Junqueras, Forn y los Jordis continuarán a buen recaudo

El juez Pablo Llarena ha acordado mantener la prisión provisional sin fianza para el exvicepresidente del Govern de Catalunya, Oriol Junqueras, para el exconseller de Interior Joaquim Forn y para los líderes de ANC y Omnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Para los otros 6 exconsellers de Catalunya que están en prisión, el juez acuerda la prisión eludible bajo fianzas de 100.000 euros para cada uno de ellos. Poco después del mediodía las entidades independentistas ANC y Òmnium, han depositados las fianzas y los consellers cesados saldrán de la cárcel esta tarde.

El magistrado les impone comparecencias semanales en el TSJ de Catalunya o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, prohibición de abandonar el país y retirada de pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión. El juez considera que no hay riesgo de fuga, pero aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de las cuatro personas que mantiene en prisión.

En su auto, Llarena analiza los requisitos legales para acordar una medida de prisión, que en este caso concreto se han centrado especialmente en el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. En relación con el riesgo de fuga, Llarena lo descarta y considera que la situación de los exconsellers y de los lideres de ANC y Omnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament, en cuanto que su aportación al delito se situaría en principio en un plano de principalidad equivalente al que ofrecía el comportamiento de Carme Forcadell y también porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.

Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los 10 querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la “lesividad” que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones. El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart, entiende que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el “asedio” por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consellería catalana de Economía en Barcelona.

“El riesgo de reiteración de sus conductas -añade el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”.

En estos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva “refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”.

El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, “sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”. Contra el auto de Llarena se puede interponer recurso de reforma y / o apelación ante la Sala Segunda del TS.

Horas después de conocerse el auto judicial, Llarena ha dictado otro de libertad de los exconsellers Mundó, Romeva, Turul, Rull, Bassa y Borrás después de constatar que los seis habían depositado en la cuenta del tribunal la fianza de 100.000 euros que les impuso hoy para eludir la cárcel. Dos funcionarios se dirigen a esta hora a las cárceles de Estremera y Alcalá-Meco con los mandamientos de libertad.

Dichos funcionarios comunicarán además a estas seis personas las medidas cautelares que a partir de ahora deben cumplir: comparecencias semanales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) o juzgado o tribunal de su conveniencia, comparecer ante el Supremo siempre que sean llamados, prohibición de salida del territorio nacional y retirada de pasaporte, que deberán entregar antes de las 14 horas de mañana. El fiador de las seis fianzas ha sido Marcel Padrós, tesorero de ANC.

Tanto la Fiscalía como la acusación representada por el partido Vox solicitaron al instructor que mantuviera en prisión incondicional a los siete exconsellers encarcelados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela así como a los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium.

Una vez que Llarena decidió asumir toda la investigación sobre el delito de rebelión de todo el Govern cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de los presidentes de las dos asociaciones, el primer paso que dieron los encarcelados fue solicitar su declaración de manera voluntaria para pedir su puesta en libertad.

El magistrado del Tribunal Supremo había iniciado la causa por rebelión únicamente respecto de los miembros de la Mesa del Parlament, con Carme Forcadell como presidenta. El instructor acordó dejar a todos en libertad excepto para ésta, a quien fijó una fianza de 150.000 euros.

Los exconsellers ven la decisión de Llarena como una puerta abierta para su excarcelación preventiva mientras se instruye la causa. Todos ellos alegaron que no existe riesgo de fuga, dado que la mayoría se presentan como candidatos a las elecciones del 21 de diciembre.

Estos argumentos no fueron suficientes para el Ministerio Público ni para la acusación, quienes informaron tras la declaración de los exconsellers y los presidentes de las asociaciones el pasado viernes que las circunstancias por las que la juez Carmen Lamela había acordado su prisión no habían sido modificadas.

La Fiscalía puso como ejemplo de riesgo de destrucción de pruebas el episodio vivido tras el 1 de octubre de un intento de incinerar documentos frustrado por la intervención de la Policía Nacional.

Asimismo, el Ministerio Público anunció al magistrado la división de dos grupos de responsabilidad en la estrategia para conseguir declarar la independencia de Catalunya fuera de las vías legales, de las que Junqueras y Forn no salen bien parados. La Fiscalía considera que tanto el ex vicepresidente, como el exconseller de Exteriores; el de Interior, Joaquim Forn; y el de Presidencia, Jordi Turull tienen un papel predominante en el plan elaborado desde 2015 para proclamar la independencia a pesar de las continuas prohibiciones del Tribunal Constitucional y su ilegalidad.