Economía sumergida en León

Hace ya tiempo, siendo Borrell Ministro de Hacienda, en una entrevista en televisión, comentó, entre serio y simpáticamente sorprendido, que un operario que había ido a su casa, sin saber que él era el Ministro de Hacienda, cuando terminó su trabajo, le preguntó: “La factura, ¿con IVA o sin IVA?”

Aseguran, los que saben de este tema, que España es el noveno país del mundo que más defrauda. Desde las transacciones inmobiliarias, pasando por la facturación en negro, hasta el propio ocio en las discotecas (por no hablar de la prostitución o el narcotráfico, o el contrabando, por ejemplo, hasta que la UE, ha pedido que se computen en el PIB).

No es fácil determinar, con precisión, qué se entiende o qué es la economía sumergida. Una primera aproximación la facilita la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según la cual la economía sumergida se refiere a actividades que resultan productivas e incluso muy productivas para la economía del país, pero que incurren en ciertas ilegalidades que se ocultan a la Administración Pública, con objeto de no pagar algunos impuestos o las cotizaciones a la Seguridad Social, o evitar trámites burocráticos, o incumplir horarios de trabajo, etcétera.

Es cierto que no existe un método exacto para medir el monto de la economía sumergida, aunque sí caben estimaciones que rozan esa exactitud. Una de ellas es la utilizada en el estudio dirigido por el profesor Jordi Sardà (Universitat Rovira i Virgili) en colaboración con los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), publicado en 2014.

Según esta investigación en España, la economía sumergida supone la cuarta parte de todo nuestro Producto Interior Bruto (PIB), hasta superar los 250.000 millones de euros. Quizá este hecho explique el porqué, junto con la generosidad con la que padres y abuelos han administrado sus pensiones, en España, que durante años supera el 20 por ciento su tasa de paro, no haya habido agitaciones sociales violentas.

¿Qué ocurre con la economía sumergida en la provincia de León? Pues que se mantiene en un término medio, dado que, con algún matiz, la mayor parte de nuestra economía sumergida se encuentra de Madrid para abajo. Curiosamente, el país, cuya economía todavía lidera la del mundo, es el que tiene menor porcentaje de economía sumergida: Estados Unidos. Y aquí, en Europa: Suiza.

Para el profesor Sardá, las raíces socioculturales de esta mentalidad defraudadora residen en la creencia generalizada de que en España sólo pagan impuestos los que no pueden evitarlo, porque el Estado se los retiene automáticamente de su nómina, por ejemplo, o que esos impuestos se administran muy mal, o que el fraude y la corrupción de algunos políticos o prohombres de nuestra sociedad, queda casi impune.

Estos y otros hechos similares generan una doble “moral” que lleva a los españoles a una conclusión, parcialmente equivocada desde el punto de vista ético, en el sentido de que somos “los europeos que más afectados nos sentimos por el fraude, según un Eurobarómetro de la Comisión Europea. El 63% considera que la corrupción le afecta en su vida diaria —en la UE la media es del 25%— y el 95% afirma que es generalizada en el país, frente al 76% europeo. Eso unido a que Hacienda sólo consiga recaudar un 10% del fraude y a que se concedan amnistías a los defraudadores crea la percepción de que todo vale. ¿Si lo hacen ellos por qué no voy a hacerlo yo?” (http://www.elmundo.es/especiales/vivir-en-negro/una-sociedad-manchada.html#grafico-pagamos-debemos).