La democracia merece un Estatuto del Político

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y probablemente como mi padre, hubiera alguna persona que quisiese reescribir la historia pasada desde un punto de vista reivindicativo en vez de un riguroso análisis histórico. Un pasado tan lejano se hizo irrelevante en lo referente a la moralidad o legitimidad de los acontecimientos que llevó a España a sufrir tres guerras civiles de carácter dinástico: carlistas e isabelinos. El devenir político de nuestra España prosiguió su curso sin asentarse en principios enmohecidos por el transcurso del tiempo. La monarquía fue violentada por una República que ofreció falaces resultados en un sufragio de carácter municipal, cuyos resultados todos conocemos. Tras la guerra civil de 1936 y la victoria del bando nacional, la izquierda se retiró a sus cuarteles de invierno para así permanecer en estado letárgico durante el período de la dictadura franquista. Pero no toda la izquierda. Si el PSOE estuvo dormido como hacen los osos, no el partido comunista que mantuvo vivas sus células hasta la Gran Reconciliación que todas las facciones políticas asumieron tras la muerte del general Franco, para permitir la apertura del sistema democrático que ya funcionaba en el resto de la Europa occidental.

La Transición no sin dificultades dibujó un panorama en el que el anterior régimen quedaba definitivamente fuera de juego bajo el imperio de la Constitución española de 1978 auspiciada desde la Corona y seguida por todos los partidos políticos. España inició su nueva andadura alternando el poder entre la derecha y la izquierda y desarrollándose en el tejido formado por una Europa Unida en lo económico aunque más separada, dependiendo de las regiones, en lo político. Pero algo cambió las propias entrañas de la Comunidad económica europea como fue tras una revuelta popular, la caída del Muro de Berlín en 1989. La fundamentación teórica del marxismo y el pensamiento de Engels cayeron igual, dejando a una izquierda desarbolada en una Europa que ya los había rechazado y cuya izquierda moderada había abrazado la socialdemocracia frente a una derecha de corte liberal. Pero resultó que en España, que no vivió el europeísmo emanado de la Segunda Guerra Mundial, su izquierda mayoritariamente representada por el PSOE, a duras penas hubo de adherirse a la Europa comunitaria como a la organización militar que lo representaba, la OTAN. No estaba en su ADN aquella democracia europea. La izquierda española estaba coja de objetivos y retos, solo los sindicatos de clase representaban algo que empezaba a ser caduco.

Había que establecer un nuevo relato que permitiera no solo la supervivencia sino el asalto al poder. No bastaba la alternancia política que se dieron en las distintas legislaturas. Había llegado el momento de mostrar su supuesta autoridad moral con nuevas fundamentaciones teórico sociales que les dieran la primacía y la gobernabilidad permanente. España que realmente apenas gozó de una socialdemocracia como en Europa, fue caldo de cultivo para nuevas experimentaciones radicales enarboladas por el comunismo, pero que abrían nuevos debates al PSOE siempre oportunista para anular a la derecha liberal y de nuevo, establecer un régimen apoyado por los movimientos de emigración procedentes de una Hispanoamérica revolucionaria y empobrecida por dictadores marxistas. La corrupción generalizada y los históricos nacionalismos separatistas españoles apoyaron el nuevo relato de esa izquierda radicalizada y globalizada.

Hemos contemplado cómo un autócrata ocupa el poder, confina a los ciudadanos y cierra el Parlamento mientras sigue legislando por Decreto-Ley. Hemos visto el asalto al poder a todos los niveles de las Instituciones del Estado. Resulta doloroso enumerar lo que además ya viene en la hemeroteca de estos últimos cuatro años. Pero lo cierto es que en España se ha abierto una falla profunda que amenaza como el principio de un terremoto cuyo grado en la escala no podemos predecir. Así en estas circunstancias, las campañas electorales de carácter local de una España fragmentada en regiones autonómicas, añadido a las campañas de elecciones generales se han convertido en verdaderas subastas para la compre de votos. Las ofertas políticas que recibe el ciudadano, desinformado por una prensa inexistente o clientelar del poder político, son de lo más variopintas, cuando no folclóricas o imposibles, en definitiva como una almoneda en donde se vende de todo, carentes de cualquier respaldo o garantía, tan solo meras promesas que no comprometen en nada al oferente. Es un permanente cuestionamiento que enfrenta al ciudadano frente a tesis inoperantes y muy alejadas de sus necesidades. El Estado del Bienestar frente al Bienestar del Estado es el resultado de una controversia subversiva, tendente y así manifestada por los socios del Gobierno en funciones para aniquilar definitivamente a España, y después ya veremos…

En este panorama donde el ciudadano de esta España invertebrada tan solo tiene ocasión cada cuatro años de reflejar su voluntad a través de la urna, se ve inmerso en una borrachera de ofertas y subsidios sin entender lo que ya es una España clientelar de profundas raíces en el siglo XIX. Y tras este sombrío escenario, la pregunta o al menos, una de ellas es ¿quién paga esta fiesta y dónde están las responsabilidades? Pues bien, creo desde muchos años que es necesario y muy relevante establecer y legislar un ESTATUTO DEL POLÍTICO, que recoja el potencial de responsabilidad que debe asumir cualquier político en el ejercicio de sus funciones y de su acción política. De igual manera que se establecieron en su día el estatuto del trabajador, el del niño, el de la mujer, etc. todos ellos con un espíritu integrista de la diversidad legislativa y como garante de los derechos de aquellos, sería necesario de igual manera un ESTATUTO DEL POLÍTICO que determinara el ámbito en el que puede ofertar su programa político dentro de la racionalidad natural de las cosas y de la legalidad constitucional. Dicho Estatuto debería en paralelo, blindar al ciudadano votante frente a la mentira o la imposibilidad material de determinadas promesas únicamente hechas para captar el voto. El ESTATUTO DEL POLÍTICO fijaría las responsabilidades a que hubiera lugar en los casos de flagrantes desvaríos así como de las acciones políticas incursas en actos punitivos de carácter penal o constitucional, estableciendo las sanciones y penas para los políticos teniendo en cuenta su situación privilegiada de poder como agravante en la tipificación penal.

En definitiva, Lo vivido en estos últimos años ha evidenciado una necesidad clara de transparencia hacia el ciudadano por parte de la clase política en general. Hemos asistido a situaciones insólitas e inconstitucionales, a indultos por razones políticas y a la misma supresión de algunos delitos como la sedición. Mientras que el Bienestar del Estado crece, el ciudadano indefenso o desinformado ve día a día mermada su capacidad de respuesta y debe armarse de santa paciencia a que transcurran cuatro años para acabar una legislatura. Resulta finalmente una gran frustración y desesperanza al tiempo que impotencia, dejando aparte si es la derecha o la izquierda, el saber que hasta el tercer pilar básico de cualquier democracia como es el poder jurisdiccional cae en las manos expropiatorias del poder ejecutivo. Cómo el parlamentarismo es hurtado para legislar con verdadero abuso del decreto-ley y cómo las sentencias son retrasadas intencionadamente o en el mejor de los casos por imposibilidad de recursos humanos o tecnológicos en la administración de justicia. Los justiciables nos merecemos otra cosa, y como ciudadanos de un pueblo soberano exigimos la transparencia y no verdades o mentiras diluidas por una clase política acostumbrada a no ser requerida por sus responsabilidades pues para eso está blindada.

El problema es qué partido estaría dispuesto a establecer un ESTATUTO DEL POLÍTICO… Hoy por hoy, creo que casi ninguno, pero mientras tanto mantengamos la idea como una ilusión o un reto de una sociedad cansada, si no hastiada del chalaneo de esta almoneda en la que nos han convertido.

Iñigo Castellano y Barón

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