Cuando formar no basta. Coste económico de no retener el talento

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La lógica de fondo es sencilla: la educación hace a las personas más productivas, favorece la innovación y permite aprovechar mejor la tecnología, lo que eleva el PIB y el PIB per cápita a largo plazo. Algunos países casi sin recursos naturales lo han demostrado con claridad. Singapur, con un territorio mínimo y sin materias primas relevantes, ha construido su riqueza sobre una apuesta sostenida por la educación, la apertura económica y la atracción de talento, hasta situarse entre los primeros del mundo en renta por habitante. Corea del Sur, devastada tras la guerra y sin grandes minas ni pozos de petróleo, se centró en escolarizar masivamente, formar técnicos e ingenieros y coordinar su política educativa con su estrategia industrial, y hoy es una potencia tecnológica.

Israel sigue una trayectoria comparable. Pese a sus recursos limitados, ha optado por un elevado nivel educativo y un esfuerzo continuado en investigación, apoyándose en la conexión entre universidades, empresas tecnológicas y capital emprendedor. Irlanda, sin petróleo ni gas significativos, ha logrado un fuerte aumento de su renta combinando inversión en educación, clima institucional favorable y especialización en servicios avanzados. Estos casos muestran que la verdadera “riqueza natural” decisiva es el capital humano, no el subsuelo. Los países que solo confían en sus materias primas, pero descuidan la formación o sus instituciones, suelen caer en la llamada “maldición de los recursos”: economías poco diversificadas, inestables y con instituciones débiles.

El problema para España y para Hispanoamérica es doble. Por un lado, persisten déficits de formación: sistemas educativos de calidad desigual, brechas según renta y un cierto desajuste entre lo que se estudia y lo que demanda el tejido productivo. Por otro, incluso cuando se consigue formar bien a mucha gente, el mercado laboral no siempre ofrece oportunidades atractivas. El resultado es la famosa fuga de cerebros: personas formadas que deciden desarrollar su carrera en otro país. No es solo un drama personal o familiar; es una pérdida medible de capital humano que reduce el crecimiento posible.

A esto se añade un elemento poco discutido: en buena parte de Europa y de Hispanoamérica, los estudiantes universitarios de sistemas públicos pagan solo una fracción del coste real de sus estudios. El resto lo financian los contribuyentes a través de impuestos. Sin embargo, casi nadie percibe ese coste social; el estudiante no ve la «factura» del esfuerzo fiscal que hay detrás de su grado o su máster. Eso debilita la conciencia de que la formación universitaria es una inversión colectiva y hace menos visible el coste de oportunidad cuando ese talento se va para no volver: el país paga la formación, pero el beneficio en términos de impuestos y crecimiento se lo queda otro.

La experiencia internacional ayuda a entender la magnitud del problema. En varios países del Caribe, entre un 10% y un 40% de la fuerza de trabajo ha emigrado y en algunos casos, más del 70% de la población con estudios secundarios avanzados o superiores vive fuera. El Fondo Monetario Internacional ha mostrado que, aunque las remesas aportan dinero, la pérdida de profesionales puede ser tan grande que el saldo neto acabe siendo negativo: menos gente cualificada trabajando dentro, menos productividad, peores servicios públicos y menor base fiscal. En Europa del Este y los Balcanes, países como Rumanía o Bulgaria han visto salir a muchos médicos, ingenieros y otros profesionales hacia Europa occidental, con efecto directo sobre la calidad de sus hospitales, empresas y administraciones.

En América Latina, el caso más extremo es probablemente Venezuela: más de siete millones de personas han abandonado el país en la última década, muchos de ellos bien formados. Esa salida masiva ha mermado la capacidad del Estado para gestionar servicios básicos y ha debilitado la base productiva interna, lo que complica aún más cualquier intento serio de reconstruir su economía. En Centroamérica y en varios países andinos, una parte importante de la población joven y formada vive en Estados Unidos u otros destinos. Las remesas son un alivio para muchas familias y contribuyen al PIB, pero no sustituyen la pérdida de talento que podría estar creando empresas, mejorando instituciones o innovando en el país de origen.

España conoce bien esta dinámica. Después de la crisis financiera, muchos jóvenes cualificados se marcharon al norte de Europa o a otras regiones en busca de mejores salarios y condiciones. Los datos disponibles apuntan a que, proporcionalmente, se fueron más personas con estudios superiores que con niveles educativos bajos. Dicho de otro modo: el país pierde una parte de su segmento de población más preparado, justo aquel en el que ha invertido más años y más recursos públicos. El resultado es un doble coste: se reduce el potencial de crecimiento y una porción del valor añadido que generan estos profesionales pasa a engrosar el PIB y la recaudación de otros países.

Esto no significa que la emigración de talento sea siempre negativa. Muchos estudios distinguen entre pérdida de cerebros y circulación de cerebros. La posibilidad de emigrar puede animar a la gente a formarse más, y las diásporas pueden traer beneficios en forma de remesas, inversiones, proyectos compartidos o retornos de profesionales con experiencia internacional. De hecho, una parte de quienes se marcharon por falta de oportunidades estaría dispuesta a volver si el país ofreciera, al cabo de una década, mercados laborales más dinámicos, carreras científicas y profesionales atractivas y un entorno regulatorio más previsible. No regresarían todos; para algunos expertos, puede llegar a ser solo un tercio por haberse arraigado y tener familia. Pero esa minoría significativa podría aportar conocimiento, redes y experiencia adquirida fuera. La cuestión es si los países de origen son capaces de crear las condiciones para que ese retorno sea posible y deseable.

Para España y para Hispanoamérica, la pregunta estratégica es cómo aprovechar al máximo su talento. Hay al menos, tres líneas de trabajo. La primera es obvia: mejorar la calidad y la equidad de los sistemas educativos, pero también su conexión con la economía real, de modo que lo que se enseña tenga salida profesional clara. La segunda pasa por construir entornos más atractivos para quedarse: mercados laborales menos segmentados, marcos estables, burocracia razonable y sistemas fiscales que no penalicen en exceso la iniciativa ni la creación de empleo.

La tercera tiene que ver con la gestión inteligente de la diáspora. No se trata solo de traer de vuelta a todo el mundo, sino de crear redes: programas de retorno selectivo, proyectos de investigación compartidos, docencia a distancia, emprendimiento transnacional. Singapur, Corea del Sur, Israel o Irlanda no solo formaron bien a su gente; también supieron retener a una parte importante de su talento y conectar a quienes estaban fuera con oportunidades dentro del país.

El coste económico de no retener el talento va mucho más allá de la frustración personal de quienes hacen la maleta. Significa menos crecimiento del que sería posible, menos renta por habitante, menos ingresos fiscales y servicios públicos que no alcanzan su potencial. Formar a una generación —y más cuando se hace con recursos públicos— es condición necesaria. Convertir esa formación en desarrollo exige algo más: países capaces de ofrecer proyectos de vida y de trabajo a la altura del talento que han contribuido a crear.