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Perversiones democráticas

Los cinco diputados del PNV que con su abstención dejaron caer al Gobierno de Mariano Rajoy: Aitor Esteban, Idoia Sagastizabal y Mikel Legarda. Abajo, Joseba Andoni Agirretxea e Iñigo Barandiaran.(Foto: El Correo)
Los cinco diputados del PNV que con su abstención dejaron caer al Gobierno de Mariano Rajoy: Aitor Esteban, Idoia Sagastizabal y Mikel Legarda. Abajo, Joseba Andoni Agirretxea e Iñigo Barandiaran.(Foto: El Correo)

LA CRÍTICA, 26 MARZO 2020

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Desde la traición del PNV al anterior presidente del gobierno durante la moción de censura que se resolvió con su cese, por otra parte muy bien negociado y planeado por el presidente actual, (...)

... hasta las negociaciones llevadas a cabo aún hace poco tiempo por él para ser investido como nuevo presidente del gobierno, hemos podido ser testigos de actitudes y declaraciones que, desde cualquier punto de vista que se analicen, demuestran que nuestros parlamentarios no encuentran problema alguno en no atenerse ni al espíritu ni a la letra de nuestra Constitución, fundamento de nuestra convivencia y garantía de nuestro futuro.

En primer lugar, quiero destacar algo que parece obvio pero que no se cumple en nuestra democracia. Es evidente para cualquier observador, atento a la situación política española, que los partidos políticos deben de presentarse a las elecciones con un programa que pueda ser conocido y entendido por los ciudadanos y que a él deberán de atenerse sus responsables en cualquier negociación poselectoral, por ser así la voluntad de sus votantes y de acuerdo con el mandato constitucional.

Debemos de reconocer, con pesar, que Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, hoy ya presidente del gobierno dejó de cumplir este mandato constitucional negociando con sus interlocutores según un programa abiertamente opuesto al prometido antes de las elecciones y, por tanto, negoció su investidura sin corresponderse esta negociación con el mandato de sus votantes. Nadie podrá negar esta afirmación. Como el candidato ha sobrepasado ampliamente todos los límites razonables habremos de reconocer que esta negociación ha sido una perversa utilización de nuestro sistema democrático que ha permitido, que está permitiendo, en exclusivo beneficio del candidato, poner en riesgo la unidad de nuestra Patria y mercadear indignamente con golpistas en prisión y con ex terroristas o personajes de su entorno más cercano.

Durante estos primeros días del gobierno elegido por el presidente Sánchez hemos podido oír y leer declaraciones de destacados comentaristas, de mi respeto y consideración por su alta calificación profesional, en las que se da por sentado que el nuevo gobierno es legítimo porque ha salido del parlamento recientemente elegido. Pero, en honor a la verdad, habremos de convenir que este gobierno, por las razones que he expuesto anteriormente, es solo legítimo en la forma pero absolutamente ilegítimo de acuerdo con la voluntad de la mayoría de los españoles y la letra y el espíritu de la Constitución. Esta disfunción entre lo que es y lo que debe ser es la explicación y el fundamento, a mi entender, de todas los problemas que está teniendo la sociedad española desde la inestabilidad políticas hasta la mala gestión de los graves problemas sanitarios que estamos sufriendo por parte de personas que no fueron, en su momento, verdaderamente elegidas por los españoles.

Otra forma de perversión que, poco a poco, va minando los fundamentos en los que se apoya la convivencia de los españoles es la laxitud con la que sucesivos presidentes del Congreso de los Diputados y Senado aceptan promesas o juramentos con fórmulas que los desvirtúan totalmente. No hay que ser muy inteligente para comprender que los diputados que así actúan no están pensando en legislar en pro del bien común de los españoles, para lo que fueron elegidos y por lo que cobrarán considerables emolumentos, sino que su futuro comportamiento se orientará siempre y únicamente hacia lo que más convenga a la comunidad autónoma a la que pertenezcan, en una visión miope de lo que realmente será bueno para esa comunidad, como veremos a continuación. Esta torpe conducta de aceptar estos falsos juramentos o promesas es otra de las perversiones democráticas que explican nuestra extrema debilidad política ante una situación siempre afectada por interminables negociaciones y chalaneos que, naturalmente, no persiguen el interés general. Es dramático que, según datos disponibles, hasta el 35% del Parlamento actual es antiespañol. ¿Es esto admisible? ¿No demuestra esto una grave anomalía democrática que los grandes partidos constitucionalistas no están haciendo nada por evitar, por lo menos hasta ahora? ¿O acaso estamos votando los españoles para lograr la completa rotura de nuestra integridad territorial en lugar de reforzar nuestra unidad y nuestra economía de acuerdo con lo que debe ser nuestro común interés? ¿Hay mayor perversión que ésta?

La capciosa explicación que habitualmente se da para justificar las actitudes de estos parlamentarios es que están ejerciendo su “libertad de expresión” lo cual es completamente falso y solo vale para ocultar una realidad que, en el fondo, muchos políticos, con impulsos suicidas, desean. Y no hay nación que pueda superar, sin sufrir graves traumas políticos y sociales, este trato desleal por parte de sus propios representantes, paradójicamente legalmente elegidos. Es urgente y necesario arreglar esta situación si no queremos vernos incursos, a corto plazo, en una grave crisis interna, porque sin duda la paciencia de los españoles tiene un límite que nunca se debe alcanzar.

Pero ¿cómo hacerlo? Todo parece indicar que la solución de estos problemas podría venir de tomar en consideración, y decidir, lo siguiente:

-Cumplimiento estricto por parte de los presidentes de ambas cámaras de las leyes y reglamentos que les afecten. La aceptación en su día, por sentencia de un tribunal, de la formula “por imperativo legal” fue, a juzgar por lo que estamos comprobando, y con todos los respetos debidos, una relajación que pudo favorecer la aparición de otras fórmulas más cercanas a la burla y a lo gracioso que a la finalidad última de algo tan serio como es una promesa o un juramento.

-La situación actual de constatable desorden y desconcierto político parece que aconseja una modificación de la ley electoral y de la ley de partidos para que las elecciones generales se reserven para partidos con implantación en toda España mientras que los mini partidos regionales, con vocaciones dispersas, deben de competir exclusivamente en elecciones autonómicas. Con ello se evitarían gobiernos, como los más recientes, en los que las minorías gobiernan a las mayorías, lo que se puede considerar, se diga lo que se diga, una de las mayores perversiones democráticas del sistema actual, que debe de ser corregido.

-El andamiaje legal con el que se dota cualquier estado moderno tiene como finalidad principal asegurar su supervivencia y la seguridad y el bienestar económico y social de sus ciudadanos. Podrán nacer partidos políticos de cualquier tipo o condición, pero solo unos pocos, los verdaderamente legales, deberían de llegar al gobierno de la nación porque, de lo contrario, estaríamos sembrando la semilla de su propia autodestrucción.

- Ilegalizar partidos que vayan en contra de los principios constitucionales, como pueden ser los independentistas, cuyos programas incluyen romper la unidad de la nación a la que pertenecen, o filo comunistas de toda condición, igual que se hace en otros países europeos, como en Alemania, o en los propios EEUU, a los que nadie se atrevería a calificar como antidemocráticos, parece también una medida de necesaria adopción en la España de hoy. Con ello se iría centrando el comportamiento político de la sociedad española, en su conjunto, en beneficio de la estabilidad política y económica, tan necesaria para todos.

-Parece urgente y necesario, también, despolitizar la justicia en España. Según el pensamiento mayoritario de los españoles los jueces deben de ser solo jueces, libres e independientes y no adscritos, en la práctica, a partido político alguno. Es obvio afirmar que la función del poder judicial es hacer cumplir la Ley, sin adherencia política alguna. Cuando en una sentencia, aunque sea objetivamente justa, como la que terminó con la moción de censura, y con el gobierno, del anterior presidente del gobierno, se incluyen valoraciones, opiniones o afirmaciones solo necesarias para lograr un determinado efecto político, se está conculcando la debida neutralidad judicial.

-En el campo de la justicia tampoco parece que sea bueno aceptar la expresión de algún conocido magistrado sobre aquello de que “a veces las togas tienen que mancharse con el polvo del camino”. Verdaderamente la sociedad española no necesita jueces estrella o asociaciones politizadas de jueces, como las que aquí existen. Nuestra sociedad necesita jueces serios, de togas impolutas, que inspiren el más serio respeto a los posibles delincuentes que se sienten en el banquillo, y también a sus abogados defensores, jueces que sean reconocidos por sus implacables sentencias en la aplicación de la Ley. Nada de conciliábulos ni componendas de carácter político, en segundo plano, que siempre desvirtuarán la calidad de las sentencias y el consiguiente efecto positivo de la aplicación de la Ley.

Mientras España no salga de esta maraña de adherencias y contradicciones que pueden llegar a desvirtuar nuestra democracia, y los principios en los que se basa la Constitución del 78, una Constitución necesaria e imprescindible, con las modificaciones que deba de sufrir para asegurar nuestro futuro como ciudadanos libres, en una nación segura e independiente, no podremos salir del desasosiego y sobresalto que tanto nos está afectando.

Mientras no actuemos internacionalmente como un todo cohesionado, y no como un conjunto de reinos de taifas que pueden terminar siendo gobernados por cualquier magnate de los que tanto abundan en el campo internacional o por sátrapas locales, demasiado sensibles a la corrupción y al cohecho, España no será tenida en cuenta ni respetada en el mundo y no podrá influir en él, como le corresponde por su peso específico y por su inigualable Historia. Si no logramos actuar como un todo, si no inspiramos el menor respeto en el mundo de las naciones verdaderamente libres, estaremos a merced de apetencias extranjeras que, de un modo descarado e inaceptable, persiguen nuestra debilidad política y económica e, incluso, nuestra desintegración territorial lo que les permitiría alcanzar, sin esfuerzo alguno, ventajas de todo tipo, principalmente económicas y estratégicas.

Mientras España no se muestre unida y bien asentada internacionalmente es imposible articular una política exterior seria que nos permita influir a nuestro favor, y defender eficazmente, nuestros intereses políticos, diplomáticos y de seguridad y defensa. Poco puede hacer un ministerio de asuntos exteriores sin unas fuerzas armadas bien dotadas y con la suficiente capacidad de disuasión que nos ahorre guerras que indefectiblemente perderemos si no actuamos con determinación y presteza, como un todo eficaz y unido.

Mientras podamos considerar que el brutal acto terrorista del 11-M, nunca bien esclarecido, rompió nuestra columna vertebral y parece habernos dejado en silla de ruedas “sine die”, por nuestra demostrada y lamentable incapacidad para actuar unidos en la defensa de nuestros vitales intereses, todo parece indicar que hay demasiados interesados en que España pierda para siempre su peso específico internacional y su condición de potencia histórica, económica y cultural.

Mientras no se resuelvan todos estos problemas, no podremos entregar a las futuras generaciones una España en la que sus habitantes puedan vivir felices, seguros y orgullosos de la maravillosa nación que han podido heredar.

Madrid, 25 de marzo de 2020

Aurelio Fernández Diz

Capitán de Navío (R); Junta Directiva de la AEME; Foro de Pensamiento Naval
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