... Las horas de gestiones que han de invertir los sufridos usuarios de teléfonos móviles sin resultado alguno, vencidos por las esperas, los diálogos absurdos con máquinas o personas ubicadas Dios sabe dónde y, finalmente, los requisitos procedimentales a que son sometidos a la hora de dar de baja o regularizar líneas y servicios no deseados, hacen tarea imposible para la mayoría llevar a buen término los objetivos de sus gestiones. Acumulando, eso sí, frustraciones innecesarias y a veces muy graves, sin contar, claro está, los perjuicios económicos que al tiempo y en definitiva son el objetivo, convertidos en ganancias ilícitas, de las operadoras telefónicas.
Pero a veces, muy pocas, se produce el milagro. Retomando el antiguo uso de atender personalmente al desquiciado usuario, y saltándose a la torera las indicaciones precisas de actuar en contrario, responsables de alguno de los comercios distribuidores que ejercen su tarea de cara al público, recuperando esa ética que nunca debieron perder, toman como propio el problema del usuario consiguiendo reducir, tras horas de gestiones directas con su representada, el importe de la factura hábilmente manipulada a la mitad.
El poder de las operadoras telefónicas que emana del control total de servicios esenciales hoy día como son las comunicaciones a través de dispositivos móviles, de los que no se puede prescindir so pena de volver a la caverna, es inmenso y es la razón de que los usuarios aguanten al carecer de alternativa, siendo asunto pendiente de las autoridades y de la Justicia ejercer sobre él un más severo control, que devuelva a los usuarios su dignidad y su dinero.
Omito, como es lógico, los nombres propios de la operadora telefónica y del distribuidor que animan este artículo, al carecer de garantías de que ni este último ni el que esto escribe no sean sutilmente represaliados, pero ambos los pongo a disposición de la Justicia si en algún momento esta decide poner fin a esta impune y monumental estafa.