En esta Tribuna se han analizado por extenso los presupuestos de gastos militares de España y su actual insuficiencia, la obsolescencia de nuestros armamentos y la escasez de personal vistos los escenarios con presencia de nuestras FAS, bien sea en misiones de la UE, la OTAN e incluso la ONU. Y surgirán otros nuevos. Norteamérica está harta de ser la guardiana del mundo y del luto por sus muertos. Tales presupuestos ignoran el compromiso con la OTAN de dedicar a estos gastos un mínimo del 2% del PIB. Sólo se alcanzó en la década de los ochenta cuando, gobernando Felipe González, se ejecutaron importantes planes de modernización con las prioridades previstas en la Ley de Dotaciones 44/1982. En la actualidad no se llega al 0,6%. Por debajo sólo se encuentran Letonia, Lituania, Hungría y Luxemburgo. Y hemos descendido al puesto 112 del mundo en gastos de defensa en términos de PIB que mide la respectiva capacidad económica.

¿Cuáles han sido las consecuencias? Como criticó, con acierto, en esta Tribuna el Coronel don Manuel Ruiz Sierra: ”La primera solución, fue disolver unidades; rebajar el número de soldados a contratar, reducir ejercicios y/o maniobras, establecer unas cotas de operatividad muy por debajo de sus verdaderas necesidades, reducir y “malvender” acuartelamientos e instalaciones… y un largo sin fin de medidas”. Se evitarían tales despropósitos – añado yo - si los políticos cumplieran las pautas presupuestarias del “cuanto”, “como” y “cuando” que anticipa el preámbulo de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. Según ellas la aportación de los recursos, “…se apoyará en el principio de contribución gradual y proporcionada a la situación que sea preciso afrontar. Para conseguir una respuesta progresiva ante situaciones de crisis o conflictos armados se requiere una organización apropiada y eficaz, con suficiente grado de estabilidad…”. El objeto por tanto de los recursos es, en mi opinión, poder dar respuesta militar a la “situación a afrontar”. En otras palabras, su cuantía presupuestaria debe ser “proporcionada” a las amenazas que afecten a España. Y la organización de nuestras FAS, apropiada, eficaz, y estable que lo es gracias al acreditado esfuerzo de sus mandos.

Amenazas exteriores e interiores

El principal peligro exterior está, según los expertos, al otro lado del Estrecho de Gibraltar con origen en Siria y Oriente Medio. Lo encabeza el llamado “Daesh” o Estado Islámico cuya quinta columna, el yijadismo, está ya establecido en no pocos países europeos. Y más preocupantes en el día a día son las amenazas interiores de separatismo estimuladas por la inacción gubernativa frente a la rebelión de los Puigdemont de turno. Al ser un peligro específico de nuestra Nación no nos echarán una mano la OTAN ni la ONU. Procede pues alertar y denunciarlo por deber patrio. La secesión de Cataluña es una amenaza creciente y cierta, con letra aplazada que vence a un año, “a la vista” no encubierta, y en trance de próximo contagio a Vascongadas. Por algo Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a banda armada y hoy secretario general de Sortu, estuvo presente en el Parlament el 18 de mayo. Durante seis frenéticas horas mantuvo cuatro citas diferentes con diputados del sector soberanita. “He venido – dijo - a aprender del proceso catalán que está descosiendo las costuras del Estado”. Y remachó: “Siento por ello una sana envidia”.

La defensa frente al secesionismo exige inexcusablemente determinación gubernamental para aplicar, en primera instancia y vía política, las medidas constitucionales preventivas – tiempo hay todavía – previstas en el artículo 155 de nuestra Carta Magna. Son las más suaves y aún factibles. Requiere iniciativa del Gobierno y decisión final del Senado donde el PP tiene, tiempo ha, la mayoría necesaria. No se pretexte la gravedad de suspender la Comunidad Autónoma responsable. Dicho artículo en su punto 2 faculta al Gobierno para adoptar medidas flexibles, “… las necesarias para la protección general”. A tal fin “podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. “Instrucciones” equivale a órdenes y la palabra “autoridades” es amplia. Puede comprender, por ejemplo, desde la presidencia de Comunidades y sus Parlamentos hasta los consejeros y cargos dependientes.

Por si no bastara, la Constitución permite al Gobierno declarar los estados de alarma, excepción y sitio previstos en su artículo 116. Los dos primeros en mi opinión son insuficientes para enveredar constitucionalmente a una Comunidad cainita ya que precisa colaboración de las restantes. Y el de “sitio” – que supone “militarización” – necesita previa autorización del Congreso sin que el Gobierno ceda su autoridad a las FAS. Ello acontecería si, en una situación límite, fuera necesario aplicar el artículo 8º que, por cierto, no exige ningún desarrollo legal o reglamentario al ser un mandato imperativo. Es la “ultima ratio regis”, o última razón del Rey.

Importándole un bledo la Constitución, el Parlament está diseñando, impunemente, una Administración Tributaria catalana que asumirá la recaudación ejecutiva de todos los tributos, para la que presupuesta 48,5 millones de euros. A los que suma 50,9 millones con destino a “política exterior” a fin de reforzar la actividad de las embajadas catalanas como anunció su responsable Raul Romeva. Así desafían al Tribunal Constitucional que suspendió en febrero pasado las competencias adscritas por el Govern a su denominado “Departamento de Asuntos Exteriores”. No extrañe pues que Oriol Junqueras, vicepresidente del susodicho Govern y conseller de Economía, haya protagonizado dos papeles traicioneros. Como diputado, en el Congreso de Madrid, ha exigido reducir en un 40% el escuálido gasto militar español pretextando se destine a “gastos sociales”. Y de modo simultáneo plantea un presupuesto en el Parlament para llevar a Cataluña “hasta la independencia” y hacerlo “tan bien y deprisa como sea posible”.

Hay sin embargo españoles valientes que lo denuncian. Hace tres semanas Rocio Monasterio, militante destacada de VOX, irrumpió en un celebérrimo desayuno de debate, y ante el ponente Puigdemont gritó tres veces “Sin ley no hay democracia” mientras le mostraba unas esposas y el Código Penal. Aquel, minutos antes - sin empacho por hacerlo en la mismísima capital de España - había planteado su consabido “manifiesto” de no renunciar a la hoja de ruta secesionista con elecciones constituyentes en Cataluña dentro de un año. “Os advierto – añadió con énfasis – que no nos quedaremos parados”. Santiago Abascal, presidente de VOX, ha justificado en un video el gesto de Monasterio: “En la cárcel, en España, hay muchas personas por mucho menos”.

La amenaza yihadista

Viene desde oriente por el sur, donde tenemos Ceuta y Melilla. Para el mundo occidental la palabra “yihad” equivale a “guerra santa” para defender el Islam incluso con violencia. De vez en cuando nos sorprenden los yihadistas con un atentado en Francia u otro país europeo. En España ya lo hicieron el 11 de marzo de 2004, recordado como el ”11 M”. Causaron 191 muertos y más de 2.000 heridos. La operativa, diseñada por expertos, fue una demostración de capacidad terrorista para invadirnos a largo plazo. Lograron entonces cambiar el resultado electoral implantando el “zapaterismo”, con desalojo del PP de Aznar que había ordenado intervenir en Irak. Poco después, el 20 de octubre, Bin Laden expresó la causa al decir en una grabación: “Nos reservamos el derecho a responder en el momento y el lugar oportuno a todos los países que participan en la guerra de Irak, en particular Reino Unido, España, Australia, Polonia, Japón e Italia”.

Desde 2012 el Ministerio del Interior, mostrando su eficacia, detiene con frecuencia yihadistas. Y la réplica de estos tampoco escasea. En 2015, al menos en doce mensajes, amenazaron a España y veinte veces en lo que va del presente año. La última, en el titulado “Mensaje a los ciudadanos de España. Y a todos los países de habla hispana”. Advierten: "Vamos a matar a cualquier infiel español “inocente” si lo encontramos en tierras musulmanas. Y os matarán en vuestras ciudades y pueblos según lo planeado…”.

Más presupuesto militar y menos despilfarro público

Es por tanto ineludible una mayor inversión en defensa. Quienes amenazan a España aprovechan nuestra debilidad militar y no sólo política. Dirigentes del PP, PSOE y Ciudadanos han coincidido en que se debe aumentar los presupuestos de defensa e impulsar una ley de “financiación plurianual” que daría la estabilidad pretendida por la referida Ley Orgánica 5/2005. Es obligado pues pasar de las palabras a los hechos. Un objetivo podría ser recuperar el gasto militar aproximándolo al 2% del PIB español indicado por la OTAN desde el actual mísero 0,6%. Y como ha sostenido Ciudadanos, la Defensa debe dejar de ser política de Partido para convertirse en política de Estado. No cabe pretextar que ello obligará a incrementar los impuestos.

¿Por qué no se reduce de una vez el saco sin fondo de las Autonomías y su despilfarro? La agencia Moody’s afirma que la deuda autonómica superará pronto los 260.000 millones y que precisará ayuda del Estado -o sea de los “cirineos” contribuyentes- a razón de 2.000 millones al mes aumentando el Fondo de Liquidez Autonómica que tanto favorece al tinglado de los Puigdemont. ¡Y que decir del coste de la corrupción! Hace ya tiempo un estudio de la Universidad de Las Palmas lo cifró en más de 40.000 millones de euros al año. Según “El Economista” de 9 de febrero de este año: “La corrupción está grabada a fuego en la marca España. Desde 1978 el país ha sufrido 175 casos de corrupción política a todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y estatales de todas formas y colores”. Si devolvieran lo robado – amplío yo - bastaría tan sólo la cuarta parte para poner al día los gastos de defensa militar sin estrujar más al contribuyente,