La excepcionalidad dejó de durar horas, después días, después semanas. Terminó incorporándose al paisaje. Eso es lo verdaderamente insoportable: la normalización del desorden y la aceptación de la invasión que nadie duda ya en denominar como «guerra híbrida».
Un informe policial remitido a la jueza que investiga lo ocurrido sostiene que la policía había advertido previamente del riesgo de una entrada masiva y describe permisividad, connivencia y hasta un «guiado activo» por parte de fuerzas marroquíes durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio. No es una interpretación de este articulista. Es el contenido conocido de un informe policial incorporado a una investigación judicial. Políticamente la pregunta no admite demora: si existieron advertencias, ¿por qué España no estaba preparada? Lo ocurrido después tampoco puede despacharse como una simple crisis migratoria sobre todo dada la violencia desatada por los emigrantes de todo pelaje y condición.
Ceuta sigue soportando asentamientos multitudinarios, hacinamiento, reyertas, robos, agresiones y episodios de extrema violencia. Un ciudadano ceutí recibió cuatro puñaladas durante un robo cometido por cuatro emigrantes. La Fiscalía sigue contabilizando decenas de agresiones sexuales sufridas por personas emigrantes desde el comienzo de la crisis, varias de ellas violaciones y algunas con víctimas menores. La Policía sigue teniendo que realizar detenciones por robos con violencia, lesiones y amenazas. En las playas donde permanecen miles de personas se suceden las reyertas. No hace falta inventar una sola palabra. Basta enumerar los hechos.
Y está la sanidad. En apenas dos días se contabilizaron más de trescientas asistencias sanitarias a emigrantes y el Hospital Universitario mantuvo activado su Plan de Catástrofes Externas. En otra sola jornada hubo 291 asistencias y trece hospitalizados. El 12 de septiembre, por ejemplo, ocho personas fueron detenidas y dos resultaron heridas por arma blanca en una sola noche de enfrentamientos relacionados con robos violentos, lesiones y amenazas. Entre los detenidos había ceutíes y emigrantes. Es importante decirlo todo porque precisamente los hechos son suficientemente graves para no necesitar manipulación alguna. También se siguen registrando agresiones sexuales. La Fiscalía había contabilizado hasta finales de agosto 23 agresiones, nueve de ellas menores y cinco con penetración. Los presuntos autores identificados eran de distintas nacionalidades. Y el 13 de septiembre fue detenido un ciudadano marroquí por una presunta agresión sexual a una mujer en pleno centro de Ceuta. Los especialistas advierten del riesgo que supone el hacinamiento y de la aparición de afecciones infecciosas habituales, como sarna o impétigo y otras. Eso es suficientemente grave por sí mismo. ¿Puede considerarse normal todo esto en una ciudad española? Y sobre todo, ¿puede mantener una nación digna una invasión sin haber establecido un plan para recuperar la soberanía? Digo que no. Y Europa debería proceder a defender su frontera más meridional.
Una democracia comienza a degradarse cuando los ciudadanos se acostumbran a que el poder explique como inevitable aquello que tenía obligación de impedir; cuando las responsabilidades se diluyen entre ministerios, administraciones y competencias; cuando cada fracaso se convierte en un problema semántico y cada evidencia incómoda termina presentada como una exageración del adversario. Ceuta viene sufriendo durante semanas una situación absolutamente impropia de una ciudad española y europea. Y mientras tanto, el Gobierno trata de convencernos de que controla la situación. El 18 de septiembre fueron trasladadas 1.700 personas a instalaciones levantadas en el puerto. Las plazas quedaron completas en pocas horas y cientos tuvieron que regresar a los asentamientos de las playas y mientras eran llevadas a su destino hubo vandalismo. El propio dispositivo sanitario excepcional sigue funcionando. Decenas de días después de la entrada masiva, España continúa improvisando alojamientos para miles de personas. Eso no es recuperar la normalidad. Es administrar la anormalidad.
El Gobierno lo supo anticipadamente y por ello nos preguntamos qué se está haciendo después, por qué determinadas decisiones no se adoptan, qué negociaciones existen con Marruecos y qué compromisos —si los hay— condicionan la actuación española. Los hechos apuntan a que existen chantajes personales, presiones ocultas o acuerdos todavía desconocidos. Pero el desconocimiento no obliga al silencio. Obliga a exigir transparencia. Detrás hay algo siniestro e inquietante, algo que los ciudadanos barruntamos y que el Gobierno silencia al tiempo que miente. Pero, ¡tranquilos! Aquí no pasa nada. Será, quizá, otra de esas realidades subjetivas que con tanta facilidad descubre nuestro ministro del Interior cuando la realidad objetiva resulta desagradable.
Escandaloso es que un Estado occidental hay permitido y siga permitiendo que una situación excepcional se prolongue durante semejante cantidad de tiempo. ¿Dónde están los refuerzos suficientes, la solución? ¿Dónde está la capacidad ejecutiva de un Gobierno que para otras cosas descubre decretos leyes con la velocidad con la que un tahúr saca una carta de la manga? Cuando interesa, el decreto ley aparece. Cuando interesa, se legisla el viernes y se publica el sábado. Cuando interesa, una Dirección General encuentra incluso la «verdadera voluntad del legislador», expresión realmente fascinante porque hasta ahora algunos ingenuos creíamos que la voluntad del legislador estaba contenida precisamente en la ley. Pero para Ceuta parece que el BOE ha perdido facultades. Y mientras tanto nos explican procedimientos, competencias, dificultades administrativas, menores, repatriaciones, instalaciones provisionales, traslados y toda la jerga burocrática imaginable. Magnífico. Solo falta explicárselo a los ceutíes. Porque el ciudadano no tiene obligación de conocer el laberinto administrativo del Estado. Tiene derecho a exigir que el Estado funcione. Y no está funcionando.
Los datos apuntan al relato y este huele a consumada traición de gran magnitud, pues para que haya podido consumarse, ha sido necesario la complicidad de una parte del Congreso de Diputados, y de las Instituciones públicas convertidas en instrumentos operativos. Sin embargo el «Escudo de la Democracia» sigue su impecable línea judicial, pese a los intentos de desestabilización del Gobierno, como también los cuerpos policiales y periodistas no subsidiados que denuncian diariamente la traición pertrechada por los más infames que hemos tenido desde nuestra Guerra Civil. Entretanto, los sindicatos policiales piden lo más revolucionario que puede pedirse en la España actual: policías. CCOO reclama un «refuerzo urgente» de la Policía Portuaria ante la instalación del campamento en el muelle de Poniente. Pide más efectivos y la reposición de medios de autoprotección y defensa. El Sindicato Unificado de Policía ha llevado incluso ante la Audiencia Nacional la instalación del campamento portuario por considerar insuficientemente garantizada la seguridad de agentes, emigrantes y trabajadores en una infraestructura crítica. Falta preguntarse: ¿dónde está el Estado, los refuerzos extraordinarios, los recursos sanitarios extraordinarios? ¿Dónde está la legislación extraordinaria? ¿Dónde están las decisiones extraordinarias?
¡Ceuta nos necesita y nosotros necesitamos a Ceuta, porque son nuestros compatriotas, porque es un trozo nuestro, y porque los españoles somos dignos!
¡Viva Ceuta! ¡Viva España!
Si (
No(
