Carta abierta sobre Gibraltar (V)

... que a pocos interesa pero que es una vergüenza para el honor y la dignidad de los españoles que aún saben lo que es el honor y la dignidad. Al margen de la ineptitud y volátil política exterior de los gobiernos de esta peculiar democracia en que estamos –en especial de esta última de corte socialcomunista y frentepopulista–, así como del silencio cómplice de unos medios de comunicación talibanizados al servicio de dichos gobiernos.

Hace muy pocos años, un militar de nuestra Armada escribió un artículo esclarecedor en el que ponía de manifiesto el chantaje de los famosos “trabajadores españoles que pasan a Gibraltar”, se supone que a trabajar. Decía en aquel artículo que, en realidad, para el gobierno británico esos “trabajadores” les eran imprescindibles para mantener en el Peñón una base naval y un aeródromo militar. Y todo ello con la “comprensión” no sólo de los gobiernos de España, sino de varias autoridades españolas en ciudades del Campo de Gibraltar. Pero, ¿cuántos “trabajadores” españoles son los que de verdad trabajan en Gibraltar? ¿8.000, 5.000, 2.000? Los únicos que están inscritos como tales no llegan a los 300. ¿Y los demás? Pues a no declarar por las razones que ellos saben su entrada y salida diaria en la Roca y, por supuesto, muchos de ellos a trapichear a base del contrabando de tabaco u otros bienes, que es lo que les da de comer a diario. No por casualidad no hace mucho fueron detenidos en Gibraltar dos vendedores de tabaco por defraudar impuestos a la Hacienda británica por no declarar ventas por 12 millones de libras. Por cierto, las cifras de estos “trabajadores” varían todos los meses.

Queridos amigos, los pilares de la economía gibraltareña son los siguientes: suministro de combustible –gasolineras flotantes– a buques que pagan precios bajos, con el consiguiente peligro medioambiental que ese trasiego comporta; el famoso y enorme “centro financiero”, de lavado de dinero negro entre otras actividades, que ha convertido a Gibraltar en paraíso fiscal; el contrabando de tabaco; el turismo británico y el juego “on line”. Esta economía es la que mantiene el coste de las instalaciones británicas en la Roca. El mantenimiento de la base naval, a donde llegan buques propulsados por energía nuclear, es de 60 a 70 millones de libras al año. Sin el apoyo de esa economía gibraltareña el coste de ese mantenimiento se multiplicaría, con el consiguiente perjuicio para la Hacienda británica.

Pero lo más grave es que esa economía de Gibraltar coloniza y hace sumisa la de La Línea y parte de algunas otras poblaciones del Campo de Gibraltar, como consecuencia del abandono en que los gobiernos de España dejaron a esta parte de nuestro país para beneficio exclusivo de los intereses gibraltareños… y de la corrupción del PSOE de Andalucía.

¿Debemos añadir a esto el internacionalismo socialista?, ¿la globalización?, ¿la estupidez de la política exterior española? En el año 2011, el PSOE de Rodríguez Zapatero abrió, ¡en territorio español!, un Centro Cervantes en Gibraltar. Fue cerrado en el año 2015 por el gobierno de Rajoy porque “el Peñón es territorio nacional y allí, salvo los simios, todos hablan español”. Pero fijémonos ahora en la incongruencia de la veleta de nuestra política exterior. De nuevo el PSOE quiere la reapertura de aquel Centro, uniéndose también a esta idea el nuevo PP. ¿Se puede entender semejante disparate?

A mayor abundamiento, personajes políticos, algunos medios y personas supuestamente formadas desde el punto de vista de sus conocimientos, abogan por la permanencia y el buen rollito con la única colonia de la Unión Europea.

Así, un tal Jesús Verdú, profesor en la Universidad de Cádiz, ante la posible ruptura de negociaciones entre Gran Bretaña (GB) y la Unión Europea (UE), y a pesar de que Gibraltar sigue figurando en la ONU como un territorio no autónomo pendiente de descolonización, escribió el pasado 23 de octubre:

Necesitamos un acuerdo global entre GB y la UE que permita a su vez otro bilateral España-Reino Unido en torno a Gibraltar. Que proporcione un marco de seguridad jurídico que no sólo contribuya a mantener la fluidez de paso por el puesto fronterizo, sino que sirva de estímulo a la inversión y a consolidar la confianza de todas las partes implicadas para profundizar en ese espacio de prosperidad compartida que deseamos para Gibraltar y el Campo de Gibraltar.

Está claro que con españoles colaboracionistas con el interés británico y gibraltareño –que es el que acapara la prosperidad de la zona– lo único que se consigue es afianzar la permanencia de la colonia en España. Si no, este colaboracionismo, ¿a favor de quién trabaja? Si la prosperidad del Peñón se consigue por la colonización de la zona que lo rodea, ¿qué persigue el relativismo, el buenismo o la estupidez de semejantes afirmaciones?

El 22 de octubre, el presidente de la británica Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, declaró que:

si el pueblo de Gibraltar decide la semana que viene que quiere unirse a España, ¿quién sería yo para impedirlo? Sólo el pueblo de Gibraltar tiene derecho a decidir sobre su propio destino.

Vamos, como dicen los nacionalseparatistas. Y añadió: “No tenemos derecho a cederlo (Gibraltar), ni tenemos derecho a quedárnoslo”. Frente a semejante cinismo, ¿qué hace el gobierno español? No, señor Hoyle. Sabemos que es usted un ferviente defensor de los intereses británicos. Son los gobiernos de Londres y de Madrid los que la ONU admite que tienen que entenderse. Sólo ellos. Nada de pueblos ni de otras majaderías. Además de que los gibraltareños, en 2016, votaron mayoritariamente que deseaban quedarse en el bloque de la UE, no en el Brexit.

En su artículo del 21 de octubre titulado “¿Acuerdo o no Acuerdo?” del abogado y periodista gibraltareño Robert Vázquez, destacaba la relación directa entre España y Gibraltar (que es lo que precisamente desea GB), para alcanzar dos objetivos por una y otra parte: una frontera fluida y una prosperidad compartida. Y, mira por dónde, el ministerio de Exteriores español parece también desear, haya o no acuerdo entre GB y la UE, que “los derechos de los ciudadanos (incluidos los trabajadores transfronterizos)”, tal y como figura en el Acuerdo de Retirada, sigan en vigor después del 31 de diciembre próximo. Como os dije en mi carta anterior, una vergüenza para España a base de la excusa de los famoso “trabajadores”.

Lo que en realidad temen los gibraltareños, ese abogado, algunos colaboracionistas españoles –entre ellos bastantes empresarios del llamado Grupo Transfronterizo– y el gobierno británico, es que España decidiera, en virtud de su plena soberanía y desprendiéndose de sus complejos e ideologías trasnochadas, cerrar la verja para convertir la única colonia de la UE en una ratonera.

Al margen de dotar a las Fuerzas Armadas españolas del presupuesto necesario para mantener a raya a la victoriana y también trasnochada Royal Navy, a la RAF y a los gurkas.

Un fuerte abrazo.

Enrique Domínguez Martínez Campos