¿Qué hay detrás? La lógica oculta de un poder que ya no se comporta como un Gobierno

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España ha entrado en esa zona donde las explicaciones oficiales ya no coinciden con el comportamiento real del Ejecutivo. Es un fenómeno muy claro: cuando un Gobierno deja de actuar como tal, y empieza a actuar como un colectivo acorralado, la pregunta no es «qué hace», sino «qué teme». Porque este Gobierno teme, no a la oposición, que es un trámite, no a la crítica pública, ya amortizada; teme a algo más íntimo, más concreto, más jurídico. Teme a la ley y la teme mucho.

Lo primero que llama la atención no son los escándalos —que los hay, variados y persistentes—, sino la manera en que el Gobierno los sobrevuela, Lo más inquietante no es lo que niegan, sino cómo lo niegan: sin rubor, sin explicación, sin emoción. Con un aire de «esto no nos toca», aunque les roce la cara. En cualquier país europeo mínimamente serio, la sombra de un caso así —o de dos, o de tres, o de los que llevamos— habría provocado dimisiones. Aquí provoca… bostezos parlamentarios y una dialéctica de insultos.

Se menciona corrupción, y el Gobierno responde con una carcajada condescendiente. Se menciona drogas, y miran hacia el techo. Se menciona prostitución vinculada al poder, y alegan persecución moral. Se menciona comisiones y lo llaman fascismo, judicatura y la llaman golpista. Este tipo de reacción no es política: es defensiva. Lo que el Gobierno teme no es la crítica, sino la consecuencia de contestarla en serio. La lógica del que no puede perder. Cuando un Gobierno está acorralado, ataca.

Esa evasión permanente en consignas proclamadas al unísono por toda la cuadrilla gubernamental —esa nube de humo retórico, ese escabullirse constante, ese mirar hacia otro lado como si la realidad fuese una exageración de la oposición— es lo que delata que el problema no es político: es personal.

Algo hay. Algo que no debe salir. Algo que no se puede ni mencionar, que exigiría explicaciones que no podrían dar… o que no les permitirían seguir donde están. Porque la pregunta es simple:¿qué tendría que pasar para que un Gobierno fuera capaz de sacrificar la reputación de sus instituciones con tal de no responder? Se han arruinado las siglas de PSOE reconvertido en una socialdemocracia con Felipe González; un capital y una marca diluida en varias facciones. La respuesta nunca es agradable. El silencio disciplinado que nadie entiende. El comportamiento de los diputados socialistas es casi más inquietante que el del propio Gobierno. No porque callen —eso entra en el sueldo—, sino por la naturalidad con la que lo hacen, como si el silencio fuese ahora el único idioma permitido. Miedo al propio barco si empieza a hacer agua. Es difícil saber si ese silencio se debe a la lealtad o a la prudencia. Tal vez ambas. Tal vez ninguna. Es el silencio de la mafia, de una red de complicidades que no puede permitirse una rendija.

Europa observa… con esa educación que esconde el pasmo. Desde Bruselas, la escena española genera una mezcla curiosa: Los europeos no entienden por qué este Gobierno no siente la necesidad de aclarar nada. Y mucho menos comprenden la facilidad con la que el Ejecutivo español deshace equilibrios fundamentales —el judicial, el parlamentario, el mediático— con la excusa de que todo lo que les incomoda es lawfare.

El Gobierno ha aprendido una técnica perfecta: convertir cada día en una cortina nueva. Si hay un escándalo, anuncian una reforma. Si aparece una grabación, lanzan un pacto transversal. Si un juez llama a declarar, activan un discurso institucional sobre la «ultraderecha judicial». El objetivo no es gobernar: es distraer. Distracción es la forma más antigua de ocultación. Bajo esa maraña de gestos grandilocuentes, el poder parece obsesionado con una sola cosa: ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Esa es la pregunta. Tiempo para que prescriban algunas cosas, para que otras se olviden, para que ciertas personas se callen, para que otras cambien de país, para que los teléfonos se pierdan, los discos duros se rompan, los amigos se recompongan. El tiempo no es político. El tiempo aquí es defensa.

La pregunta, llegados a este punto, es inevitable. Cualquier observador mínimamente honesto —de izquierdas, de derechas o de ninguna parte— termina en la misma pregunta: ¿Qué teme este Gobierno? Cuando un Gobierno se siente así, no está defendiendo un proyecto político. Está defendiendo algo íntimo, sensible o peligroso. Y un Gobierno que evade todo, incluso lo que le convendría aclarar, ya no está gobernando: está huyendo. ¿Qué oculta? Esa es la frase que nadie se atreve a contestar. Esa es la cuestión que flota como humo espeso en el Congreso. Esa es la duda que provoca que el Ejecutivo convierta cada crítica en un ataque, cada juez en un enemigo, cada pregunta en una amenaza.

En este escenario, la Justicia, en varios frentes, hace de escudo de la democracia. Contrapesa, contrapone, investiga y recela de las declaraciones y de los silencios de estas. Busca la verdad…algo que solo el poder puede mantener bajo control… mientras lo conserve. Si un Gobierno traspasa todos los estándares democráticos por mantenerse, no lo hace porque quiera ganar —lo hace porque no puede permitirse perder. Los gobiernos que se aferran al poder no por ambición política, sino porque no pueden permitirse que el poder pase a otras manos. Esos gobiernos no gobiernan: se protegen. Cuesta creer que toda esta maquinaria de negaciones, ataques y cortinas de humo se sostenga únicamente para evitar la erosión del relato. Los relatos se restauran. La reputación se recompone. El poder perdido puede recuperarse. Las responsabilidades penales no. Ahí está la diferencia.

España necesita urgentemente entrar en un espacio higiénico. Los políticos con sentimientos españoles, no aludo a otros, deben de inmediato tomar la antorcha de la libertad reflejada en nuevas elecciones. El guión de esta película macabra hay que romperlo. No puede permitirse, sin entrar en un Estado fallido, tener una fiscalía tensionada, mientras se desafía al Supremo y los jueces son señalados. Los periodistas que preguntan de más se apartan. Las comisiones de investigación se convierten en ejercicios coreografiados. Las comparecencias se vacían de contenido. Y Todo eso no se hace para gobernar mejor. Se hace para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que ciertos nombres no aparezcan en autos judiciales. Para que ciertos contratos no tengan que ser explicados. Para que ciertos vínculos personales no deban entrar en actas. Para que ciertas fotografías —o ciertos mensajes, o ciertas noches, o ciertos favores— no adquieran la condición de prueba. Para que los implicados no se sientan tentados de «colaborar» con nadie que no sea el poder actual.

Este Gobierno se protege como quien guarda algo que no puede salir, algo que no depende de ideología, ni de estrategia, ni de gobernabilidad; algo que obliga a mantener en pie un castillo que ya no se sostiene por convicción democrática, sino por necesidad defensiva. Europa lo percibe con claridad. Lo que más inquieta en Bruselas no son los casos concretos, sino la actitud española: ese desprecio casi infantil por los contrapesos, esas acusaciones automáticas de lawfare cada vez que un juez hace preguntas, ese afán por convertir la sospecha judicial en ofensa política.

¿Qué teme exactamente el Gobierno español para comportarse así? La pregunta de nuevo, por sí sola ya es demoledora. Pero quizá el síntoma más claro no está en el Gobierno, sino en el PSOE parlamentario. Ese silencio homogéneo, esa ausencia total de fisuras, esa disciplina de bronce que no se rompe ni ante las sospechas más grotescas, no es normal en democracia. Porque lo qu está en juego no es un titular de prensa, sino un posible sumario. Que la caída no sería individual, sino coral. Este Gobierno ya no está inseguro: está acorralado por lo que sabe, o por lo que teme que otros sepan.

La sociedad observa, con mezcla de ironía y hartazgo, Es un cansancio emocional que pone en duda la propia existencia de la democracia, o lo que es peor, la existencia de demócratas. Con pasmo, cada día la ciudadanía se desayuna con un nuevo escándalo o un nuevo mantra de distracción. Mira ansiosa a los Tribunales de Justicia y en ellos deposita de manera instintiva o calculada que son aquellos los que al día de hoy, pueden poner racionalidad en un país que es de todos y no de un cortijo de desalmados. Pero este escenario no es solo una sospecha doméstica de carácter partidista o sectario, pues entretanto la prensa extranjera y declaraciones políticas, confirman la ausencia de calidad democrática de una España que tanto luchó por su paz.

The Economist, describe que la corrupción en el entorno directo del presidente ha herido gravemente su autoridad. Considera que el Gobierno vive su etapa más frágil y apunta a irregularidades persistentes en contratos y favores políticos. The Guardian habla de «otro escándalo más» alrededor del Ejecutivo y de un clima político en el que las acusaciones de corrupción, sobornos y contratos dudosos se acumulan sin que el Gobierno dé explicaciones convincentes. EUobserver (Bruselas) define la situación española como «crisis de Estado». Denuncia el deterioro del Estado de derecho, los pactos con prófugos y el debilitamiento sistemático de los controles institucionales. World Politics Review interpreta la política exterior del Gobierno como una distracción frente a los problemas internos: una forma de desviar la atención de los casos judiciales que afectan a su entorno. — The Times / The Telegraph retratan a Sánchez como «Don Teflón»: nada le afecta políticamente, pero todo le erosiona institucionalmente. Señalan un patrón de escándalos, contradicciones y uso partidista de las instituciones.— Der Spiegel y otros, hablan de la «debilidad moral» del Ejecutivo como del «penoso espectáculo» de su reacción ante los escándalos: evasión, ataques a la justicia y descalificaciones sin argumentos. Reuters informa sobre las investigaciones judiciales activas contra figuras vinculadas al Gobierno y destaca la existencia de indicios de destrucción de pruebas, lo que alimenta las sospechas de encubrimiento. LSE EUROPP Blog (London School of Economics) concluye que España ha pasado de la «regeneración democrática» prometida a una preocupante «degeneración institucional», señalando el deterioro del sistema de controles y la confusión entre partido y Estado.

Ha llegado el momento de que la ciudadanía con sus líderes políticos, planten cara a un gobierno ya deslegitimado, y afrontemos de una vez por todas un nuevo futuro ante un Ejecutivo que lejos de comportarse como un cuerpo institucional, se comporta como una estructura defensiva. No gobierna, se atrinchera. No discute, embiste. No responde, se victimiza. Y cuando un poder empieza a reaccionar así, la sospecha ya no es una conjetura: es un reflejo lógico, de una autocracia irresponsable que ha llegado incluso a manifestar públicamente que no necesita del Parlamento y ha acusado de prevaricación a la Justicia.

El Gobierno no teme el escándalo: teme lo que hay detrás del escándalo. Por eso pactan con quien sea, bajo cualquier condición: en tiempos de miedo, los principios son un lujo que ya no pueden permitirse. Pero lo más fascinante —y perturbador— de esta historia no es el Gobierno, sino como ya comenté, el silencio disciplinado de los diputados socialistas. Esa calma franciscana, esa quietud casi glacial, esa falta absoluta de curiosidad, como si el país ardiera y ellos contemplaran el incendio con la serenidad de quien mira pasar un tren. Cuando en una bancada parlamentaria no hay ni una sola duda, ni una sola pregunta incómoda, ni un solo gesto de inquietud, es que la información sensible no se reparte, sino que se intuye. No es lealtad. Es supervivencia, pues si el dique se rompe, no caerá solo un ministro. Ni un director general. Caerá un entramado. Una red. Un ecosistema entero de favores que no soportaría el escrutinio de la luz.

¿Qué hay detrás? Esta pregunta seguirá minando nuestra sociedad hasta que no se desvele el trasfondo político que viene corroyendo al propio Congreso de los Diputados.

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