Noventa aniversario de la II República (I)

... Por todos está reconocido que su proclamación fue totalmente ilegal, pues ni las elecciones eran las correspondientes para tomar tan drástica decisión, eran elecciones municipales, ni el escrutinio daba la mayoría a los partidos republicanos. Pero la toma de las calles sí que fue un éxito e inmediatamente se proclamó y ejecutó la declaración del cambio de régimen; se formó un Gobierno provisional y la caída de la Monarquía. El mismo día Macías, en nombre del pueblo de Cataluña, declaró el Estado Catalán y la República Catalana, que afortunadamente tuvo marcha atrás, pero se repitió en octubre de 1924, siguiendo el moderno slogan de “Lo volveremos hacer”.

La misma noche del día 14, a las doce y media, un decreto concedía las más amplia amnistía de todos los delitos políticos, sociales y de imprenta, fuera cualquiera el estado en que se encontraban los procesos, incluidos los ya fallados definitivamente y la jurisdicción a que estuviesen sometidos. Los ministerios de Gracia y Justicia, Guerra y Marina debían dictar las disposiciones aclaratorias y el alcance de la amnistía. Los mismos departamentos tenían que preparar con urgencia un indulto general, para aminorar la severidad de las condenas y hacer partícipes a la población penal de la satisfacción del país.

Inmediatamente salieron de las cárceles los beneficiados por la gracia y muchos de los que no estaban incluidos en el decreto. Se ordenó la libertad del general Burguete, regresaron a España el general Queipo de Llano, el comandante Franco, un grupo de sublevados en Jaca y del intento de Cuatro Vientos, con otros exilados. La amnistía dio lugar a graves altercados en las cárceles, con amotinamientos de los presos comunes e intentos de asalto. La Guardia Civil y las tropas trataron de mantener el orden en el exterior y el interior de los presidios, llegando a emplear las armas.

En Barcelona una multitud armada, después de liberar a seiscientos presos, saqueó la cárcel, asaltaron Atarazanas y destruyeron archivos; hubo un enfrentamiento con la fuerza pública con muertos y heridos. En Sevilla también se produjo el asalto a la cárcel, destrucción de archivos y saqueo. En Bilbao asalto e incendio de la cárcel. En Valencia no hubo asalto, pero sí sublevación de presos, que dieron un plazo para que los liberasen so pena de asesinar a los rehenes y el Gobierno capituló.

Si en la Primera República, cuando Emilio Castelar se hizo cargo de la presidencia no dudó en declarar en el Congreso: “Para mantener esta forma de gobierno necesito mucha Infantería, mucha Caballería, mucha Artillería, mucha Guardia Civil y muchos Carabineros”, en la Segunda por el contrario el ministro reformador Azaña reiteradamente afirmó que el Ejército no debía ser la prolongación de la Guardia Civil, pero desde los primeros momentos de existencia la República utiliza la heredada ley de Orden Público para asegurar la paz social.

El 16 de abril los graves incidentes en Sevilla obligó a las autoridades a declarar el estado de guerra y tropas de Infantería y Caballería se situaron en los lugares estratégicos de la ciudad. El capitán general de Andalucía publicó el bando:

“No se consentirá que continúe la arbitraria política de las minorías audaces y se mantendrá por tiempo ilimitado el estado de guerra en las provincias de la región cuya situación así lo requiera y estableciendo terminantes disposiciones con respecto a la organización del trabajo en el campo, significando que cualquier alteración de los pactos o contratos de trabajo será considerado para obreros y patronos como delito de coacción, que juzgarán las autoridades militares”.

Disponía que fueran juzgados en juicio sumarísimo cuantos atentasen contra la libertad de trabajo, ataques a la propiedad o causaran perturbaciones de orden público.

En Barcelona con motivo del primero de mayo intervino el Ejército y el mismo mes se declaró el estado de guerra en Madrid, Alicante, Cádiz, Málaga, Sevilla, Murcia, San Sebastián y Valencia. El siguiente día 24 se fijó en los principales lugares de Sevilla un bando del capitán general, anunciando que se procedería enérgicamente contra las maniobras de un sector del proletariado andaluz, que trataba de imponer su predominio entre los obreros, requiriéndoles mediante amenazas de violencia a formar parte de distintos sindicatos, imponiéndoles cotizaciones especiales y apelando a toda clase de coacciones, con objeto de supeditarles a una minoría, entre quienes figuraban antiguos pistoleros profesionales del desorden. Se mantendrá el estado de guerra por tiempo ilimitado en aquellas provincias de la región andaluza cuya situación lo requiera.

La exposición de los graves sucesos de Sevilla la presentó el propio recién nombrado gobernador de la provincia, Sr. Bastos[1]:

Cuando ocupé el cargo conocía la situación, pero la realidad sevillana superó cuanto se podía imaginar; desde los primeros momentos empecé a comprender que el problema era insoluble. Y para completar el cuadro que se ofrecía a la vista más miope, la propaganda revolucionaria había alcanzado límites absurdos. Había quienes predicaban muertes y reparto de mujeres, los cuales eran mesiánicamente creídos y esperados por aquellos labriegos llenos de ansias y faltos de cultura.

Los primeros días los conflictos sociales no eran sino escaramuzas de una campaña total por el mando, por el dominio, pretendiendo imponer por unos ciudadanos embravecidos contra los demás, saltando por encima de la autoridad, sin reconocimiento de ésta, como no fuera para coaccionarla. El elevado número de huelgas absurdamente planteadas, sin más finalidad que la huelga por la huelga, no podían hacerme ver sino la inminente realidad; que estalló y producidos los graves sucesos, aunque sometidos los revoltosos, el logro de los propósitos de sus dirigentes resultaba de toda evidencia. No han podido proponerse asaltar el Gobierno o apoderarse de la ciudad, sólo han pretendido aumentar su acción arruinadora. Después del barrenamiento constante de las huelgas insensatas, un movimiento de lucha en las calles como el pasado, completa su obra de demoler el edificio económico. Los pocos sevillanos que aún pensaban en sembrar sus heredades, en continuar sus negocios, en ampliarlos incluso, en estos días pasados han disminuido aún en número y alientos.

No basta que la fuerza pública haya logrado rechazar las agresiones. El ambiente ha seguido enrareciéndose acentuadamente. Los dos puntos fundamentales de su táctica se han realizado casi en su plenitud. El pistolero es el más temido, el que más se impone, el que inspira más miedo en este pueblo, en el que el temor es el resorte fundamental de la autoridad. El enervamiento económico, el aniquilamiento del espíritu de empresa, lo han conseguido con evidente eficacia. Téngase en cuenta las terribles consecuencias de los bárbaros actos de sabotaje, abandono y dispersión de miles de cabezas de ganado, pereciendo por sed y falta de necesarios cuidados. Las cosechas, en plena recolección, desatendidas y a merced de los elementos; las acequias y canalizaciones destruidas para conseguir la pérdida de las plantaciones; los incendios y toda clase de atropellos a personas. Los propósitos de la Confederación Nacional del Trabajo en sus posibles aspiraciones en estos momentos se han cumplido satisfactoriamente para sus criminales propósitos.

Conclusión primera, estamos ya en plena guerra civil, que hay que reconocer, al menos en la provincia de Sevilla, con su acompañamiento ya existente de muertes y devastaciones; el enemigo se ampara en los derechos y libertades existentes, con el propósito criminal de destruirlos. Segunda, apoyándose en siglos de injusticia y en la ceguera casi unánime de las actuales clases altas, los anarquistas y comunistas quieren dominar todo este pueblo. Tercera, los obreros y campesinos, víctimas de las más disparatadas propagandas y las más bajas adulaciones sienten aumentada el ansia vengativa y destructora que la República no podrá satisfacer, sino en coincidencia con su suicidio. Cuarta, la población tiene por los pistoleros la misma atemorizada simpatía que antiguamente sintió por los bandoleros; los terroristas tienen hoy en su mano toda la iniciativa y los medios de imponerla. Quinta, los enemigos prosiguen, cada vez más acentuada, su táctica de perturbación, con la que consiguen destruir la riqueza, apoyándose después los nuevos ataques en la miseria creada, para contar con el ejército de harapientos. Sexta, como consecuencia de lo anterior, en baja las virtudes ciudadanas, cada día se retrocede algo o mucho en nuestro campo, en el lado de la libertad, que quedará irremediablemente perdida con el triunfo del enemigo.

Terminaba el informe:

Es precisa la acción excepcional del Gobierno, que adopte medidas necesarias ante la guerra planteada. A su tiempo el general Cabanellas hizo un magnífico informe, que yo conocí al encargarme de este gobierno. Entonces me pareció exagerado e influido de militarismo. Hoy conocido el problema y empeorada la situación, me parece escaso. Las soluciones no podrán ser de otro orden, pero juzgo que las propuestas por el general serían hoy insuficientes.

El 11 de mayo se inició en Madrid el incendio de iglesias, conventos y colegios. Con motivo de un incidente en un acto celebrado en el Círculo Monárquico de la calle Alcalá de Madrid, se produjo un intento de asalto del diario ABC y el asalto y quema de nueve edificios religiosos, entre ellos la biblioteca de los Jesuitas donde se perdieron más de 100.000 volúmenes de incalculable valor. En Málaga fueron asaltados y saqueados más de cuarenta, con profanación de criptas y sepulturas; lo mismo que en Valencia, Sevilla, Granada, Córdoba, Cádiz, Murcia y Alicante. Con un total de cien edificios religiosos. La muerte de varias personas y la destrucción de patrimonio nacional.

En junio de 1931 se declaró el estado de guerra en Gerona, Oviedo, Málaga y el Campo de Gibraltar. A finales de mes volvieron los incidentes a Sevilla y se produce una intentona revolucionaria en la base de Tablada. Los campesinos afiliados a la CNT, con elementos comunistas, tratarán de provocar la revolución social y proclamar a Andalucía un Estado libre. Azaña al referirse a estos sucesos decía:

“En Sevilla, como en otras partes, las tropas están acuarteladas y se hace uso de ellas si es necesario. Así algunos regimientos en Sevilla han salido para paseos militares, esto puede explicar la confusión de los corresponsales. Las fuerzas que hay en la calle han sido movilizadas para proteger conventos y otros edificios”.

En julio se declara el estado de guerra en Palma de Mallorca. A finales de mes, por la grave situación y desórdenes que se producen en Sevilla, también se declara el estado de guerra y las fuerzas ocupan la ciudad, emplazando ametralladoras y artillería en las calles. El general Ruiz Trillo publica un bando:

No siendo suficientes las enérgicas medidas tomadas por las autoridades para la pacificación moral y material de Sevilla y su provincia, se ha servido la junta de autoridades que previene la ley de Orden Público y habiéndose resignado en mí el mando, hago uso de las facultades excepcionales que la citada ley me concede para emplear el máximo rigor y la severidad ejemplar que demanden las actuales circunstancias.

En consecuencia el decreto contiene lo siguiente: Queda declarado el estado de guerra, queda prohibido la formación de grupos de más de cuatro personas en la vía pública y si a la intimidación no se disolvieran, lo serán por la fuerza pública y los autores serán considerados como reos del delito de rebelión o sedición; juzgados en juicio sumarísimo por tribunales militares. La fuerza tiene orden de hacer fuego sin previo aviso contra grupos de cuatro o más individuos, siempre que a su juicio infundan sospechas. Contra las casas desde donde se hostilice a las fuerzas o a los agentes de la autoridad, se emplearán los mayores medios de violencia, incluso la destrucción del inmueble, mediante empleo de la Artillería.

Efectivamente, se llegó a emplear el fuego de Artillería contra un edificio desde donde varios individuos hacían fuego; mientras los tranvías eran conducidos por soldados y protegidos por la fuerza pública.

El día 4 de agosto intervinieron tropas en las alteraciones del orden en Cardona, provincia de Barcelona y el 11 en Zaragoza salieron fuerzas en paseo militar y tropas sustituyeron en los servicios a la Guardia Civil, para que ésta pudiera acudir a donde se producían los altercados. El primero de septiembre fuerzas a pie y montadas patrullan por las calles en Zaragoza para proteger bancos y mercados y el día 3 en Barcelona. En Almería, con motivo de un paro general, el 10 de septiembre tropas ocuparon puntos de la ciudad y a finales de mes en Santander se llegaron a situar ametralladoras frente al edificio de Correos durante una huelga general.

En la primera quincena de octubre, en las calles de Salamanca y Cádiz intervino el Ejército y en la provincia de Córdoba se destinaron tropas a pueblos para sustituir a la Guardia Civil, mientras operaba en el campo. Incluso una escuadrilla de Aviación sobrevolaba la sierra para localizar núcleos revoltosos, que también fueron reprimidos por fuerzas de Infantería y Caballería. Con motivo de la huelga de los ferrocarriles andaluces, intervinieron especialistas de Ingenieros en Cádiz y Sevilla.

El 2 de diciembre se declara inopinadamente una huelga general en Vitoria, interviniendo las tropas de la guarnición para impedir el asalto de los alborotadores de cines y teatros, teniendo que hacer disparos al aire. Patrullando las calles unidades de Caballería para disolver a los manifestantes y las fuerzas a pie impidieron el cierre de la central de Teléfonos. El día 10 del mismo mes fuerzas de Infantería e Ingenieros de la guarnición de Oviedo se trasladaron a Gijón después de que la fuerza pública fuese tiroteada, a partir del 16 las tropas de Ingenieros se encargaron del servicio de tranvías y de la limpieza pública. El año terminó con el movimiento revolucionario en la provincia de Badajoz que provocó sangrientos disturbios en el pueblo de Castilblanco, donde los amotinados mataron a tiros a cuatro guardias civiles, y el nombramiento de un juez militar para que entendiese del correspondiente proceso.

Los primeros días del año 1932, una manifestación en San Sebastián contra el Ejército, pedía la libertad de varios soldados de Ingenieros, presos en el cuartel por un plante en el rancho; se dieron mueras al Ejército y hubo enfrentamiento con las fuerzas de orden público, que terminó con disparos contra los guardias y un herido. Con motivo de una huelga general, las tropas se ocuparon en la defensa de las oficinas de teléfonos, telégrafos y bancos. En Santa Cruz de Tenerife, durante otra huelga, trabajaron equipos militares de Ingenieros en las fábricas de gas y electricidad. A mitad de mes se descubre en Alcalá de Henares una conspiración comunista de la que formaban parte varios soldados y en Bilbao, durante los sangrientos disturbios, también intervienen las unidades militares en la custodia de edificios públicos.

Los últimos días de enero fueron particularmente violentos con el movimiento anarcosindicalista en la cuenca del Llobregat, apoderándose de varios pueblos, atacando a la Guardia Civil y cortando las comunicaciones de teléfonos, telégrafos y carreteras, enviando tropas a Manresa con piezas de artillería. En Sevilla, con motivo de un paro laboral, aviones vigilaron el desarrollo de los incidentes y en Valencia, en previsión de una huelga, unidades de Caballería realizaron una demostración de fuerza. En Bilbao los soldados custodiaron los tranvías, establecimientos públicos y estaciones de tren, mientras la Armada envió cañoneros a La Coruña y Sevilla. Anunciada una huelga general en varias provincias por comunistas y anarcosindicalistas, el Ministerio de la Guerra acordó dar orden a los generales de las divisiones orgánicas para que tuvieran preparadas las tropas por si fuera necesario emplearlas. Termina el mes con las unidades patrullando por Zaragoza e interviniendo en pueblos de la provincia.

En la primera mitad de febrero, durante el paro general en Granada, fuerzas del Ejército prestaron servicio de vigilancia en las centrales de Correos y Telégrafos. En Melilla el gobernador militar publicó un bando informando que el orden público estaba garantizado y asegurados los principales servicios, pero que no escatimaría la energía, no exenta de templanza, para que los ciudadanos tuviesen la sensación de tranquilidad, a la que tenían derecho, y estaba dispuesto a mantener a toda costa. En Valencia se acuartelaron las tropas como medida de precaución y se dispuso un servicio de vigilancia en la fábrica de electricidad.

El día 15 de este mes en Tarrasa los revoltosos proclamaron el comunismo libertario y se apoderaron del ayuntamiento, disparando y lanzando bombas contra la Guardia Civil que los sitia, que tiene que ser reforzada con una compañía del Ejército, y una vez ocupado el edificio el juez militar inicia la investigación de los hechos. En Sevilla, con un paro total, equipos de soldados de Intendencia sustituyen a los panaderos huelguistas y los de Ingenieros a los conductores de tranvías. En Ceuta salieron las tropas a la calle y en Zaragoza, después de varios enfrentamientos a tiros con la fuerza pública, las tropas de Caballería recorrieron las calles con toques de trompeta.

El día 10 marzo se declaró una huelga general en Córdoba y los soldados custodiaron durante el día los principales bancos y patrullaron las calles para evitar los desmanes. A primeros de abril los huelguistas de Jerez recorrieron las calles insultando a los viajeros de los tranvías, que tuvieron que abandonar los vehículos protegidos por los soldados de la Remonta, que llegaron a tener que emplear sus armas. El día 7 llegaron a Sanlúcar, para repeler la violencia de los huelguistas, fuerzas del regimiento de Infantería 27 de guarnición en Cádiz, formadas por una sección de ametralladoras y otra de fusileros. El día 11 los bancos de Logroño tuvieron que estar custodiados por las tropas y en Granada por la noche prestaron servicios de seguridad y de custodia de los edificios oficiales; en Córdoba fueron acuartelas las unidades ante el temor del asalto a la cárcel de la ciudad.

La importancia y gravedad de estos y otros sucesos, en los que intervinieron junto a las fuerzas de orden público las unidades del Ejército, no tienen mejor demostración que las disposiciones que posteriormente se dieron para premiar a sus muertos y heridos, lo mismo que a los comportamientos heroicos.

En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente reglamento de Recompensas en tiempo de guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros se dispone que para el capitán de la Guardia Civil D. Federico Añino Ilzarbe se considere como hecho de guerra y a todos los efectos que esta declaración pudiera producir, el acaecido en la ciudad de Sevilla en la noche del 23 al 24 de junio de 1931 y en consecuencia del cual y en cumplimiento de su deber perdió la vida.

El Consejo de Ministros dispone, en marzo de 1932, que se consideren hechos de guerra, a todos los efectos que esta declaración pueda producir, para los individuos del Instituto de la Guardia Civil que hayan resultados muertos o heridos en el cumplimiento de su deber en alguna alteración de orden público que haya tenido lugar desde el 14 de abril de 1931 hasta la fecha. En agosto se autoriza al gobierno para recompensar en metálico a los funcionarios de todo orden y categoría que se hubieran distinguido en la defensa de la República durante los sucesos de primero de mes e igualmente para ascender, a propuesta del ministro, a los individuos y clases de tropa de cualquier cuerpo armado que se encontrasen en las mismas condiciones.

[1] Publicado en “El Sol” el 19 de agosto de 1931