La OTAN y España

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En este caso, dicha originalidad ha consistido en que el gobierno de España, o más bien una parte del mismo, ha celebrado el mencionado aniversario mientras que otra parte no solo no ha participado, sino que se opone a la celebración de la Cumbre que la Alianza va a celebrar en Madrid los días 29 y 30 de junio e incluso plantea contrarrestarla con una paralela Conferencia por la Paz.

Decisión, la de oponerse a una reunión de enorme alcance político y estratégico en la que se aprobará en nuevo Concepto estratégico, tras el vigente de 2010 y que se reclama para hacer frente a todos los cambios geoestratégicos sufridos en las relaciones internacionales, en unos momentos en que Occidente parece encontrar una gran unanimidad en las políticas de seguridad y defensa ante la agresión injustificada e ilegítima de Rusia en Ucrania, lo que muestra esa dicotomía política e ideológica que desde hace cuarenta años ha presidido la percepción de la opinión pública y la participación de España en la OTAN.

Así, tras la solicitud de adhesión formal a la Alianza el 2 de diciembre de 1981 por el gobierno centrista de Calvo Sotelo, y el ingreso efectivo seis meses después, a pesar de que en esos momentos las encuestas mostraban un muy limitado de la opinión pública del 18%, la llegada al poder en octubre de 1982 de Felipe González y los socialistas paralizó la integración en la estructura militar aliada.

La peculiaridad y fragmentación en clave interna se volvía a mostrar con las reticencias ante el ingreso en la OTAN del gobierno recién llegado al poder y parte importante de la opinión pública española, algo que no ha ocurrido con las sucesivas incorporaciones de otros países europeos, tras el fin de la Guerra Fría, a la Alianza.

La OTAN, debe asumirse, no cubre todos los intereses estratégicos de España y parece lógico pensar que esas visiones y fragmentación política interna no cabe duda influyeron que, en el proceso de negociación para la adhesión a la Alianza, se excluyera la aplicación de la cláusula de defensa colectiva a nuestras ciudades del norte de África, en coherencia con una lectura estricta del Artículo 6 del Tratado de Washington.

Sin embargo, las objeciones ideológicas comentadas no pudieron superar la confrontación con la evidencia de que la mejor defensa de los intereses nacionales -la democracia se había instalado en España desde 1978 y por historia, cultura y política, formábamos parte del mundo occidental- significaba asumir los costes que supone la defensa de unos valores. Y esto exigía formar parte de la OTAN, como alianza militar, y de las instituciones europeas como organización política supranacional.

Esa singularidad española llevó a la celebración del referéndum del 12 de marzo de 1986, si bien condicionado, siempre nuestras condiciones especiales, a la no entrada en la estructura militar, a reducir la presencia militar estadounidense en España y a la prohibición de almacenar o instalar armas nucleares en nuestro territorio. Como curiosidad cabe decir que en la papeleta del referéndum no aparecía la palabra OTAN y sí Alianza Atlántica. Lo ajustado del resultado final positivo (56,85 SI frente a 43,15 NO) ha contribuido a que en la opinión pública la visión de nuestro papel en la OTAN se mantenga como asunto polémico hasta nuestros días.

Pero las exigencias de las relaciones internacionales y nuestro posicionamiento claramente occidental, desde lo unilateral a lo multilateral como inevitable retorno de España a la Europa democrática de los derechos y las libertades, hicieron que se fuera haciendo una interpretación laxa de algunas de esas condiciones. Así, la participación en misiones OTAN, desplegadas por nuestras Fuerzas Armadas desde 1992, incluyendo la participación con medios aéreos en la primera operación de combate de la OTAN en su historia -la campaña aérea en Bosnia Herzegovina en 1995-, la aparente contradicción de que un español, Javier Solana, se convirtiera en Secretario General el 5 de diciembre de 1995, o incluso la celebración de una Cumbre de la OTAN en Madrid los días 8 y 9 de julio de 1997, llevaron a que el 2 de diciembre de 1997 España ingresara en la estructura militar y en 1999 militares españoles se incorporaran a los cuarteles generales y resto de estructuras de la OTAN, participando activamente en todos los organismos de planeamiento y toma de decisiones.

Se llegaba, por fin, a una situación de relativa normalidad en la participación militar de España en la Alianza Atlántica y que ha supuesto que más de 125.000 militares españoles hayan participado en 21 misiones, además de la existencia de estructuras OTAN en nuestro país como son el Centro Combinado de Operaciones Aéreas desplegable en Torrejón, el Centro de excelencia Contra Artefactos Explosivos Improvisados y los cuarteles generales de alta disponibilidad, el marítimo a bordo del buque Castilla con base en Rota y el terrestre en Bétera.

Esta relación especial de España con la OTAN se pone claramente de manifiesto si se analizan nuestras Directivas de Defensa Nacional, el documento que durante mucho tiempo ha sido el más importante en nuestro país para fijar esa política pública esencial que es la de Defensa. Mientras las Directivas publicadas bajo gobiernos socialistas hacen hincapié en el estrechamiento de las relaciones con Europa, incluidas sus políticas de seguridad y defensa, las emitidas por gobiernos populares reafirman de forma clara, además, el compromiso con la defensa colectiva que supone la OTAN.

Sí parece claro que desde el principio de nuestra adhesión a la OTAN hubo una evidente omisión en explicar a los españoles que la alianza es elemento clave para proteger los valores occidentales, amenazados hoy como antes, y que la invasión rusa de Ucrania tan evidentemente ha puesto sobre el tablero internacional.

De igual forma, como el propio gobierno español acaba de poner de manifiesto con sus contradicciones internas sobre la Alianza, la opinión pública, incluso la especializada, mantiene abundantes prejuicios ideológicos, en parte apoyados por la consideración de que la OTAN defiende sobre todo los intereses norteamericanos, que reafirman esa peculiaridad española que constituye el hilo conductor de estas reflexiones. No puede sorprender que, de algún modo, esto haya provocado entre los aliados una extraña sensación de socio poco fiable y sometido a oscilaciones en una cuestión clave de estado como es la política de seguridad y defensa.

Consecuencias de esta singularidad española han sido el desconocimiento del gran público sobre el funcionamiento interno de la Alianza y sus mecanismos de voto y posibilidad de bloqueo de decisiones, las habituales limitaciones en cometidos de las fuerzas militares españolas que participan en misiones OTAN y el hasta ahora poco entusiasmo de la opinión pública española por la Alianza Atlántica, algo que choca con el interés que, en estos días, están manifestando países tan tradicionalmente neutrales como Suecia y Finlandia.

Quizá esto también nos haya hecho perder el protagonismo que, dentro de la OTAN, nos debería corresponder en las relaciones internacionales por nuestra situación geográfica y estratégica, cultura e historia. Cabría esperar de nuestros líderes políticos que se aprovechara la celebración en España de la importante próxima Cumbre de la OTAN, al final de este mes de junio, para informar y desarrollar en los ciudadanos la conciencia de que ahora, más que nunca como demuestra la guerra en Ucrania, formar parte de una organización que asegura la defensa colectiva de nuestros valores, principios y forma democrática de vida, respetuosa con los derechos humanos y el derecho internacional, está por encima de ideologías y posicionamientos políticos particulares.