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Lo ocurrido con Julio Iglesias no es un episodio informativo. Es un ejercicio de bombardeo mediático. Una operación de insistencia que transforma una acusación mediática en un clima de culpabilidad social sin sentencia, sin proceso y sin defensa efectiva. No se informa: se induce. La mecánica es ya conocida. Se abre con la fórmula tranquilizadora —«hay que respetar la presunción de inocencia»— y acto seguido se procede a vaciarla de contenido. En pantalla desfilan imágenes repetidas hasta el agotamiento, testimonios indirectos, comentaristas que no conocen los hechos, tertulianos que no han leído una causa judicial inexistente y expertos o inexpertos, da igual, que opinan sobre lo que no consta en ningún sumario. Feministas de vocación y de oficio. Todo ello presentado como pluralidad cuando, en realidad, es unívoco. Si alguien sale en su presunción de defensa, se le acosa con lenguaje torticero hasta la extenuación.
No se trata de absolver ni de condenar a nadie desde un plató. Se trata de algo más elemental: proporción, rigor y Estado de Derecho. En una sociedad mínimamente seria, las acusaciones se investigan en los tribunales y los medios informan de los hechos contrastados. Aquí se ha optado por lo contrario: convertir la vida privada de un cantante —por famoso que sea— en el eje del debate nacional durante días.
El dato es revelador: informativos de treinta y cinco minutos han dedicado hasta diecinueve a este asunto. Eso no es jerarquía informativa. Es saturación. Y la saturación, cuando es selectiva, no es casual. Es un método. El contraste con otros asuntos resulta clamoroso. Mientras se disecciona hasta la extenuación la biografía de un artista, cuestiones de evidente interés público, con implicaciones institucionales, como las políticas económicas reales, apenas merecen atención. No porque sean menos graves, sino porque no convienen. La agenda informativa no responde al interés general, sino a una jerarquía editorial del escándalo.
Este modelo necesita un protagonista reconocible y vulnerable. Julio Iglesias lo es: fama universal, pasado largo, vida privada conocida, ausencia de militancia política y escasa presencia mediática defensiva. Es el objetivo perfecto para un linchamiento blando, envuelto en lenguaje aparentemente responsable y con una coartada moral permanente. Lo más preocupante no es el tiempo dedicado, sino la dirección de ese tiempo. No se ofrece información para que el espectador forme criterio; se insiste para que adopte uno. Cada pieza refuerza la sospecha. Cada tertulia añade una capa de condena implícita. La repetición sustituye a la prueba. El clima reemplaza al hecho.
Todo ello se presenta como compromiso social, como sensibilidad, como avance ético. Pero el método es profundamente irresponsable. Porque cuando la acusación se convierte en espectáculo, la verdad deja de importar. Importa la audiencia, el impacto emocional y la comodidad editorial. La presunción de inocencia queda reducida a una frase decorativa, pronunciada para poder ser vulnerada sin complejos. Este procedimiento no solo daña al afectado concreto. Educa al espectador en la sospecha permanente, normaliza el juicio sin garantías y banaliza la destrucción de reputaciones. Se hurta información relevante mientras se administra indignación prefabricada. Se sustituye el periodismo por una pedagogía de la condena, y lo más curioso, es que en casos análogos o parecidos de determinados políticos se han hurtado muchos minutos si se comparan con lo que venimos soportando en las pantallas de casi todos los medios,
El problema no es Julio Iglesias y si lo es, ya lo decidirá quien es competente. El problema es un ecosistema mediático que ha renunciado a jerarquizar la información con criterios de verdad y relevancia pública, y ha optado por administrar atención, indignación y silencio según convenga. Una sociedad adulta exige información veraz, proporcionada y contrastada. No juicios televisivos. No editoriales disfrazados de noticias. No campañas inductivas contra particulares. Cuando eso se pierde, lo que se degrada no es solo la prensa. Se degrada la conciencia cívica.
Iñigo Castellano y Barón
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