El último guion nos presenta a una supuesta ancianita desprotegida, desalojada de su vivienda en el madrileño barrio de Retiro. Sin embargo, la realidad —esa que se escribe con mayúsculas y datos— demuestra que este desahucio no es una injusticia social, sino el paso final de la JUSTICIA. En este teatro perfectamente coreografiado, se produce una doble manipulación: los políticos manipulan la situación de doña Mari Carmen para arrastrar el agua a su molino ideológico, y ella, a su vez, se presta a manipularnos a todos repitiendo el viejo mantra de los "fondos buitre".
Es el enemigo invisible perfecto para dar pena. La pena es que, al mirar los papeles, el terrible ogro especulador resulta ser Urbagestión, una inmobiliaria modesta, una sencilla pyme con apenas un puñado de empleados. Pero claro, exigirle épica antisistema a un desalojo promovido por una pequeña empresa local no vende en los telediarios; es mucho mejor inventarse un fondo transatlántico para justificar el atrincheramiento.
Aceptémoslo: una persona es libre de aprovechar al máximo lo que la ley le permita y, si no tiene hijos ni obligaciones familiares, gastarse su dinero en lo que le venga en gana, incluido el bingo. Faltaría más. Pero los privilegios no son eternos. Esta señora, de aspecto notablemente saludable a pesar de su edad (sus fotos en redes sociales la delatan), se ha pegado la VIDA PADRE durante décadas. Lo ha hecho aprovechándose indebidamente de la Ley de Renta Antigua, lo que nos lleva a una paradoja maravillosa: la prórroga forzosa es una ley netamente franquista, diseñada en el corazón de la dictadura y abolida precisamente por los socialistas de la mano del ministro Miguel Boyer en la época de Felipe González.
La ironía es sublime. Son hoy los sectores más comunistas y radicales del Gobierno los que quieren rescatar de entre los muertos el espíritu de aquella legislación vertical para topar artificialmente los precios de los alquileres. Los mismos que se dicen progresistas suspiran con nostalgia por los decretos de vivienda del franquismo.
La legislación española actual es nítida. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 cortó el grifo de los alquileres perpetuos de renta antigua. Tras disfrutar del beneficio su padre y posteriormente su madre, el derecho de la actual inquilina expiró dos años después del fallecimiento de esta última, allá por el año 2005. Por lo tanto, hace más de veinte años que su derecho legal a seguir viviendo en esa casa del centro de Madrid había prescrito. Señora: lleva usted viviendo ilegalmente más de dos décadas en esa propiedad, aunque indebidamente hayan sido muchas más, abonando una cantidad ridícula en una de las zonas más caras de la capital mientras el propietario real asumía las pérdidas.
Recursos no le faltaban. Con un sueldo elevado como funcionaria y una pensión estable, bien podría haber ahorrado algo en lugar de mirar hacia otro lado. Alternativas tuvo todas: la propia inmobiliaria propietaria del inmueble le ofreció adquirirlo a un precio ventajoso y se le plantearon compensaciones económicas sustanciales además de varias opciones del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Pero es mucho más fácil enrocarse, rechazar los acuerdos y echar la culpa a la malvada "especulación" en lugar de asumir la propia responsabilidad legal.
Mientras tanto, en España se ejecutan decenas de lanzamientos cada santo día, todos ellos ajustados a derecho, pero de los que nadie habla porque que no sirven para el circo político. Hay casos infinitamente más sangrantes en el sentido más literal de la palabra, como la reciente y terrible tragedia de Olga en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, una mujer con verdadera vulnerabilidad y cargas familiares que terminó en el suicidio. Pero claro, como ese drama ocurrió bajo administraciones que no interesa desgastar, el Gobierno prefiere guardar un sepulcral silencio y centrar sus focos en el cómodo apartamento de Retiro de nuestra "Mari Carmen" funcionaria.
Es ahí donde entran los nuevos "muñecos" de la política y sus altavoces mediáticos. Ciertos ministros del Gobierno no han tardado en instrumentalizar la imagen de una camilla para activar su maquinaria de distracción masiva. Una burda maniobra que hace brotar lágrimas de cocodrilo en las tertulias televisivas, con personajes de la cuerda de Pablo Fernández soltando el llanto ensayado ante las cámaras de televisión, encantados de defender el supuesto desamparo de quien, en realidad, simplemente ha estirado un privilegio caducado hasta que los tribunales han dicho basta.
Señora, el espectáculo de títeres ha terminado. Cumplir la ley es un deber ciudadano, no una opción modificable al gusto de los marionetistas del relato político.
Si (
No(
