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Como se recordará, Donald Trump ya reconoció al final de su primer mandato, en diciembre de 2020, la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, a cambio de que Marruecos estableciera relaciones con Israel como parte de los Acuerdos de Abraham.
Pero hay un problema, el Sahara Occidental es considerado por la ONU como un territorio autónomo pendiente de descolonización. De acuerdo con el derecho internacional, cualquier explotación de recursos de un territorio autónomo en dicha situación debe contar con el consentimiento del pueblo que le corresponde decidir sobre su futuro, en este caso el pueblo saharaui representado por el Frente Polisario. Este consentimiento, hasta ahora aún no ha llegado.
Las compañías estadounidenses no se ven limitadas por las decisiones de la justicia de la Unión Europea que, en octubre pasado, anuló a instancias del Polisario los acuerdos pesqueros y comerciales del club comunitario con Marruecos. El Tribunal de Justicia de la UE estableció entonces que comerciar con productos del Sahara Occidental suponía reconocer la soberanía de hecho de Rabat sobre un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte de Marruecos. Tras evaluar la situación de seguridad, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense autorizó la presencia de inversores extranjeros en la región.
Massad Boulos, asesor especial del presidente, Donald Trump, para África visitó Argelia los días 26 y 27 de julio pasado. Boulos subrayó el carácter estratégico de la relación bilateral entre Argel y Washington, calificándola de crucial para Estados Unidos. Ambas partes reafirmaron “los vínculos de larga data” y su voluntad de seguir reforzando la cooperación en materia económica, diplomática y de seguridad.
Mientras Marruecos pretende presentar el conflicto del Sahara Occidental como un asunto regional y económico, en las declaraciones del asesor presidencial se reiteró el apoyo de su país al llamado “plan de autonomía” para el Sahara Occidental, aunque fue cuidadoso en no alejarse del marco legal internacional ya que afirmó que Estados Unidos sigue comprometido con una solución pacífica y duradera evitando cualquier referencia directa que contraviniera las resoluciones de la ONU que establecen el derecho del pueblo saharaui a un referéndum de autodeterminación.
En román paladino, Washington mantiene una ambigüedad calculada. Es decir, respalda formalmente la ocupación marroquí, pero sin romper totalmente con la legalidad internacional, ni reconocer oficialmente la soberanía marroquí de manera plena. Sin embargo, esta ambigüedad le permite a Rabat utilizarla políticamente como una legitimación internacional.
Al hilo de estas previstas inversiones en el Sahara Occidental, es preciso añadir los grandes beneficios que está proporcionando a Marruecos la ilegítima soberanía sobre territorio saharaui. Aparte de lo mencionado de las actuales y futuras inversiones, quiero destacar en este momento tres elementos cruciales que convierten a Marruecos en una potencia regional en el contexto geopolítico de la encrucijada Atlántico Oriental-Mediterráneo Occidental que constituye un área de alto interés estratégico español.
En primer lugar, el fosfato. Marruecos es el segundo productor mundial de fosfatos, después de China, y controla el 70% de las reservas mundiales. Alrededor del 8% de la producción nacional proviene del Sahara Occidental, en concreto, de la mina de Fosbucrá. Por ello, el Polisario ha optado por una forma ofensiva legal. Últimamente, ha conseguido bloquear barcos con fosfato saharaui en puertos de Sudáfrica, Panamá o Nueva Zelanda. Más de una decena de empresas internacionales han dejado de comprarlo, temiendo litigios o daños reputacionales.
En segundo lugar, la zona comprendida entre las Islas Canarias y las costas del Sahara Occidental en la que existe una gran riqueza no solo debida a las grandes reservas de hidrocarburos ubicados en sus profundidades sino también el banco pesquero canario sahariano, uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo, proporciona a Marruecos enormes beneficios. De hecho, la empresa israelí NewMed Energy ha puesto en marcha la exploración de gas natural frente a la costa saharaui. Esta concesión, otorgada por Marruecos, sin ninguna legitimación internacional, se sitúa peligrosamente cerca de las aguas canarias.
En tercer lugar, y para no seguir añadiendo otras riquezas, se encuentra la soberanía sobre el monte TROPIC, rico en cobalto, telurio y tierras raras en general, situado a 269 millas al sur de la isla de El Hierro, en la interferencia entre la plataforma continental española de 350 millas alrededor de las Islas Canarias y la plataforma continental sahariana, también de 350 millas. Esta ampliación la solicitó España en el año 2014 y Marruecos la ha solicitado en tiempos recientes, amparado en la soberanía no reconocida sobre el Sahara Occidental.
Pero la más preocupante es la ventaja geoestratégica que se le presta a nuestro rival y vecino del sur, Marruecos, no solo por la riqueza propia del territorio sahariano y sus aguas jurisdiccionales sino también por la donación de la región saharaui con una extensión territorial cercana a la mitad de España que presiona política y estratégicamente sobre las Islas Canarias, es decir, sobre nuestros intereses estratégicos vitales de seguridad. Por cierto, de forma totalmente gratis.
La carta del presidente Sánchez, del 14 de marzo de 2022 señalando que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo, supuso un error político-estratégico de imprevisibles consecuencias, aunque entiendo que al no haber sido avalada por el Congreso esta decisión, sus efectos jurídicos en el sistema estatal internacional pueden ser cuestionables. Cambió la posición tradicional de la política exterior española de apoyar el derecho al referéndum del pueblo saharaui, proclamado por Naciones Unidas.
La posible soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental tiene una dimensión regional e internacional que no puede ser ignorada por España. Lo que está en juego no es solo el intento de legitimar una ocupación que atenta contra el derecho internacional o contra el destino de un pueblo de descolonización, sino también rompiendo el equilibrio geoestratégico en el escenario geopolítico del Atlántico Oriental-Mediterráneo Occidental que afecta poderosamente a nuestros intereses estratégicos inmediatos y a la seguridad y estabilidad internacional.
Está en cuestión la unidad territorial y la entidad estratégica de España conformada por el territorio peninsular, las islas Canarias, las islas Baleares y nuestros territorios en el Norte de África. Cuando una parte importante del territorio español está, cuanto menos, sometida a unos riesgos y peligros ejercidos por un actor externo, que atentan contra su seguridad, el gobierno nacional tiene la obligación de tomar las medidas adecuadas para garantizar la estabilidad en su entorno geoestratégico.
En definitiva, la actual política exterior española se encuentra en una posición contra natura en una situación de huida hacia adelante que está conduciendo a España a una pérdida de prestigio permanente tanto a nivel regional como en el horizonte internacional. Por ello, se siente la necesidad de reorientar nuestra política exterior a la mayor brevedad.
GD (R) Jesús Argumosa
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