Mientras el secreto del sumario invade de incertidumbre los aledaños de los imputados en la "Operación Enredadera", el ayuntamiento de Ponferrada, que parece afectado también por el secreto en sus propias actuaciones, se enfrenta a la partida del nuevo Presupuesto, en vías de aprobación, relacionada con la seguridad vial: dejarla donde está o eliminarla del mismo.
Fuentes muy próximas al consistorio ponferradino manifiestan su perplejidad ante el silencio de la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, sobre la propuesta del grupo municipal de Ciudadanos (C's), de febrero de este mismo año 2018, de renovar las cámaras de vídeo-vigilancia de tráfico en Ponferrada, así como sobre la partida presupuestaria recogida por conceptos similares en el nuevo Presupuesto del Ayuntamiento, actualmente en vías de aprobación.
Conviene recordar que uno de los asuntos que han trascendido de la "Operación Enredadera" es, precisamente, la trama organizada por empresarios y políticos para la colocación de sistemas de control del tráfico en ayuntamientos de toda España.
En León se encuentran imputados en la "Operación Enredadera" los empresarios José Luis Ulibarri Cormenzana y Ángel Luis García Martín, ambos en prisión, y varios concejales y alcaldes de los partidos PP, PSOE y Ciudadanos (C's).
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