Todos tenemos en la retina el 31 de julio, cuando más de 70.000 migrantes cruzaron sin autorización hacia Ceuta desde Marruecos. Una nueva acción unilateral de Rabat contra Ceuta y Melilla podría provocar una ruptura de las relaciones económicas bilaterales. No sería un gesto simbólico, sino el comienzo de una guerra comercial con consecuencias inmediatas. La cuestión es quién sufriría más y quién tendría mayor capacidad para resistir.
España y Marruecos intercambiaron en 2025 mercancías por valor de 22.757 millones de euros. España exportó 12.470 millones y obtuvo un superávit comercial superior a 3.000 millones. Los datos revelan una interdependencia asimétrica: Marruecos depende más de España que España de Marruecos. Rabat necesita el mercado español para vender sus productos, mientras Madrid puede redirigir parte de sus intercambios hacia otros destinos europeos.
España exporta a Marruecos maquinaria, combustibles, vehículos, componentes industriales y productos químicos. Marruecos vende a España automóviles, cableado eléctrico, textiles, pescado, frutas y hortalizas. En diciembre de 2024, entre las principales exportaciones españolas figuraron los combustibles refinados y los vehículos. Desde Marruecos llegaron, sobre todo, cableado eléctrico, moluscos y automóviles.
La primera factura de una ruptura la pagaría Marruecos. España es su principal socio comercial dentro de la Unión Europea y representa el 29,1% de su comercio exterior con Europa, por delante de Francia. Su industria del automóvil, primer sector exportador del país, destina el 90% de su producción a otros mercados, con la UE como principal cliente y España absorbiendo el 20% del total. Un cierre del mercado español obligaría a buscar compradores alternativos, renegociar contratos y asumir mayores costes de transporte.
El golpe también alcanzaría a la agricultura y la pesca. Marruecos exporta a España tomates, pimientos, cítricos y otros productos de contraestación, además de pescado. Solo en los primeros meses de 2025, España importó más de 188.000 toneladas de frutas y hortalizas marroquíes por un valor cercano a los 481 millones de euros. Si la frontera comercial se cerrara en plena temporada, una parte de esa producción tendría dificultades para encontrar salida.
A ello se sumaría la pérdida de confianza. España mantiene créditos reembolsables y subvenciones directas hacia Marruecos por casi 4.200 millones de euros desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Entre los proyectos figuran 755 millones para locomotoras y 340 millones para una planta desaladora en Casablanca. Una crisis bilateral podría paralizar nuevos proyectos y revisar los que ya están comprometidos.
Las remesas constituyen otra pieza importante. La diáspora marroquí envía anualmente unos 12.000 millones de dólares, alrededor del 8-10% del PIB del país. En 2025, las remesas enviadas desde España alcanzaron los 1.589 millones de euros. Cualquier deterioro de la relación podría afectar a la confianza, a los canales de envío y al consumo de miles de familias. Marruecos tiene alternativas, pero ninguna sería inmediata. La Unión Europea en su conjunto es un mercado amplio; Estados Unidos mantiene un acuerdo de libre comercio y China se ha convertido en un socio creciente. Sin embargo, redirigir mercancías requiere tiempo, nuevas rutas y adaptación de productos. Durante ese proceso se resentirían las ventas, el empleo y la inversión.
España también sufriría. Miles de empresas venden a Marruecos bienes de equipo, maquinaria y productos industriales. Una ruptura alteraría cadenas de suministro y obligaría a buscar nuevos clientes. Ceuta y Melilla serían las más perjudicadas: el comercio, los servicios y el empleo local sufrirían de inmediato. El cierre de la aduana comercial de Melilla en 2018 ya demostró cómo una decisión administrativa puede transformar la economía de una ciudad fronteriza.
La presión migratoria añadiría un coste político y presupuestario. Una crisis prolongada tendría consecuencias no solo para España, sino también para la Unión Europea y el espacio Schengen. La diferencia está en la capacidad de resistencia. La economía española es más diversificada y su PIB per cápita ronda los 34.000 euros, frente a los aproximadamente 4.000 dólares de Marruecos. España forma parte del mercado único europeo y puede buscar proveedores y compradores alternativos con mayor facilidad. Marruecos, en cambio, tiene una balanza comercial deficitaria y depende de las exportaciones, el turismo, las remesas y la inversión extranjera para sostener sus cuentas exteriores.
El aislamiento regional de Marruecos agrava su vulnerabilidad. La frontera terrestre con Argelia permanece cerrada desde 1994 por las tensiones políticas y la disputa sobre el Sáhara Occidental. Argelia es una potencia energética y un vecino natural, pero la rivalidad ha impedido desarrollar una relación comercial acorde con el tamaño de ambos países. Con Mauritania existe una relación estratégica creciente, aunque de menor volumen. Nuakchot exporta mineral de hierro y pescado, e importa alimentos, combustibles y maquinaria. China, Francia, España e Italia figuran entre sus principales socios.
Si Rabat rompiera con España, quedaría aún más aislado en su entorno inmediato: sin una frontera abierta con Argelia, con un comercio limitado con Mauritania y con una dependencia evidente del mercado europeo. No parece una posición cómoda para iniciar una guerra comercial.
Existe, además, un elemento poco conocido fuera de Marruecos: la estrecha relación entre la monarquía y la economía del país. Mohamed VI no es un monarca meramente representativo como las casas reales europeas. La familia real controla aproximadamente el 60% de Al Mada, un holding con participaciones en decenas de empresas y sectores estratégicos. Su interés económico en varias compañías cotizadas marroquíes se ha valorado en unos 17.500 millones de dólares.
Las estimaciones sobre la fortuna personal del rey oscilan entre 6.000 y 10.100 millones de dólares. Sus intereses abarcan la banca, la minería, el azúcar, los lácteos, la agricultura y los cementos. Una guerra comercial que redujera exportaciones, beneficios e inversiones también afectaría directamente a su patrimonio. Le dolería en el bolsillo, aunque su condición de multimillonario le permitiría absorber pérdidas que resultarían insoportables para la mayoría de los ciudadanos.
No hay que descartar, además, un boicot ciudadano impulsado desde las redes sociales. Tras la crisis de Ceuta, han surgido campañas que llaman a evitar productos marroquíes en los supermercados, identificándolos por el código 611 en el etiquetado o por la indicación de origen. Este tipo de movilizaciones no son nuevas en España: ya se han visto boicots contra productos de otros países por motivos políticos o sanitarios. Un boicot sostenido contra frutas, hortalizas o productos pesqueros marroquíes podría dañar la imagen de marca y reducir ventas en sectores especialmente sensibles al consumo final, incluso sin medidas oficiales de por medio.
La respuesta española debería ser disuasoria, no impulsiva. La alternativa a una guerra híbrida no consiste en romper de inmediato, sino en preparar una respuesta gradual, selectiva y coordinada con Bruselas. El primer paso podría ser suspender temporalmente nuevos créditos FIEM y subvenciones de la AECID. Después llegarían medidas comerciales específicas sobre productos sensibles para Marruecos, como determinados productos agrícolas, textiles o componentes industriales, procurando no perjudicar más de lo necesario a las empresas españolas. España podría, al mismo tiempo, facilitar el tránsito por su territorio de mercancías marroquíes destinadas a otros mercados europeos, siempre que no pertenecieran a sectores afectados por las medidas. La apertura logística demostraría que Madrid no pretende castigar a la economía marroquí por sistema, sino responder a una agresión concreta y reversible.
Hay precedentes. Las sanciones coordinadas contra Rusia después de la invasión de Ucrania demostraron que una respuesta económica conjunta puede elevar considerablemente el coste de una decisión política. También los embargos aplicados a Irán y Venezuela muestran que el comercio, las finanzas y el acceso a los mercados pueden convertirse en instrumentos de presión.
Ceuta y Melilla deben reducir su vulnerabilidad mediante servicios digitales, turismo, logística, formación y economía azul. Necesitan mejores conexiones marítimas, más actividad empresarial y mecanismos de apoyo para afrontar cierres fronterizos.
En una guerra comercial hispano-marroquí, los dos países perderían. Pero Marruecos tendría más que perder en el corto plazo. España es económicamente más fuerte, aunque debe utilizar esa ventaja con prudencia. La mejor disuasión no es amenazar, sino demostrar que cualquier presión sobre Ceuta y Melilla tendrá una respuesta proporcional, europea y sostenible, incluso si la ciudadanía decide sumar su propia presión desde el supermercado y las redes sociales.
Lo que menos se entiende es que el Gobierno español no haya mostrado hasta ahora ninguna acción de queja formal ante las presiones sobre Ceuta. Esta aparente pasividad transmite una imagen de debilidad que no se corresponde con la realidad del terreno económico. España no es el socio débil en esta relación comercial: tiene superávit, más diversificación y el respaldo del mercado único europeo. Mantener un perfil bajo puede responder a cálculos diplomáticos, pero corre el riesgo de incentivar nuevas presiones. En el comercio, la fortaleza española es real; en la política, la percepción de debilidad puede resultar más costosa que cualquier medida arancelaria.
Antonio Díaz Morales Ph.D.
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