Investigados por SEDICIÓN José Luis Trapero, Teresa Laplana, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez

La jueza instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar al major Trapero, investigado por delito de sedición. Ha sido investigado en el marco de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado por la concentración frente a la sede del departament d’Economia, en relación con las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones. La citación es para el próximo viernes. La jueza también llamará a declarar a declarar como investigados a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

La Guardia Civil efectuaba un registro en la sede de Economia, comandada por Oriol Junqueras, para frenar los preparativos del referéndum de independencia del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Además del major de los Mossos d’Esquadra, también se cita a declarar a una subordinada suya, la intendente Teresa Laplana, que estaba al frente del operativo frente a la sede de la conselleria del Govern de la Generalitat del pasado 20 de septiembre.

El delito de sedición conlleva entre 4 y 8 años de cárcel, mientras que las autoridades pueden enfrentarse a condenas de hasta 15 años de prisión.

El pasado 27 de septiembre la juez admitió la denuncia que presentó la fiscalía por estos hechos al entender que el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de gobierno. En un auto en el que la magistrada explicaba que esas conductas de los manifestantes podían encajar en el artículo 544 del Código Penal que sanciona el alzamiento tumultuario, dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquiera de las personas que el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.

Como primera diligencia de investigación, la juez pidió el informe del Instituto Armado, que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la conselleria, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud. Además de las peticiones por escrito, los guardias pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14:30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.

En una de esas peticiones, se traslada a la intendente de los Mossos la necesidad de proteger los tres coches que habían quedado fuera y que ya estaban rodeados. Se le dijo que los coches tenían “armas largas” y que si los manifestantes accedían a los vehículos “podría incrementarse la amenaza de forma muy importante”. La intendente respondió, según el guardia, que no podía hacer nada y que su intención era “mantener la situación”.

El relato de los guardias que actuaron revela que los agentes que custodiaban la puerta se vieron obligados a entrar en el edificio para evitar “el enfrentamiento directo” ante la actitud “cada vez más hostil” de los manifestantes. Y, a medida que avanzaba el día y crecía el número de asistentes, la Guardia Civil constata que la protesta estaba coordinada y organizada, incluso con avituallamiento y con voluntarios que formaron una cadena humana para permitir la salida del edificio de las autoridades y trabajadores, pero no de la comitiva judicial.

A las diez de la noche se dio por finalizado el registro, pero la comisión judicial “quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad”. Dos horas después, Sànchez y Cuixart, subidos a un vehículo de la Guardia Civil -que ya habían sido destrozados- arengaron a los asistentes a persistir en la protesta. A juicio de la Guardia Civil, ambos demostraron capacidad para coordinar la protesta, pero no usaron ese control para disolver una manifestación que habían convocado y que estaba “coaccionando” a los agentes.

Más tarde, “la masa” intentó acceder al edificio por la fuerza. El testimonio de uno de los agentes dice: “El ambiente en el exterior era muy tenso y hostil, tirando objetos e insultando constantemente a los guardias civiles. También realizaban cánticos en los que decían ‘esta noche dormiréis aquí’ (...) sobre las 3 de la mañana hubo una carga violenta de los manifestantes contra las puertas en la que por parte de unos 15 agentes de Mossos y Guardia Civil hubo que aguantar las puertas, puesto que parecía que la masa podía tirarla abajo y acceder”.

Para entonces, la secretaria judicial había salido por un teatro anexo camuflada entre el público que había ido a la función. Los agentes salieron entre las cuatro de la mañana y las siete.

Además, el informe deja constancia de que aquel día la Guardia Civil envió hasta 24 solicitudes de apoyo a los Mossos, diez de ellas con carácter urgente, en diversos puntos de Barcelona, en Sabadell, en l’Hospitalet de Llobregat, Les Franquesas del Vallès, Vic, Tàrrega, Lleida, Manresa, Reus y Valls.

En concreto, alertaron de una concentración que se dirigía a la casa cuartel de Vic, por lo que pidieron apoyo para garantizar la integridad del personal que allí presta servicio y de las familias que allí residen; e hicieron lo mismo en el polígono industrial de Bigues i Riells, puesto que la comisión judicial no podía abandonar el lugar al haber varias personas tiradas en el suelo. Incluso, advierten de que han tenido conocimiento de que “todos los alumnos de bachillerato de los dos institutos” de Tàrrega se concentraran al día siguiente frente al cuartel de esta localidad.