¿Una Gestapo americana?

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Ahora, voces críticas de la corrupción en la administración Demócrata de Joe Biden insinúan que el FBI (Federal Bureau of Investigation, dependiente del Departamento de Justicia encabezado por el Attorney General) se ha convertido en una “Gestapo”, es decir, una policía política al servicio del presidente Biden y del Partido Demócrata.

El trasfondo de esta triste historia es, por supuesto, la propia degeneración del Partido Demócrata en las últimas décadas que ha sido convenientemente relatada, entre otros, por D. Horowitz & R. Poe (2006), D. D’Souza (2016), y M. Levin (2021). Simbólicamente quedó ilustrado con la retirada del senador por New York Daniel Patrick Moynihan, político demócrata del viejo estilo, avalando como su sucesora a Ms. Clinton. El título del libro de Horowitz y Poe ya lo expresaba bien: The Shadow Party: How George Soros, Hillary Clinton, and Sixties Radicals seized control of the Democratic Party (T. Nelson, Nashville, TN, 2006).

Personas en España responsables del Grupo Soros me confirmaron personalmente hace muchos años la especial relación entre el famoso y nefasto especulador financiero y la ex Primera Dama (irónicamente ambos recibidos con cierto secretismo en audiencia especial por el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa, respectivamente al inicio y al término de su mandato).

Caso Hillary Clinton

Es sencillamente inimaginable que la cadena de escándalos de corrupción económica y política que arrastra Hillary Clinton desde el caso Whitewater (siendo consorte del gobernador de Arkansas, y más tarde del presidente de los EEUU) hasta el caso Benghazi (siendo Secretaria de Estado del presidente Obama) no hayan tenido consecuencias judiciales y penales sin el continuo encubrimiento sistemático del FBI.

En concreto, el caso Hillary Clinton durante la campaña presidencial de 2016, y la famosa desaparición (por destrucción de los servidores) de 33.000 e-mails con materias clasificadas, principalmente de su etapa como Secretaria de Estado (con Obama de presidente y Biden de vicepresidente), caso protegido y encubierto directamente por el entonces director del FBI, James Comey. La corrupción de Ms. Clinton se extendería en el siguiente caso, relacionado con su rival Republicano en la campaña presidencial de 2016.

Caso Trump

Más bien Caso Anti-Trump, como ha demostrado finalmente el tardío Durham Report (2023), de espionaje, conspiración y golpismo incubado en el propio despacho oval de la Casa Blanca bajo la supervisión de Obama-Biden, con el director del FBI James Comey, el director de la CIA John Brennan, y muchos otros altos consejeros y funcionarios del Estado Profundo.

Caso organizado por el plan Crossfire Hurricane del FBI con la colaboración de Hillary Clinton, financiadora de la desinformación del infame Steele Dossier, caso ampliamente investigado y expuesto por Devin Nunes, Lee Smith, Svetlana Lokhova y otros (yo mismo he publicado varios artículos sobre el asunto en La Crítica, Kosmos-Polis y Libertad Digital). Existen dos excelentes documentales sobre el mismo: de Amanda Milius (The Plot against the president, 2020), y de Rob Schmitt (The corruption of the FBI, 2022).

El caso Trump ha originado toda una fenomenología del anti-trumpismo: “Trump Derangement Syndrome” (TDS), “Trump Haters”, “Never Trumpers”, “Republicans In Name Only” (RINOs), etc. Aparte de los máximos capitostes mencionados (Obama, Biden, Clinton, Comey, Brennan) hay muchos otros responsables por acción u omisión: James Clapper, Susan Rice, Denis McDonugh, Samantha Power, Andrew McCabe y gran número de burócratas del FBI, Merrick Garland y otros Fiscales Generales (General Attorneys), encubridores como el actual director del FBI Christopher Wray, informadores y colaboradores como Stefan Halper, John McCain, Peter Strzok, Lisa Page, Christopher Andrew, Christopher Steele, Igor Danchenko, multitud de periodistas, etc., etc., nombres que merecen figurar en esta particular historia de la infamia.

Caso Biden

El reciente 8 de Junio ha sido un día negro y triste para los EEUU. Minutos después de que el congresista republicano James Comer expusiera con base documental la corrupción de la familia Biden, se anunciaba la acusación de un juez especial contra Trump.

Comer, tras obtener un documento retenido por el FBI, explicaba que la familia Biden había recibido “mordidas” de Ucrania por un total de 10 millones de dólares durante la vicepresidencia de Joe Biden en la administración Obama (por lo que a éste se debería también exigir cierta responsabilidad).

La reacción inmediata de Biden ha sido impulsar un golpe judicial (en las democracias avanzadas los golpes de Estado no los producen los tanques sino los jueces y fiscales: “paper coups” los ha definido Lee Smith). Un indignado Mark Levin ha conceptuado el incidente como “The June 8, 2023, Insurrection” (no la del 6 de Enero de 2021), golpe de Estado contra el Imperio de la Ley (Estado de Derecho), y la congresista republicana Marjorie Taylor Green ha vuelto a invocar el inevitable “impeachment” contra Biden.

El caso Biden no es solo el caso de la corrupción económica de la familia Biden (con su inefable hijo Hunter Biden como principal operativo, y otras “mordidas” millonarias de China), sino también la corrupción legal y constitucional que ha desatado junto a la caza de brujas y persecución –DOJ (Departamento de Justicia) y FBI mediantes–, del candidato republicano Donald Trump.

Sin entrar en más detalles, toda la imputación de Trump por los documentos de Mar-a-Lago ha fallado al no tener en cuenta el Presidential Records Act que concede a los presidentes y expresidentes cierto privilegio sobre el manejo de documentos oficiales (ni Ms. Clinton ni Joe Biden eran presidentes cuando manejaron los documentos clasificados). Además, las prisas del juez Jack Smith por un juicio rápido, antes de las elecciones de 2024, no son legal y procedimentalmente viables. La elección en Noviembre de 2024 puede convertirse en un plebiscito popular sobre Trump, con plausibles posibilidades de indulto, perdón o, incluso, como sostiene el profesor Jonathan Turley, de “auto-perdón”.

Si calificarlo como “Gestapo” me parece excesivo e inapropiado, sin duda el FBI se ha convertido en una institución corrupta en su vértice (por culpa de una minoría de sus directivos, no por la gran mayoría de sus honrados y eficaces agentes). Una policía política al servicio del partitocrático y degenerado Partido Demócrata, al menos desde la presidencia de Barack H. Obama.

EEUU está padeciendo una profunda crisis en su sistema político, pero lo que no deben y no pueden aceptar los más de 74 millones de votantes de Trump y muchísimos independientes es que el FBI haya sido el instrumento para vulnerar tres principios sagrados en la cultura política de la democracia americana: el respeto al mandato constitucional del “debido proceso” (“due process”); la “igualdad ante la ley” (rechazando por tanto el “doble standard” legal y judicial aplicado a los casos de documentos manejados por Ms. Clinton y por Biden); y la intolerable interferencia en el proceso electoral, eliminando o incapacitando al rival principal.

En caso contrario, como advirtió el infausto día 8 de Junio mi senador favorito, Josh Hawley (republicano por Missouri), Biden estaría transformando la república constitucional de los EEUU en una “banana republic”. Y como lo haría el propio Donald Trump en un impresionante mítin en Columbus, Georgia, al día siguiente, en el que explicó muy bien el carácter “fake” de la acusación sobre los famosos documentos en Mar-a-Lago secuestrados por el FBI: EEUU estaría en el camino de convertirse en una “Venezuela in steroids”.