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Pero aunque la Constitución de los EEUU de jure prohíbe el tercer mandato de un presidente, Barack Obama de facto ha gozado de uno en la sombra durante la desastrosa presidencia del que fuera su vicepresidente, Joe Biden. Casi nadie pone en duda, entre los conocedores de la política estadounidense, que la presidencia del notorio incompetente y senil Biden ha sido realmente controlada y dirigida por la “mano negra” –en sentido figurado– de Obama.
Mi admirado economista/sociólogo afroamericano Thomas Sowell, para mí uno de los intelectuales más sobresalientes de nuestra época, ya observó en su momento con extraordinaria agudeza que quizás las desastrosas políticas de Obama (continuadas por Biden) no eran erróneas sino intencionadas, con el propósito de minar o debilitar la democracia liberal y constitucional americana desde dentro, como había propugnado su maestro ideológico (y el de Hillary Clinton), el radical Saul Alinsky.
La imagen para la Historia del ex presidente Obama no va a ser la del “Mesías” que auguró el neonazi y antisemita negro Louis Farrakhan, líder de la Nación del Islam (y presunto conspirador en el asesinato de Malcolm X). Tampoco brillará por las realizaciones de su presidencia entre 2009-2016 (destacando el caótico sistema sanitario “Obamacare” y las concesiones al régimen totalitario de Irán), ni por el simple hecho de haber sido el primer presidente afroamericano de los EEUU, fracasando en el mejoramiento económico, social y cultural de su propia comunidad étnica.
La Historia le tiene reservado un nicho menos honorable: el de haber sido un presidente golpista, antidemocrático y anticonstitucional, con la colaboración mafiosa y criminal del “Estado Profundo”. Algunos investigadores e historiadores pronostican un “Obamagate” retrospectivo, que sin poder ya conllevar un proceso de “impeachment”, tendrá consecuencias más funestas que el escandaloso “Watergate” de los años 1970s para el prestigio de la presidencia y de la democracia americanas.
Según informaciones ampliamente contrastadas, los hechos hablan por sí solos: el 5 de enero de 2017, en el Despacho Oval de la Casablanca el presidente saliente Obama tuvo una reunión con sus colaboradores de confianza (en ese momento Donald Trump era ya el presidente electo, tras ganar las elecciones en noviembre de 2016). Asisten a la reunión, al menos que se sepa, el vicepresidente Joe Biden, el jefe de gabinete del presidente Denis McDonough, la consejera nacional de seguridad Susan Rice, el director de la CIA John Brennan, y el director del FBI James Comey.
Obama es informado del espionaje a que ha sido sometido el candidato Trump a lo largo de la campaña, y se acuerda continuar espiándole siendo ya presidente electo e incluso mientras ocupe el cargo. Operación de tintes golpistas que se alargará hasta las elecciones de 2020.
El nuevo presidente lógicamente sustituyó a los colaboradores de Obama, pero no podrá impedir que otros miembros del “Estado Profundo” sigan conspirando, espiando al presidente y alentando a los Demócratas en el Congreso a implementar –aunque sin éxito final– dos sucesivos “impeachments” contra Trump, una investigación oficial agresiva (Mueller Report) con falsas acusaciones y fake dossiers (el más conocido como Steele Dossier, financiado por Hillary Clinton).
En todo este proceso el vicepresidente Biden ha sido un testigo mudo pero activo, presuntamente, en negocios inconfesables. Durante el doble mandato de Obama, según investigaciones actuales de la Cámara de Representantes en el Congreso, se benefició de una sistemática y lucrativa corrupción familiar resultante de sus viajes internacionales (a China, Rusia, Ucrania, etc.). Tal corrupción fue obviamente conocida y consentida por el presidente Obama, que gracias al FBI y la CIA tenía las informaciones correspondientes, permitiéndole más adelante imponer como vicepresidenta en la candidatura presidencial del títere Biden a Kamala Harris (favorita de Obama), simplemente como vigilante e informadora, y a Obama gozar cómodamente de un “tercer mandato” en la sombra.
La elección de Biden como presidente en 2020, gracias al presunto fraude electoral (las 2.000 mulas que denunció Dinesh D‘Souza, y según estudios rigurosos como el de Mollie Hemingway), la caótica protesta del 6 de enero de 2021 con agentes provocadores del FBI aparentemente, y la comisión especial anti-Trump, falsificando o borrando pruebas (que pretendió ser un tercer “impeachment”), de los Demócratas con ayuda de los traidores Liz Cheney y Adam Kinzinger.
Todo ello configura un lamentable panorama de dudosa legalidad, cuyo pecado original reside, precisamente, en la intención golpista antidemocrática y socialista de Barack Hussein Obama.
Se rumorea que todo este asunto es el que se ha intentado ocultar por el FBI bajo órdenes de Biden (y de Obama), secuestrando ilegalmente los documentos clasificados en la residencia Mar-a-Lago de Trump, que el ex presidente retenía legalmente de acuerdo con lo estipulado en el Presidential Records Act, para su eventual defensa ante la persecución política a la que ha estado y sigue sometido.
Manuel Pastor Martínez
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