La Ley de Transparencia

...y ello tiene en política unas graves consecuencias prácticas, porque la buena administración pública, sobre todo en éstos momentos en que el dinero escasea, en vez de tratar de adelgazar el enorme tamaño del Estado, reduciendo gastos superfluos y despilfarros vergonzosos, tiende a aumentar su volumen hasta límites insoportables para una buena gestión económica.

El Estado y su gestor, el Gobierno, no hacen absolutamente nada en el sentido del ahorro y de la simplificación de funciones, sino más bien todo lo contrario y para financiar su inmoderado gasto, la solución fácil que se les ocurre, tanto a Madrid, como a sus mentores y directores europeos desde Bruselas, es aumentar los impuestos y sacrificar cada vez más al ciudadano, hacer crecer el aparato burocrático y no renunciar a una sola prebenda de las que disfrutan los profesionales de la política.

Viene todo esto a cuento de la reciente aprobación y puesta en vigor de la “Ley de Transparencia”, que obliga “del rey abajo” a todo el mundo, sean las instituciones, partidos políticos, sindicatos, etc, etc. a someterse a la fiscalización de sus ingresos y a la explicación de sus gastos, de manera que la ciudadanía pueda saber si lo que se hace con su dinero es correcto o no.

Esta ley no parece que fuera necesaria. Ya tenemos leyes suficientes que permiten fiscalizar los ingresos y gastos de las instituciones y, sobre todo, tenemos un Código Penal que tipifica sobradamente las actitudes delictivas en el manejo de los dineros públicos, y lo que sería necesario es aplicarlo sin contemplaciones, caiga quien caiga, y no andarse con paños calientes a la hora de enjuiciar a quien comete un delito económico.

Pero por si todo esto fuera poco, la ley de Transparencia crea un Consejo de Vigilancia para hacer el seguimiento de su aplicación y, con ello, complica aún más la maraña administrativa del Estado, porque, albarda sobre albarda, superpone éste consejo a la Intervención General del Estado, al Tribunal de Cuentas, a la Inspección de Hacienda y a todas cuantas Agencia y Oficinas públicas tienen la competencia de fiscalizar los gastos de la Administración.

En pocas palabras, aumentamos el ya inmenso aparato burocrático con otro nicho más de privilegiados que van a cobrar por algo que ya es competencia de otros funcionarios y políticos. De ésta manera, entre todos, conseguiremos ser tan ineficaces como hasta ahora, pero, eso sí, colocando a amigos y correligionarios en puestos bien remunerados para seguir engordando un Estado que sería necesario –yo diría imprescindible- adelgazar y engañando al pueblo con palabras grandilocuentes como “Ley de Transparencia” como si hasta ahora las leyes vigentes fueran oscuras e insuficientes.

Ya he dicho en otras ocasiones que el gran patricio ilustrado asturiano, Don Melchor Gaspar de Jovellanos había propuesto para una buena administración y desarrollo de la labor política del Estado: “pocas leyes y justas”. Parece que tan ilustre personaje, visto lo que vemos y a pesar de los grandes elogios que se le tributan, no tenía ni idea de lo que es el buen gobierno, la austeridad y la eficacia de la labor política del Estado.

Los políticos actuales, más avisados y avispados que el gran patricio asturiano, multiplican oficinas, servicios y burocracia para colocar a sus amiguetes, lo que supone un incremento del gasto cada día mayor. Ello es nocivo para el Estado, pero bueno para incrementar su clientela política y seguir viviendo del presupuesto.

Contrasta este modo de proceder con el de las empresas privadas. Un ejemplo: el Banco de Santander cierra en España cuatrocientas cincuenta oficinas, porque la informatización y las nuevas tecnologías las hacen innecesarias y mantenerlas supondría un gasto inútil. Sin embargo esta noticia tiene su antagonista con otra de hoy mismo: “La Generalidad de Cataluña, a partir del próximo mes de mayo, amplía sus oficinas de Hacienda de 53 a 142,”, todo ello, naturalmente, sin renunciar a los ordenadores, las nuevas tecnologías y los más sofisticados medios burocráticos de que goza en Banco de Santander.

¿Se puede entender este despropósito? Y lo peor es que no es solo Cataluña quien despilfarra, sino todo lo que ellos mismos llaman “El Estado Español”.

Así nos va.

Fernando Álvarez Balbuena

Dr. en CC. Políticas y Sociología