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A falta de la decisión que tome en breve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, en este caso vinculante, y cuyo anticipo suele ser el dictamen emitido por Richard de la Tour, está por ver si las autoridades judiciales belgas querrán poner fin a esta pantomima o por el contrario seguirán dilatando en el tiempo su decisión de cumplir con la legislación europea vigente, entregando a Puigdemont a España, o por el contrario seguirán escudándose en la falacia de las pocas garantías judiciales españolas para mantener al estrafalario fugado de la Justicia luchando abiertamente contra la democracia española de forma gratuita.
Aunque, por otro lado, vistas las relaciones de comprensión y buena vecindad del actual Gobierno de España con los golpistas catalanes, no sería de extrañar que un Puigdemont extraditado fuera recibido oficialmente en España con honores y banda de música y llevado directamente no a la prisión sino al palacio de la Generalidad.