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En 1975 el núcleo del conflicto era claro: culminar un proceso de descolonización tímidamente iniciado. Un conjunto de factores, harto conocidos, lo hizo saltar por los aires con el colofón de los Acuerdos de Madrid: España fuera y guerra abierta Marruecos-Polisario. En 1991, con el alto el fuego y el despliegue de la MINURSO, el obstáculo parecía técnico: determinar quién debía votar en el referéndum de autodeterminación. Hoy, en 2026, el bloqueo es más profundo. Ninguna de las partes está dispuesta a asumir el riesgo de perder en un procedimiento verdaderamente libre. Ahí reside el nudo del problema.
El tiempo como factor distorsionador
El paso de los años no ha sido neutro. En 1974, el censo español registraba en torno a 74.000 habitantes en el territorio. Hoy la población bajo administración marroquí supera ampliamente los 300.000 residentes, a lo que se suma una población significativa en los campamentos de Tinduf y en la diáspora. Y es significativa porque, según qué fuente, la población de los campamentos puede oscilar entre 150.000 y 200.000 personas, siendo la cifra más aceptada la utilizada por ACNUR (2025-2026), de 173.600.
El tiempo ha producido tres transformaciones simultáneas: consolidación administrativa marroquí, institucionalización prolongada de los campamentos saharauis en Argelia y una nueva generación que no vivió el momento inicial del conflicto. Pero el tiempo no ha generado legitimidad compartida. Ha normalizado los hechos consumados sin su aceptación moral, por lo que aquí surge el dilema central: ¿puede el mero transcurso del tiempo legitimar una situación nacida en un proceso de descolonización abortado? Y, en sentido inverso, ¿puede la invocación permanente del pasado ignorar medio siglo de transformación demográfica y social? Una solución justa no puede optar por una de esas simplificaciones.
Justicia como integración
Si aspiramos a algo más que a la gestión indefinida del statu quo, la justicia en el Sáhara debe integrar tres dimensiones inseparables.
Primero, la reparación histórica. El proceso de descolonización no culminó conforme a los estándares internacionales. Existe un sujeto político originario que no puede ser ignorado sin vaciar de contenido el principio de autodeterminación.
Segundo, la convivencia futura. Ninguna solución estable puede basarse en la exclusión de quienes hoy viven en el territorio, sea cual sea su origen. La estabilidad no se construye negando derechos.
Tercero, impedir que la fuerza —militar o demográfica— determine automáticamente el resultado. La alteración de hechos sobre el terreno no puede convertirse en mecanismo decisorio legítimo por el mero paso del tiempo.
Integrar estas tres dimensiones obliga a superar la fórmula clásica del referéndum simple.
Más allá del referéndum aritmético
La experiencia comparada demuestra que los conflictos territoriales complejos raramente se resuelven con mayorías simples. Cuando existen sujetos históricos y realidades demográficas superpuestas, la legitimidad exige estructuras más sofisticadas. En el caso del Sáhara Occidental, una vía posible consistiría en articular un sistema de doble legitimidad: reconocer, por un lado, un cuerpo electoral originario —basado en el censo previo a 1975 y sus descendientes verificables— y, por otro, un cuerpo electoral de residencia estable —compuesto por quienes han acreditado arraigo prolongado en el territorio—. La decisión final sobre el estatus político no dependería de una única mayoría agregada, sino de una doble mayoría concurrente. Cualquier opción —independencia, autonomía amplia o integración— debería obtener respaldo suficiente en ambos cuerpos.
Este diseño desplaza el eje del conflicto desde la competencia demográfica hacia la necesidad de consensos transversales. Evita que el cambio poblacional posterior determine por sí solo el resultado y, al mismo tiempo, impide que el sujeto histórico ignore la realidad humana actual. No se trata de crear ciudadanos de primera y de segunda, sino de reconocer que existen dos dimensiones legítimas que deben converger.
El factor psicológico
El principal obstáculo no es técnico. Hoy existen medios tecnológicos para elaborar registros fiables, garantizar identidad verificable y asegurar transparencia en el escrutinio, incluso con participación de la diáspora. El verdadero bloqueo es psicológico y político. Cada actor teme que un procedimiento libre pueda desembocar en su derrota estructural. Marruecos teme que la autodeterminación desemboque en fragmentación territorial. El Frente Polisario teme que una redefinición amplia del censo diluya al sujeto histórico. Argelia teme perder una carta estratégica en el equilibrio regional. Mientras el procedimiento se perciba como amenaza existencial, no habrá voluntad real de desbloqueo. Por eso una solución viable debe reducir el miedo estructural de las partes. Un proceso gradual, con garantías internacionales y fases sucesivas, puede disminuir la percepción de salto al vacío.
Una secuencia en dos tiempos
Antes de cualquier consulta definitiva sería razonable establecer una fase previa de normalización política: autonomía amplia garantizada, libertades de expresión y asociación reales, observación internacional prolongada y mecanismos de registro civil auditados. Solo tras un período suficiente de descompresión social y política podría celebrarse la consulta final bajo reglas de doble legitimidad. La clave no es precipitar una votación, sino asegurar que el resultado, sea cual fuere, sea aceptado como legítimo.
El papel de España
España ocupa una posición singular. Fue potencia administradora y abandonó el territorio sin culminar el proceso de descolonización. Esa realidad histórica que es –más allá de los factores indicados al principio de esta reflexión–, consecuencia directa de la acción de los diferentes gobiernos españoles por más que muchos de sus ciudadanos nunca lleguen a comprenderlo, no desaparece con el tiempo.
Sin embargo, la responsabilidad no implica tutela ni imposición de resultado. Implica facilitar una arquitectura justa. España podría desempeñar un papel técnico y garantista: apoyar mecanismos de registro neutral, promover marcos europeos de garantía y respaldar una solución basada en legitimidad procedimental. En la nueva geoestrategia, la estabilidad no se construye solo con capacidades militares, sino también resolviendo los conflictos estructurales que generan vulnerabilidad.
De la razón de la fuerza a la legitimidad compartida
Durante siglos, los conflictos territoriales se resolvieron por la razón del más fuerte. El derecho internacional contemporáneo intentó sustituir esa lógica por principios de autodeterminación y legalidad. El problema del Sáhara Occidental no es la ausencia de principios, sino la dificultad de aplicarlos en un contexto transformado por el tiempo. Una solución justa no consistirá en restaurar mecánicamente 1974 ni en consagrar sin matices 2026. Consistirá en diseñar un procedimiento que reconozca al sujeto histórico, respete la realidad humana actual y exija una legitimidad doble que impida que la fuerza —militar o demográfica— decida por sí sola. El desafío es político y psicológico, pero también estratégico. En un mundo donde la competencia entre potencias vuelve a intensificarse, la legitimidad verificable se convierte en un activo de seguridad.
Dimensión estratégica: el flanco sur
La transformación del sistema internacional, la guerra en Ucrania y la creciente competencia de potencias en África han revalorizado el espacio magrebí y atlántico. El Sahel atraviesa una fase de profunda inestabilidad, con presencia creciente de actores extraeuropeos y debilitamiento institucional en varios Estados. En este contexto, el Magreb se convierte en un espacio bisagra entre Europa, el Atlántico africano y el Sahel. El conflicto sahariano sigue siendo uno de los principales vectores de rivalidad entre Marruecos y Argelia, bloqueando cualquier integración regional efectiva.
Para España, esta realidad tiene una dimensión inmediata. Canarias se proyecta hacia el Atlántico africano a escasa distancia de la fachada sahariana. Las rutas marítimas, los flujos migratorios, la cooperación antiterrorista y la seguridad energética dependen en buena medida de la estabilidad del entorno. Una solución legítima y verificable en el Sáhara reduciría un foco estructural de tensión regional, facilitaría la cooperación magrebí y reforzaría la estabilidad del flanco sur europeo.
Juan Manuel Martínez Valdueza
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