Aguas de Gibraltar. Un conflicto anunciado (II)

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La predicción se acaba de cumplir. El pasado mes de agosto el gobierno británico, a través de su Secretario de Transportes, presentó ante el Parlamento un documento sobre la Estrategia de Seguridad Marítima [2] británica para el mundo entero en el que, en relación a Gibraltar, se establece un mar territorial de 12 millas, y al mismo tiempo, con el mismo temor del que no está muy seguro de lo que está haciendo, parece pretender apropiarse de una zona del Mar de Alborán, como una amplia y generosa Zona Económica Exclusiva (ZEE), incompatible con la ZEE que, en cualquier caso , el gobierno español puede promulgar, en cualquier momento, en esta zona como verdadero soberano de sus propias aguas. Esperemos que nadie haya informado al RU de la posible existencia de combustibles fósiles en la zona que demuestra apetecer.

Como es muy posible que todo ello sea un globo sonda, debemos de esperar que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) rechace rotundamente, y denuncie como corresponde ante NN. UU., esta nueva invasión británica, sin esperar a lo que decida su Parlamento. Con el mismo rechazo y rotundidad que esta misma mañana el ministro Albares, muy celoso al parecer de las invasiones territoriales, ha condenado la dolosa intervención que está teniendo Putin en Ucrania.

En cualquier caso, parece que esta denuncia no va a tener lugar si nos atenemos al reciente e intrascendente discurso del presidente del Gobierno ante la organización internacional, para alegría y satisfacción de las “autoridades” gibraltareñas, según su prensa local.

Pero ¿cómo es posible que todo esto suceda entre dos aliados en la OTAN y, hasta hace muy poco, dos miembros de la misma Unión Europea (UE)?

En un intento de encontrar una respuesta, podemos reconocer dos motivos fundamentales:

- Uno, imputable principalmente a la Estrategia Naval de la Royal Navy concebida para asegurar sus operaciones en cualquier parte del mundo, Gibraltar incluido, estrategia que sin duda tiene la íntima y directa aprobación del pueblo inglés y su gobierno y la no menos importante y tácita aprobación de los EE. UU.

- El otro motivo, y no menos importante, se refiere a las carencias de casi todos los gobiernos de España que, desde la Transición, están demostrando una insufrible desorientación y falta de determinación a la hora de defender los intereses españoles y de encontrar el camino diplomático que permita llegar a una solución negociada que resuelva el problema definitivamente.

Como es bien sabido los ingleses tomaron Gibraltar por la fuerza en el año 1704, para apoyar, decían ellos, al candidato austracista al reino de España, dentro de lo que fueron los prolegómenos de la se llamó la Guerra de Sucesión. Esta invasión se “legalizó” en el año 1713 por el Tratado de Utrecht [3] absolutamente gravoso para los intereses españoles por haber sido negociado en secreto a espaldas del rey Felipe V, el primer rey de la dinastía Borbón en España.

A partir de entonces la historia de Gibraltar es una historia llena de despropósitos ingleses. Apartándose absolutamente de los mandatos del Tratado de Utrecht y de las resoluciones de NN. UU. que obligan a respetar la integridad territorial de España, el RU se apropió, con capciosos engaños y por la vía de los hechos consumados, del istmo donde construyó el actual aeropuerto y, a continuación, y de forma progresiva, como aún estamos viendo y ante nuestra propia cara, de las aguas, solo españolas, que rodean el Peñón. Pero no terminan aquí los afanes expansionistas británicos.

Cuando España ingresó en la OTAN, esta organización tuvo que suprimir, a petición española, el mando de COMGIBMED ejercido entonces por un oficial inglés, lo que demostró que la permanencia del RU en su Colonia no era consecuencia de su propio y pleno derecho. Que España pertenezca hoy a la OTAN fue, y es, un plus para la Alianza atlántica que nuestros sucesivos gobiernos deben de hacer valer como corresponde. Y este plus merece un respeto que debemos exigir a nuestros aliados con la lealtad que corresponde.

Aunque el Plan General de la Armada (PLANGENAR) del año 1978 definía que el Estrecho era para la Armada una razón de permanencia la realidad es que, actualmente, no tenemos una estrategia concreta para el Estrecho de Gibraltar [4] mientras el RU sí la tiene, principalmente naval, y en concierto con otras bases con las que cuenta en el Mediterráneo. Gran reto para España. Parece que debemos ir a por todas y demostrar ante la OTAN, y también ante la UE, que no necesitamos que otros controlen el Estrecho en nuestro nombre porque es nuestro derecho y porque podemos hacerlo con mayor eficacia por evidentes razones geoestratégicas y por irrenunciables requerimientos de nuestra propia defensa y seguridad.

Dejando aparte el nutrido grupo de colaboracionistas, la mayor parte de los españoles desean terminar con el problema colonial con la excepción de algunos políticos de la zona que viven en la ficción de creer que la permanencia de los ingleses en nuestro territorio, sea el que sea, podrá ser fuente de incontables beneficios. Cuando esta ficción alcanza al Gobierno de la nación y provoca en él un oculto deseo de que no se termine el hecho colonial, el resultado es catastrófico. Porque la verdadera razón del bajo nivel económico de los habitantes que viven en La Línea, y trabajan en Gibraltar con muy limitados ingresos, es el hecho colonial mismo como expertos con los conocimientos y preparación necesarios, y que viven habitualmente en la zona, han sabido y saben demostrar.

La idea de crear en La Línea algo parecido a un área de cooperación transfronteriza y de prosperidad compartida con la Colonia es un peligro en sí misma porque nos obligará para siempre al libre tránsito de personas y mercancías a través de la Verja cuya desaparición se propicia irresponsablemente, en beneficio casi exclusivo de la parte inglesa. Esta desaparición aumentará extraordinariamente las posibilidades del RU de retener la Colonia para siempre y hasta aumentar su territorio a costa de La Línea. Por lo menos a efectos prácticos que es lo que les interesa.

Ante la gravedad de la situación que el RU está creando en Gibraltar, todo parece indicar que cualquier Gobierno español debería:

- Denunciar ante NN. UU., una vez más, esta apropiación indebida del mar territorial español en el ejercicio de una soberanía que en absoluto le corresponde al RU por ir en contra el derecho internacional, por oponerse a lo dispuesto en el Tratado de Utrecht y por oponerse a las propias resoluciones de las NN. UU. [5]

- Buscar el apoyo y el amparo de la UE en la solución de este problema que también le afecta directamente ante las dificultades surgidas en las conversaciones que se están llevando a cabo para tratar de hacer compatible el Brexit con el Acuerdo de Schengen.

- Buscar el apoyo y el amparo de la propia OTAN para que España pueda contribuir eficazmente en la defensa y seguridad de su pilar europeo en un momento de grave crisis internacional que a todos nos afecta.

Madrid, 30 de septiembre de 2022

[1] FERNANDEZ DIZ, Aurelio. “Aguas de Gibraltar. Un conflicto anunciado (I)”. La Crítica 10.09. 2022.

[2] NATIONAL STRATEGY FOR MARITIME SECURITY para los próximos cinco años. August 2022. Disponible en www.gov.uk/official-documents.

[3] Según el Tratado de Utrecht el asentamiento del RU en Gibraltar fue sin jurisdicción de la potencia colonizadora, es decir, sin soberanía, sin comunicación ni comercio alguno por tierra (verja cerrada) y sin más aguas que las interiores del puerto.

[4] En el lenguaje actual esta estrategia de control del Estrecho podría adoptar la forma de un plan A2/AD (Anti-Access and Área Denial) de planificación y ejecución conjunta, por parte de los ejércitos de Tierra Mar y Aire.

[5] En 1968, la resolución 2429 de la XVIII Asamblea General de Naciones Unidas pedía al Reino Unido que pusiera fin a la situación colonial en Gibraltar, antes del 1 de octubre de 1969, por ser una situación contraria a los principios y propósitos de la Carta de las NNUU y al contenido de la Resolución 1514 sobre descolonización. El RU lleva 54 años sin cumplir ambas resoluciones.