debería celebrarse desde los valores de la libertad, no censurarse bajo el paraguas del formalismo diplomático. Y por otro, la debilidad parlamentaria y la conflictiva aritmética que sostiene al Gobierno actual restan legitimidad a una política exterior que parece responder más a las necesidades de supervivencia política interna que a un consenso de Estado.
El pragmatismo dicta que, en geopolítica, quien no está en la mesa termina dentro del plato. Al alejarse de la línea marcada por Washington y los principales ejes europeos, España no solo pierde peso político, sino que se auto descarta de los foros donde se decidirá el futuro de Oriente Medio y la estabilidad energética del Mediterráneo.
Ser la "punta de lanza" de la crítica hacia nuestros aliados tradicionales tiene un peaje inmediato y tangible: la irrelevancia en la toma de decisiones estratégicas. En un momento de reconfiguración global, la diplomacia española no puede permitirse el lujo de la soberbia ideológica. Si el Gobierno persiste en su empeño de tutelar la moral internacional a costa de sus alianzas, el precio será un aislamiento que España no puede permitirse. Un país no es influyente por la intensidad de sus manifestaciones, sino por la fiabilidad y solidez de sus lealtades
Juan Manuel Martínez Valdueza
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