La Unión Europea ha sido durante décadas el referente institucional del proyecto democrático europeo, garante de derechos y equilibrios. Pero ante la evolución política de algunos Estados miembros —entre ellos, España—, empiezan a surgir interrogantes sobre la firmeza con la que Bruselas está dispuesta a defender los valores que proclama. ¿Es indiferencia? ¿Cálculo estratégico? ¿O simplemente una confianza excesiva en que todo Estado miembro respetará, sin coacción, los principios de la democracia liberal? (...)
...
En los pasillos de Bruselas resuenan con creciente frecuencia las palabras «estado de derecho», «cohesión democrática» y «Agenda 2030», aunque pocas veces convergen en una discusión explícita sobre España. Y sin embargo, el caso español reúne buena parte de los dilemas que la Unión Europea se esfuerza en gestionar —o en el peor de los casos, en ignorar. Mientras el gobierno español impulsa reformas institucionales controvertidas y aplica con rigor desigual los mandatos ecológicos y sociales del Pacto Verde Europeo, la UE parece vacilar entre la complacencia, la confusión y la inacción.
La Justicia viene siendo punta de lanza de entre las reformas legítimas y la erosión institucional. Uno de los debates más tensos entre Madrid y Bruselas ha girado recientemente en torno al Estado de derecho. Las reformas del Código Penal español —como la derogación del delito de sedición o la aprobación de una Ley de Amnistía con motivación política evidente— han suscitado alarma dentro y fuera del país. Aunque la Comisión Europea ha optado por una posición prudente, aludiendo a la soberanía nacional sobre estas cuestiones, voces como la de la eurodiputada Dolors Montserrat han advertido que algunas cesiones podrían debilitar los equilibrios del sistema judicial. La ausencia de una posición firme por parte de Bruselas, contrastando con su severidad hacia países como Hungría o Polonia, alimenta la percepción de que los principios europeos no se aplican con la misma vara de medir.
La creciente percepción de que el poder ejecutivo interfiere en el poder judicial —ya sea en la elección del Consejo General del Poder Judicial o en la presión mediática sobre los tribunales— ha encendido luces rojas sobre la salud democrática de España. Y la inacción europea, o su tono excesivamente diplomático, está siendo leído por algunos sectores como una forma de permisividad peligrosa. A ello se debe añadir otro aspecto fundamental como son las finanzas públicas que se mueve entre el déficit y el desgaste. España arrastra un déficit estructural elevado que ha superado el 100% del PIB. La Comisión Europea ha exigido al Gobierno español una corrección progresiva de este desequilibrio, con un ajuste del 0,5% anual. No obstante, estas presiones chocan con las promesas internas de gasto social, sostenibilidad económica y mantenimiento del Estado del bienestar, especialmente en un contexto de inflación y polarización política y corrupción alarmante. Pero la pregunta es: ¿puede un país con desequilibrios estructurales responder simultáneamente a las exigencias fiscales europeas y a las demandas sociales internas sin comprometer su estabilidad? La tensión entre austeridad y protección social es un viejo dilema europeo, pero en España adquiere hoy un cariz particularmente agudo.
Mientras tanto, el retraso en la ejecución de fondos europeos y la falta de transparencia en su reparto siguen siendo motivo de crítica, tanto desde las instituciones europeas como desde sectores empresariales nacionales. España parece debatirse entre las exigencias del cumplimiento presupuestario y las urgencias de su propia agenda política. Otro nuevo toque de alarma es producido por el evidente déficit democrático sobre el que hay una cierta desconexión con Bruselas. Aunque España sigue siendo uno de los países más europeístas del continente, los indicadores de confianza democrática no son halagüeños. Según Eurobarómetro, solo un 39% de los ciudadanos españoles tiene una imagen positiva de la UE, y más de la mitad considera que su voz no cuenta en Bruselas. La participación en las elecciones al Parlamento Europeo sigue siendo baja, lo que refleja una desconexión preocupante entre ciudadanía e instituciones europeas. Esta distancia se amplifica cuando la percepción es que la UE calla ante retrocesos democráticos en países afines políticamente a las mayorías europeas, pero reacciona con dureza cuando se trata de gobiernos de signo contrario. La doble vara de medir mina la credibilidad institucional del proyecto europeo.
La política de Defensa está diluida entre el compromiso exterior y la prioridad interna. España se ha comprometido con la OTAN a destinar el 2% del PIB al gasto en defensa de cara a 2029. Sin embargo, una reciente encuesta del Real Instituto Elcano refleja que la mayoría de los ciudadanos prefiere que se prioricen inversiones en vivienda, industria y servicios públicos antes que en armamento y despliegue militar. Esta divergencia entre las prioridades estratégicas europeas y las preocupaciones sociales internas plantea interrogantes para solo algunos partidos minoritarios, sobre la legitimidad democrática de determinadas decisiones. Pero no nos engañemos, esto es el mantra de la Izquierda que siempre presumió de anti armamentista basándose en su pretendido pacifismo y su vocación social, pero lo cierto es que nunca han planificado políticas serias de viviendas, educación o empleo.
De nuevo la ideologización sobre la sostenibilidad climática y ambiental lleva a una imposición tecnocrática en la aplicación de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo despertando en España un cada vez más intenso debate, sobre todo en zonas rurales. Agricultores de provincias como Jaén, Córdoba o Málaga han denunciado la tala masiva de olivos para la instalación de parques fotovoltaicos, a menudo sin su consentimiento y bajo resoluciones de «utilidad pública» que desestiman las alegaciones ciudadanas. Partidos como VOX han criticado estas políticas como una forma de «ecologismo radical» que castiga a la agricultura local mientras se favorece a países extracomunitarios —como Marruecos— que reciben financiación europea para plantaciones competitivas. Relatos sobre una trayectoria de los países dirigida hacia un Nuevo Orden Mundial (NOM), reflejan un malestar real: el de quienes sienten que las políticas climáticas no consideran las realidades socioeconómicas de las comunidades locales. El reciente apagón eléctrico masivo de abril de 2025 —el mayor en la historia de España— puso de relieve otra paradoja: ser potencia solar no garantiza estabilidad si no se acompaña de infraestructuras adecuadas de almacenamiento y gestión de la energía.
Uno de los efectos menos discutidos pero más preocupantes de esta transición energética es su impacto sobre el suelo y la biodiversidad y transición energética que puede llevarnos a una desertificación: el riesgo olvidado. La implantación masiva de paneles solares en suelos fértiles y semiáridos está generando impactos ecológicos preocupantes: pérdida de cobertura vegetal, compactación del suelo, alteración de microclimas y riesgos de desertificación que responde a una degradación inducida por la actividad humana: la sobreexplotación de acuíferos, la deforestación, el sobrepastoreo o, más recientemente, la implantación intensiva de infraestructuras energéticas sobre suelos agrícolas. En este sentido, numerosos expertos alertan de que el despliegue indiscriminado de plantas fotovoltaicas sobre tierras fértiles o semiáridas, sin una planificación territorial adecuada, puede actuar como catalizador de procesos de desertificación acelerada, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico de amplias zonas rurales. Según el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, más del 74% del territorio español es susceptible a sufrir desertificación, siendo el segundo país europeo más expuesto, por detrás de Portugal. La FAO y el Plan de Acción Nacional contra la Desertificación ya han advertido que el modelo energético debe armonizarse con las realidades edafoclimáticas locales para evitar daños irreversibles.
La tibieza de la Unión Europea ante los desafíos institucionales, democráticos y medioambientales que atraviesa España empieza a percibirse como algo más que una omisión táctica. ¿Hay complicidad, ausencia, impunidad, o desconexión de Bruselas con los problemas particulares de los países miembros como España? La desigual aplicación de normas comunes y la falta de un discurso coherente por parte de Bruselas pueden erosionar no solo la confianza de los ciudadanos, sino también la legitimidad del proyecto europeo. Para algunos analistas, España se está convirtiendo en un laboratorio experimental de la Agenda 2030 en Europa: una mezcla de reformas aceleradas, aplicación mecánica de directivas verdes y una tolerancia europea que raya en la indiferencia. Este enfoque, que combina centralismo tecnocrático con desprecio por la realidad local, puede tener un alto coste político y social. En este sentido, la actitud de la UE hacia España es interpretada por sectores crecientes no como solidaridad, sino como negligencia o, peor aún, como complicidad.
Si España es hoy un laboratorio de ensayo para una parte de la Agenda 2030, Bruselas debería observar con más atención los efectos secundarios. La sostenibilidad, la justicia social y la transición energética no pueden avanzar a costa del tejido democrático ni del equilibrio rural. Europa debe decidir: o actúa con firmeza y coherencia, o corre el riesgo de convertirse en una unión complaciente, donde la inercia sustituya a los principios y seamos los ciudadanos quienes queramos desconectarnos de Europa. La respuesta europea ante la deriva institucional, económica y medioambiental de España está lejos de ser ejemplar. La UE parece atrapada entre su retórica de valores y su pragmatismo político. La inacción, sin embargo, no es neutral: debilita la credibilidad del proyecto europeo, fomenta el euroescepticismo y erosiona la confianza ciudadana. Si Europa quiere mantenerse fiel a sus principios fundacionales —estado de derecho, justicia social, democracia participativa— deberá actuar con más coherencia, empezando por dejar de mirar hacia otro lado en el caso español.
La pregunta, por tanto, sigue abierta: ¿es Europa simplemente indiferente, o está dispuesta a convertir a España en un campo de pruebas para políticas cuya sostenibilidad aún está por demostrarse?
Por último, la Unión Europea es una Unión económica esforzándose por ser una Unión política, pero de momento lo que hay es solo una Unión de políticos. Los ciudadanos debemos permanecer alerta en este punto.
Iñigo Castellano y Barón
Conozca a Íñigo Castellano y Barón
acceso a la página del autor
acceso a las publicaciones del autor
Si (
No(
_thumb_760.jpg)
