Durante estos tres últimos años los incendios forestales que parecían circunscribirse a España parecen haberse extendido también a Francia, Portugal, Italia y Grecia, dentro del arco mediterráneo, y a otras zonas del mundo como los EEUU, Chile y Brasil. Todo indica que, en el fondo, las verdaderas causas de los incendios forestales tengan un origen común y perverso. Por este motivo, parece inevitable tratar de averiguar y conocer las verdaderas causas de estos incendios, algo que pueda ayudar a resolver, en lo posible, el grave problema planteado como se intenta hacer con la publicación de este trabajo. Si el problema es muy grave, como es, su posible solución tiene que ser drástica y determinante. (...)
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Es difícil de aceptar que sólo alguna de las causas que más abajo se relacionan, o incluso una combinación de ellas, puedan ser las responsables de los incendios de verano que, en España, se están originando con una angustiosa frecuencia, angustia y perplejidad directamente relacionadas con las especiales circunstancias que casi siempre acompañan su extraño origen simultáneo desde puntos distintos y en zonas inaccesibles para cualquier pirómano, por mucha voluntad que pueda demostrar. Que estas zonas sean accesibles utilizando solo medios aéreos parece que obliga a repensar si todo el esfuerzo normativo que regula la prevención de estos incendios forestales es el requerido y suficiente para hacer frente a graves emergencias que habitualmente son la causa de la pérdida de las vidas de personas inocentes y sus haciendas.
1.- Causas más probables de incendios forestales en verano.
Dentro de una aceptada normalidad, las causas más probables de los incendios forestales se deben a una combinación de factores naturales, humanos y climáticos, con un claro predominio de la actividad humana. Se pueden resumir así:
-Altas temperaturas y sequías prolongadas. Estos factores no causan el fuego por sí solos, pero lo hacen mucho más fácil de propagar. Agravan el problema:
-El calor extremo seca la vegetación, convirtiéndola en un combustible muy inflamable.
-Las olas de calor aumentan la probabilidad de ignición incluso por pequeñas chispas.
-Sequías acumuladas reducen la humedad del suelo y del aire.
-Negligencia humana.
En España, más del 80% de los incendios forestales son causados por el ser humano, voluntaria o involuntariamente por:
-Colillas mal apagadas, fogatas y barbacoas en el monte.
-Cristales o botellas abandonadas que actúan como lupa.
-Uso de maquinaria agrícola o forestal que genera chispas.
-Quemas agrícolas o forestales mal controladas.
-Agricultores que queman rastrojos o pastos sin precaución.
-Uso de fuego para "limpieza" de terrenos sin la autorización debida.
-Incendios intencionados. En algunos casos, estos incendios son investigados como delitos ambientales:
-Vandalismo o piromanía.
-Intereses económicos: especulación de suelo, caza o rivalidades locales.
-Causas naturales: rayos.
En menor proporción, algunos incendios son causados por tormentas secas, más comunes en zonas de montaña o muy boscosas. Aunque naturales, pueden causar incendios devastadores en condiciones sequedad. Probabilidad entre el 5 y el 10%
2.- Posibilidad, pero no probabilidad, de que empresas privadas de extinción de incendios, que cobran por ello, los provoquen solo por propio interés.
Cualquier empresa o persona podría, en principio, provocar un incendio si existiera interés económico directo, impunidad o falta de control. Pero que sea posible no significa que sea habitual ni que hasta hoy haya podido ser demostrado, salvo casos aislados:
-En algunos países ha habido trabajadores forestales, vigilantes o incluso bomberos voluntarios que iniciaron fuegos para luego poder apagarlos y ganar reconocimiento o contratos.
-En Italia, España, Chile o EEUU, ha habido detenciones de individuos relacionados con cuerpos de extinción que provocaron incendios, pero no como una política de empresa, sino por motivaciones personales o psicológicas.
Aun así:
-No existen pruebas verificadas, ni informes judiciales, que demuestren que empresas contratistas, puedan estar provocando incendios de forma organizada.
-Los servicios de extinción (empresas y brigadas de bomberos públicos) suelen estar muy regulados y supervisados por gobiernos, ayuntamientos o comunidades autónomas.
Sin embargo, la sospecha puede surgir:
-Porque el negocio contraincendios mueve mucho dinero público.
-Porque con frecuencia los incendios aumentan y el gasto también.
-Por la desconfianza en las instituciones o empresas privadas que gestionan los correspondientes servicios públicos.
Esta aplastante lógica puede caer fácilmente en la presunción conspirativa si no se acompaña de pruebas concretas. Incluso en España, en donde la corrupción parece que ha venido para quedarse. En nuestro caso, además, la dispersión de competencias entre el gobierno de la nación, las comunidades autónomas o los ayuntamientos puede llegar a propiciar que la gestión de los incendios se pueda ver seriamente afectada por la corrupción, de un modo especial si llegan a contratarse medios aéreos extranjeros que puedan estar controlados por mafias organizadas.
Para evitar esta posibilidad se podrían aplicar las siguientes medidas:
-Auditorías públicas a las empresas contratadas.
-Contratación directa de personal público (bomberos forestales).
-Planes de prevención.
3.-Control y regulación.
Para comprender cómo se controla y regula el sistema de prevención y extinción de incendios forestales, es imprescindible saber quiénes intervienen, cómo se organizan y qué mecanismos existen para evitar abusos.
La competencia principal recae en las comunidades autónomas, que:
-Planifican los operativos.
-Contratan o gestionan personal.
-Definen las zonas de riesgo y temporadas de peligro alto.
-Dirigen la extinción de los incendios en su territorio.
Pero en nuestra organización política, con un Estado progresivamente descentralizado en 17 comunidades autónomas, es posible que la corrupción se pueda instalar en cualquier momento para explicar lo que está sucediendo realmente. La continua sucesión de incendios forestales provocados, que va en aumento, obliga a pensar que, aunque la probabilidad de que un incendio sea provocado por la empresa que lo apaga sea muy pequeña, la posibilidad de que eso se haga puede estar creciendo más de lo debido. La sucesión de incendios en época veraniega es tan grande como la impunidad de la que parecen disfrutar.
Los incendios los apagan tres grandes grupos de personal:
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-Bomberos forestales públicos.
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Gestionados por Comunidades Autónomas
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-Empresas privadas contratadas.
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Subcontratadas por gobiernos regionales
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-Unidad Militar de Emergencias (UME)
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Ministerio de Defensa (interviene en casos graves)
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Los controles sobre las empresas y brigadas son de tres tipos: administrativos, operativos y legales.
Los controles administrativos se refieren a:
-Licitaciones públicas: las empresas deben pasar por procesos públicos, controlados por órganos de contratación.
-Contratos con condiciones específicas: horas de servicio, disponibilidad, equipamiento, formación y demás.
-Auditorías e inspecciones: sobre el gasto, el cumplimiento de turnos, uso de vehículos y personal.
Los controles operativos se refieren a:
-Coordinación entre centros de mando regionales.
-Monitoreo por GPS y radio de brigadas y aeronaves.
-Informes pos-incendio: análisis de causas, tiempos de respuesta y eficacia.
Y los controles legales ser refieren principalmente a:
-El Código Penal que tipifica como delito el incendio intencionado de un bosque.
-Si el responsable, además, pertenece a una brigada o empresa contratada, puede ser inhabilitado y sancionado administrativamente.
Para evitar que se puedan provocar incendios intencionados los contratos correspondientes a las brigadas o empresas privadas, no se pagan por incendio, sino por disponibilidad: una brigada cobra, aunque no haya incendios, siempre que esté operativa. No queda claro en lo que esta legislado si con las empresas privadas sucede lo mismo.
Los gastos en personal y medios empleados están presupuestados y controlados. No se bonifican por “apagar más incendios”. La mayoría de las brigadas son públicas o semipúblicas, y sus trabajadores están sindicalizados y regulados.
3.-Conclusiones.
- La organización del sistema de prevención y lucha contra incendios forestales en España, en general, es completa y bien diseñada. El sistema de extinción de incendios forestales está muy reglamentado, con controles operativos, legales y financieros.
-Aunque siempre hay margen de mejora, el diseño del sistema no incentiva económicamente que se provoquen fuegos, y cuando se detectan irregularidades, suelen ser casos aislados y perseguidos legalmente.
-Sin embargo, la actual, angustiosa y sucesiva proliferación de incendios forestales durante la época veraniega nos lleva a concluir que el sistema, utilizando una imagen marinera, hace agua por alguna de sus partes, más por el sector privado que por el público.
-Probablemente existe demasiada descentralización en la lucha contra incendios cuando se responsabiliza de ella a cada una de las 17 comunidades autónomas, cuando no disponen por sí mismas de más medios que las limitadas brigadas de bomberos forestales. Que estas comunidades autónomas se vean en la necesidad de acudir a empresas intermediarias para subcontratar medios contraincendios privados permite considerar esta necesidad como un elemento de debilidad del sistema.
-Aunque consta que la mayoría de las empresas privadas se comporten con la justicia y el trabajo honrado que se puede esperar de ellas, basta la sola presencia en el sistema de una empresa corrupta o mafiosa, que hasta puede ser extranjera, para que los incendios intencionados se puedan producir.
-Debemos de reconocer, sin embargo, que, hasta hoy, aunque es teóricamente posible que una empresa o persona del sector de extinción pueda provocar un incendio para obtener un beneficio económico, no hay evidencia ni pruebas de que sea una práctica sistemática ni generalizada. Los casos documentados que se podrían tener en cuenta serían aislados, individuales, y delictivos, sin que puedan formar parte de una estrategia empresarial generalizada.
- Por todo ello, y para evitar una indeseable dependencia no deseada entre el legítimo interés privado en obtener el debido rendimiento a sus inversiones y la obligada financiación pública de sus actividades contraincendios parece conveniente y necesario que todos los medios empleados en la lucha contra incendios forestales sean públicos y dependan directamente de las comunidades autónomas o del Gobierno de la Nación, según la importancia y trascendencia de los medios a emplear. Por su saber hacer y entender, la Unidad Militar de Emergencia (UME) podría ser la piedra angular del nuevo sistema.
San Isidro (Pontevedra),10 de agosto de 2025.
Aurelio Fernández Diz.
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