La reciente visita a Marruecos del presidente de Gobierno ha finalizado sin que haya podido arrancar un compromiso a las autoridades marroquíes de una fecha para reabrir las aduanas de Ceuta y Melilla, que permanecen cerradas desde 2018. Al parecer para lograr este acuerdo, el señor Sánchez habría ofrecido desbloquear el traspaso de la gestión del espacio aéreo del Sáhara como contrapartida, acuerdo que estaba paralizado desde junio del 2023, ante el próximo proceso electoral del mes de julio del 2023. Según el Confidencial Digital por fuentes diplomáticas, esa habría sido la condición que ha puesto Mohamed VI para reabrir precisamente las aduanas de Ceuta y Melilla. El cambio de postura del mes de junio, sobre ese acuerdo, al parecer, provocó durante el pasado verano un aumento de la presión de Rabat sobre Ceuta y Melilla. (...)
Situación actual del control del Espacio aéreo del Sahara
A pesar de las tentativas del régimen marroquí de hacerse con su control, el cielo del Sáhara es competencia de controladores aéreos españoles desde el archipiélago canario. Así lo establece el mapa de la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de la ONU que supervisa la aviación civil internacional. Esto es un elemento claro de que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Para la ONU, el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. (Fig.1 y 2).
Desde hace décadas, el espacio aéreo del Sáhara está gestionado desde las Islas Canarias, como establece la Organización de Aviación Civil Internacional, de la ONU. La gestión corre a cargo de ENAIRE, empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes. Y lo controla de facto España, por la condición de Estado que ejerce la soberanía sobre el territorio, ya que España por el Acuerdo de Madrid nunca cedió la soberanía sobre el territorio y la población saharauis, sólo cedió la Administración.
En el marco de las nuevas relaciones de Sánchez con Marruecos, Moncloa reconoció hace unos meses que había iniciado conversaciones con Rabat para el traspaso de la gestión del espacio aéreo en el Sáhara Occidental y la coordinación entre ambas partes con el objetivo de conseguir una mayor seguridad en las conexiones y cooperación técnica.
Sin embargo, España mantiene el control del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental porque nunca lo cedió a Marruecos, Mauritania y Argelia en el Acuerdo de Madrid como sí ocurrió con el territorio terrestre. Así que mientras no se atribuya la soberanía a Marruecos, cosa que algunos países han hecho, o a la República Árabe Saharahui Democrática (RASD), reconocida por un cierto número de Estados, la soberanía y, por tanto, el control sobre el espacio aéreo sigue siendo responsabilidad de España.
Fig. 1. Espacio actual de control FIR Canarias
Esta cesión unilateral supondría “una clara violación de la legalidad internacional” y el Gobierno español se arriesgaría a que el caso terminara en manos de la Corte Internacional de Justicia [1].
Fig. 2. La franja que se ve en el centro, con una forma extraña como partida en tres zonas, está controlada en su espacio inferior España y el superior por Mauritania.
La condición de un Estado tiene tres elementos: el control del espacio terrestre, marítimo y aéreo. Marruecos controla por la fuerza los espacios terrestre y marítimo, pero no puede controlar el espacio aéreo porque sigue estando controlado por España, ya que el espacio aéreo del Sahara Occidental formaba parte de España cuando se adhirió al Convenio para la aviación civil internacional de 1947. Y es la OACI la que tiene competencias para velar que se respeten los tratados internacionales que regulen la navegación aérea, en este caso, comprobar que la navegación aérea sobre el Sahara Occidental, siga estando controlado por España. El mapa de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés) establece que el cielo del territorio ocupado ilegalmente por Marruecos se controla desde la Fir de las Islas Canarias. En el argot aeronáutico, Fir es una región de información de vuelo donde se presta un servicio de información de vuelo y un servicio de alerta (ALRS). La Organización de Aviación Civil Internacional delega en un país el control operativo de una FIR determinada, en este caso, la que abarca las Islas Canarias y el Sáhara Occidental recae en España.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia del 2018, confirmó que la jurisdicción del espacio aéreo del Sáhara Occidental recaía sobre el Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui, tal y como recogen las continuas Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la descolonización.
En lo que se refiere a las operaciones militares marroquíes en Sáhara Occidental, al ejercer España lícitamente la jurisdicción sobre el espacio aéreo saharaui, debería poder vetar operaciones militares en el mismo. Esto implica que en las bajas saharauis a causa de los bombardeos aéreos marroquíes España podría tener parte de responsabilidad, si se pudiese demostrar, en cada caso, que existió una relación causal directa entre los bombardeos y la actuación de la administración civil aérea española violando la regulación aérea aprobada y ratificada por España.
La revista Aviación Digital recogió documentos en 2015 donde se demostraba que existía una falta de información o información errónea en el AIP (Publicación de Información Aeronáutica) de España sobre zonas restringidas y peligrosas establecidas por cuenta de Marruecos y sobre los TMA (Área de Control Terminal) que ha establecido Marruecos ilegalmente en el espacio aéreo asignado a España por Naciones Unidas (TMA Laayoune/FL125 y TMA Dakhla/FL085), y resaltaba igualmente la inexistencia de la comunicación directa requerida entre el Control de Tráfico Aéreo de Canarias y las torres controladas por Marruecos en el Sáhara Occidental. Esto implica una inseguridad aérea, en la que se dan vuelos no controlados por Canarias, que es, a efectos oficiales, quien gestiona los vuelos sobre el espacio aéreo de Sáhara Occidental.
Estos problemas van más allá del componente político que hay detrás e incluye la seguridad de la operación de las aeronaves, algunas españolas, que operan en la zona. Incluido el SAR, y que podrían provocar accidentes con vuelos comerciales. Y esto un Estado soberano jamás debería permitirlo, y no es más que la dejadez del Gobierno y la administración del Estado, para no generar un conflicto político. España simplemente está obligada a cumplir con la misión sobre este espacio aéreo asignado por OACI (Naciones Unidas), y por tanto es responsabilidad suya el garantizar la información sobre la seguridad de las operaciones aéreas en el Sahara Occidental [2].
Los Drones: un caso especial
Existe un dato poco conocido y que vulnera tratados y sentencias: los drones. Según ENAIRE, “respecto a los vuelos no tripulados o drones, debido a la escasa altitud de vuelo, son gestionados directamente por el control aéreo de las torres de control afectadas por dichos vuelos, por lo que no se controlan desde el Centro de Control de Canarias de ENAIRE”. Esto significa, dicho por la propia empresa encargada del control del espacio aéreo, que son los marroquíes, y no España, quienes controlan los vuelos de estas máquinas que hoy en día, y lo vemos en la guerra de Ucrania, causan muchas bajas y, como ya hemos dicho, su no control por parte española sería una responsabilidad compartida de los gobiernos de Marruecos y España, si como dijimos se pudiese demostrar la mala actuación de la administración civil aérea española.
Conclusiones
A efectos de la legalidad internacional, España no ostenta ningún permiso para decidir si ceder o no ceder el espacio aéreo saharaui a quien lo solicite. Es así de simple. Hacerlo iría en contra de las Resoluciones de la ONU y en contra del derecho internacional.
La dejación de las responsabilidades de España en el control del espacio aéreo en el Sahara Occidental podría generar accidentes de la aviación comercial y dificultar las tareas del SAR.
El control aéreo por parte de Marruecos supondría un enorme flujo económico entrante para esta nación, así como una mayor libertad militar para ejercer sus operaciones hacia el Sáhara Occidental.
Si se cede la zona del Sáhara Occidental, el Gobierno marroquí tendría más control y una frontera aérea mayor, a la vez que España reduciría la suya.
La cesión del control del espacio aéreo, podría, de alguna manera, influir a la hora del litigio de las aguas reclamadas por Marruecos, y que se confronta con las reclamaciones españolas.
En el ámbito de seguridad y defensa sin duda reduciría gravemente la seguridad y dificultaría la defensa del archipiélago canario así como su capacidad de control del espacio aéreo sobre el corredor aéreo y marítimo del Sahara, que controla importantes rutas aéreas y marítimas del sur de África y Suramérica. Es un corredor muy usado en rutas Europa-Sudamérica por el bajo precio de las tasas mauritanas. Y ahora pasaría a ser controlado por Marruecos.
Todo ello sin duda seria una victoria política y estratégica para Marruecos, en toda regla, aumentaría su frontera y su influencia geopolítica de una manera muy significativa en detrimento del archipiélago canario y de la de España como pivote estratégico a la hora de una confrontación entre Rusia y China y Occidente por el control de los recursos de la Isla del Mundo, que incluye a Eurasia y África. España, así, perdería parte de su potencial geopolítico.
Juan Ángel López Díaz
[1] Declaraciones de Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco. España se arriesga a terminar en la justicia internacional si cede a Marruecos el espacio aéreo del Sáhara Occidental, Francisco Carrión, El independiente, 19-07-2023.
[2] Western Sahara: Una peligrosa «marcha azul» de Marruecos en espacio aéreo español, Aviación Digital, 12-10-2015.
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