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Los resultados son conocidos: PP (22 escaños), PSOE (20), Vox (6), Ahora Repúblicas (3), Sumar (3), SALF, Se Acabó La Fiesta (3), Podemos (2), Junts i Lliures per Europa (1) y CEUS, Coalición por una Europa Solidaria (1). Las derechas “capitalistas” suman 33 y las izquierdas socialcomunistas 28. Los defensores de la unidad nacional 31 frente a la ralea de 30 pro-secesionistas, plurinacionales o confederales.
Resumiendo, resulta una España dividida casi por la mitad, si tenemos en cuenta que los democristianos con su “doctrina social de la Iglesia” o la “economía social de mercado” no son exactamente capitalistas. Además, tenemos ejemplos históricos sobrados de cómo en los momentos críticos las cabras democristianas del PNV o de CiU/Junts tiran al monte secesionista.
Entre 2012-2018 fundé con amigos y presidí discretamente el club/red liberal Floridablanca, cuyo objetivo –al menos para mí– era impulsar la gran coalición PP-Vox-Ciudadanos-independientes, pero sospecho que tal intención fue boicoteada por democristianos dentro del PP. Igualmente hoy apoyaría construir la gran coalición PP-Vox-independientes, incluyendo a potenciales votantes o ex votantes de SALF y de Ciudadanos (lo que representa aproximadamente un 50 % o más del electorado).
Creo que el arte de la política consiste en construir coaliciones (politólogos estadounidenses lo definieron hace ya décadas: “building coalitions”), coaliciones de mayorías no simplemente aritméticas sino “concurrentes” (según tesis clásica de John Calhoun).
Ciudadanos ha sido reducido a 0, y los aspirantes con pretensiones de Izquierda Española, presumiendo de “jacobinismo,” igualmente se han quedado en 0. Tampoco han faltado los perdedores habituales: falangistas, comunistas diversos, gallegistas, feministas, animalistas, medioambientalistas, etc.
El problema, repito lo que he escrito con anterioridad, es que la Transición española fue ejemplar (según se dice hasta la saciedad), pero la Consolidación está pendiente hasta que, al menos, se cumplan dos condiciones: que tengamos una Constitución normativa (según Karl Loewenstein), es decir, de estricto Imperio de la Ley (“Rule of Law vs. Lawfare”); y una cultura democrática, no partitocrática y enfangada por la corrupción.
Por supuesto tales condiciones implican otras, entre las que destacan la separación/distinción de poderes y la absoluta independencia judicial. La Constitución normativa requiere, según postuló Carl Schmitt, una defensa política y una defensa jurídica/judicial. La primera –pensábamos– la debería ejercer el Jefe del Estado, el Rey, aunque últimamente parece estar maniatado y reducido a ser simplemente un “monarca constitucional” mudo, es decir, el florero principal en La Zarzuela (sigo pensando que aunque el Rey tiene que ser neutral con los partidos políticos, no lo debe ser respecto a los principios constitucionales). Por tanto, ya solo nos quedan los jueces, españoles y europeos.
La Consolidación pendiente de la democracia española va a necesitar de muchas reformas. Aunque suene a broma, permítame el lector que pregunte: ¿Podríamos empezar modestamente por un retoque puramente cosmético de cambiar el nombre de Presidente del Gobierno por el de Primer Ministro, para evitar en nuestro sistema parlamentario falsas expectativas con una equívoca deriva hacia el presidencialismo, y el vicio infantil e ilusorio de la “presidencialitis” que suele acompañar a los que ocupan y padecen el llamado mal de La Moncloa?
Manuel Pastor Martínez
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