Los sinalagmáticos

“Merus legista, purus asinus”

(Francisco de Quevedo)

Una de las mayores decepciones que me ha deparado la crisis actual de Cataluña es constatar el bajo nivel intelectual de un importante sector de nuestros profesores de Derecho Constitucional, no solo de Cataluña sino de toda España. Les conozco bien porque en cierto modo somos o hemos sido semi-colegas, ya que la denominación de la cátedra universitaria de la Universidad Complutense de Madrid que gané por concurso-oposición en 1983 era Teoría del Estado y Derecho Constitucional (posteriormente la cátedra sería re-denominada Ciencia Política y de la Administración).

La frivolidad de ciertos juristas (“meros legistas”, como los llama despectivamente Quevedo) en el presunto asunto del “derecho a decidir”, “derecho de autodeterminación” o “referendum” (unilateral o general), es llamativa entre mis colegas o semi-colegas, aunque comprensible por el relativo caos doctrinal originado ante los extremos del super-centralismo estatista de algunos administrativistas de un lado, y el pseudo-confederalismo progre y “perroflautista” de algunos constitucionalistas de otro lado. Un triste ejemplo de eso que los marxistas llaman ufanamente (con maquiavelismo barato al estilo Gramsci) el “uso alternativo del derecho”.

El Estado Administrativo y su degeneración, lo que los norteamericanos llaman ahora el “Deep State” (conceptos derivados de las elaboraciones teóricas del politólogo-presidente progresista W. Wilson) ha llegado a constituir un serio peligro para el Imperio de la Ley o Estado de Derecho, como denunció F. A. Hayek desde los años 1960s y recientemente nos han recordado autores como Adrian Vermeule, Philip Hamburger, Jonathan H. Adler, John Tierney, Peter Dale Scott, Mike Lofgreen, D. B. Grady, etc., autores que no leen nuestros sinalagmáticos académicos, especialmente la clásica e imprescindible obra The Constitution of Liberty (Chicago, 1960) de Hayek.

Los orígenes del problema que quiero identificar y destacar aquí está en la confusión entre Federación y Confederación que se produjo, con tragicómicas consecuencias, en el pensamiento del republicano, socialista utópico y catalanista “federal” Francisco Pi y Margall, y en el krausista catalanista (de Solidaridad Catalana) Nicolás Salmerón. Mi colega el profesor Andrés de Blas resume así el pensamiento de Pi: “La llamada a favor del pacto sinalagmático y conmutativo” es “fórmula suficiente para ilustrar todo un estilo intelectual y político”, concluyendo: “La extraña mezcla de inoperancia, pedantería, cientificismo y honestidad individual que se desprende de la figura de Pi y Margall” (A. de Blas, Tradición republicana y nacionalismo español, Tecnos, Madrid, 1991, páginas 26-31, 38-47).

La generosidad y cautela del profesor Andrés de Blas, utilizando la expresión “honestidad individual”, le permite evitar los términos en que pensaban realmente algunos coetáneos (por ejemplo, Castelar, Lerroux, Valera y Cambó) de los presidentes de la Primera República, el catalanista “federal” Pi y el catalanista “charnego” Salmerón: que eran políticamente tontos (ver: M. Pastor, “Los intelectuales catalanes y el federalismo”, La Ilustración Liberal, 37, Madrid, 2008; y “El pensamiento político español de los Tiempos Bobos”, Kosmos-Polis, 2014).

Dos reputados intelectuales, el británico John Maynard Keynes y el estadounidense Richard M. Weaver, han subrayado que las ideas tienen consecuencias (ver: M. Pastor, “En defensa de la Constitución. Las ideas tienen consecuencias”, La Crítica, 16 de Septiembre, 2017). En este y otros artículos míos en los últimos años he venido recordando la importancia de los famosos siete debates en 1858 entre Abraham Lincoln y Stephen Douglas concernientes a las ideas del “derecho a decidir”, la esclavitud y la antinomia Federalismo versus Confederación. Mis colegas universitarios parece que ignoran este precedente, prólogo histórico a la Secesión unilateral de los Estados sureños y la Guerra Civil en los Estados Unidos, con consecuencias evidentes para el constitucionalismo de las democracias occidentales.

Como triste ejemplo de las consecuencias que tienen ciertas ideas, un número elevado de los profesores universitarios progresistas (socialistas y comunistas, militantes o simpatizantes) en España tienen una clara responsabilidad intelectual en algunos errores y desastres políticos que hoy presenciamos en Cataluña. Son nuestros sinalagmáticos.

Entre los catedráticos y profesores de Ciencias Políticas que, en algún momento, erróneamente, analizaron el pensamiento de Pi y Margall, confundiendo como él había hecho los conceptos de Federalismo y Confederación: José Antonio Maravall, Antoni Jutglar, Gumersindo Trujillo, Isidro Molas, Antonio Elorza, Juan Trías, Carmen Iglesias, José Álvarez Junco, etc.

Entre los catedráticos y profesores de Derecho Constitucional que, en algún momento, afirmaron o reconocieron teóricamente el “derecho de autodeterminación” o “derecho a decidir” de las nacionalidades: Enrique Tierno Galván, Pablo Lucas Verdú, Raúl Morodo, Francisco Rubio Llorente, Jordi Solé Tura, José Antonio González Casanova, Eliseo Aja, Miguel Ángel Aparicio, Manuel García Álvarez, Javier Arzalluz, Juan González Encinar, Javier Pérez Royo, Carlos de Cabo, Pedro de Vega, Francesc de Carreras, Francisco Caamaño, Antonio Rovira, Paloma Biglino, etc.

Entre los catedráticos y profesores de Ciencia Política y de la Administración que, asimismo en algún momento, por su posiciones políticas suscribieron lo anterior con diferentes matices: Julián Santamaría, Ramón Cotarelo, José María Vallès, María Rosa Virós, Ferrán Requejo, Vicent Navarro, Joan Botella, Jordi Capo, Ramón Máiz, José Vilas Nogueira, Manuel Mella, Blanca Olías de Lima, Juan Luis Paniagua, Heriberto Cairo, Jorge Verstrynge, Enrique Moral Sandoval, Enrique Guerrero Salom, Enrique Curiel, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero, Francisco Bobillo, Ventura Pérez Mariño, Jaime Pastor, Jaime Ferri, Pablo Iglesias, etc.

La posición tradicional de los comunistas, fundada en las tesis de Stalin sobre la “cuestión nacional” (1913), ha sido evidente en el PCE, el PSUC, IU, ICV y sus derivados. Los socialistas, sin remontarnos a fechas más tempranas, han adoptado la misma posición al menos desde el famoso Congreso de Suresnes (Octubre de 1974): “Al margen de la verborrea de González y de las artimañas de Guerra, lo que no fue ninguna broma fue la resolución aprobada en ese célebre Congreso y no revocada en ningún otro –que yo recuerde-, en la que se afirmaba EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONALIDADES IBÉRICAS …” (Enrique D. Martínez-Campos, El PSOE. Cuarenta años de vacaciones. Segunda parte (1959-1975), CSDE, Madrid-Astorga, 2017, páginas 572-573).

El virus sinalagmático contagió también al PSP de E. Tierno Galván (al que pertenecí en mis años juveniles) a través de la Junta Democrática (1974-78) y con su integración en el PSOE desde 1978 (véase: Oposición Española. Documentos Secretos, SEDMAY, Madrid, 1976, páginas 22-23). Raúl Morodo no se integró y evolucionó hacia el CDS de Adolfo Suárez.

En mi caso, permanecí brevemente en el PSOE hasta 1980 en que rompí definitivamente con las izquierdas en general. Recuerdo una de mis últimas conversaciones con el profesor Tierno Galván en la época del PSP, a propósito de un debate sobre el “derecho de autodeterminación” de las nacionalidades, al que algunos nos oponíamos. Le sugerí, como fórmula de transacción -que al Viejo Profesor pareció gustarle-, que se especificara al menos en el documento al respecto que el reconocimiento teórico del derecho no implicaba la obligatoriedad de su ejercicio, como en el caso del derecho al divorcio. Era un pequeño gesto de maquiavelismo por mi parte, una aplicación interesada del “uso alternativo del derecho”, que hoy me parece absurda y anti-constitucional.