La red ferroviaria española ha vuelto a quebrarse de la forma más dolorosa imaginable. El brutal choque por alcance ocurrido a las 08:54 de esta mañana entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo a la altura de Urda (Toledo) arroja un balance provisional desgarrador: al menos 68 víctimas mortales y cerca de un centenar de heridos, quince de ellos críticos. Con la línea Madrid-Sevilla completamente paralizada y las tareas de rescate aún calientes, el foco técnico se sitúa sobre el centro de control de Adif en Atocha, desde donde presuntamente se dio una orden "inexplicable" para rebasar una señal en rojo tras una avería en el sistema de seguridad LZB. Sin embargo, despachar esta tragedia bajo el comodín del "error humano", del eslabón más débil de la cadena operativa, sería no solo una injusticia, sino una profunda ceguera analítica.
Ya en enero de este mismo año, con motivo del trágico siniestro de Adamuz, un artículo de opinión de La Crítica advertía que, detrás de cada catástrofe no natural, late siempre un fallo humano estructural. Pero la ingeniería de seguridad moderna nos enseña un axioma ineludible: un sistema de seguridad robusto debe estar obligatoriamente diseñado para neutralizar el error humano, incluso cuando este es intencionado o fruto de un sabotaje. Si la vida de cientos de pasajeros depende de la infalibilidad de un solo operario sometido a una alta presión en un momento de crisis, el problema real no es la persona; el problema es un diseño de infraestructura deficiente y vulnerable. Las barreras tecnológicas y los protocolos automatizados de redundancia existen precisamente para vetar las decisiones erróneas de los operarios, evitando que un fallo individual se traduzca de forma directa en muerte. Un ejemplo son los modernos aviones de línea que, con los sistemas TCAS, son capaces de esquivar en el último momento un improbable error del controlador, a su vez con supervisión redundante.
Una vez completado el rescate y la identificación de las víctimas, la sociedad civil no puede conformarse con el señalamiento público de un trabajador del centro de control suponiendo que tuviera alguna responsabilidad. Se deben exigir responsabilidades políticas y técnicas a alto nivel de forma inmediata. Corremos el grave riesgo de que se repita el decepcionante escenario del accidente de Adamuz de enero, donde la crisis se cerró en falso en los despachos institucionales sin que se produjera una sola dimisión en la cúpula del Ministerio de Transportes o de Adif. La acumulación de incidentes graves en la alta velocidad ferroviaria en menos de diez meses evidencia problemas estructurales de mantenimiento y supervisión que no se solucionan con retórica política. Diluir la culpa aguas abajo para salvar a los altos cargos parlamentarios ante las inminentes elecciones generales del 29-N sería un insulto intolerable a la memoria de los fallecidos.
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