Las Candidatas de UP-IU de León y la Memoria Histórica

Redacción / 22.11.2015

Reproducimos el comunicado remitido por la candidatura de UP-IU de León:

• La candidatura Unidad Popular-IU, encabezada a nivel estatal por Alberto Garzón, lleva en su programa las 16 medidas exigidas por los colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo, entre los que se encuentra ilegalizar Falange y la Fundación Francisco Franco, además de la "condena" de los actos de exaltación franquista y de negacionismo histórico y la retirada de los símbolos franquistas.
• No se puede desarrollar una democracia plena en nuestro país sobre los cimientos de miles de fosas comunes, que albergan aún 140.000 desaparecidas y desaparecidos en nuestro país.
• La venganza es inadmisible, la justicia necesaria. León fue el inicio de este movimiento en Priaranza del Bierzo, que abrió paso a la reivindicación de la memoria histórica, y que debería ser una cuestión de Estado y no una interminable y denodada lucha de las asociaciones para rescatarles del olvido.

Las candidatas a las Cortes y al Senado por Unidad Popular-Izquierda Unida de León, Laura Fernández y Susana Carballo, defienden que, para construir ese nuevo país rupturista con el que soñamos, la democracia no pueden ser solo palabras sino que deben ser hechos. Proponen empezar por el principio. No se puede desarrollar una democracia plena sobre los cimientos de miles de fosas comunes aún sin exhumar, aproximadamente 140.000 “desaparecidas y desaparecidos”.

Es muy grave que aún hoy, en pleno siglo XXI, 40 años después de la muerte de Franco, tengamos que defender lo obvio. No debería ser una cuestión de organizaciones de víctimas y represaliados, ni siquiera debería ser una cuestión de partidos. Debería ser una cuestión de Estado que nos uniera a todas y todos en la defensa de los derechos humanos que han de ser garantizados “en casa”, antes de poder enarbolar las banderas patrias para –supuestamente- defenderlos fuera. Para lograrlo, Fernández y Carballo exigen la judicialización y localización de todas las fosas comunes del franquismo, cuyas partidas presupuestarias el PP ha dejado a cero durante esta legislatura y que en León es necesario recuperar el ritmo de trabajo anterior a los "recortes", cuando se cumplen ya quince años con 112 fosas exhumadas y cerca de 1.000 cuerpos "rescatados" del olvido.

Las candidatas de Unidad Popular-Izquierda Unida apoyan las reivindicaciones de las víctimas del franquismo y se basan en los informes sobre desapariciones forzadas en el Estado español del Relator Especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff para recordar que “la venganza es inadmisible, la justicia necesaria”.

Laura Fernández y Susana Carballo exponen que Unidad Popular-Izquierda Unida se comprometen a desarrollar, vía reformas legislativas, a lo largo de la siguiente legislatura, leyes que permitan el reconocimiento, y en su caso, tratamiento de los daños o traumas ocasionados a las víctimas y la recuperación e indemnización, con cargo al Estado, de los bienes que les fueron expoliados por motivos políticos, religiosos o cualquier tipo de represalia. Igualmente llevarán al Congreso de los Diputados un sistema de resarcimiento económico actualizado, acorde con la realidad económica y social, para las víctimas aún vivas y sus herederos.

Dentro de su programa incluyen la supresión efectiva de símbolos y nombres franquistas de calles y monumentos, y la reconversión del Valle de los Caídos en un memorial de la represión franquista.

Además las candidatas exigirán declarar por ley la nulidad de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista emitidas por Consejos de Guerra, Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, Tribunal de Orden Público o los Tribunales de Responsabilidades políticas. Así como condenar los actos de exaltación franquista y la ilegalización de cualquier partido, fundación u organización que ensalce, justifique o fomente la violencia y los actos que el franquismo ejecutó desde el 18 de julio de 1936.

También plantean el pleno reconocimiento jurídico de las víctimas, la anulación de la ley de Amnistía de 1977 en los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas y la creación de una Fiscalía especializada que investigue y persiga esos delitos. UP-IU propone que una ley establezca la responsabilidad directa del Estado en las exhumaciones que, en la actualidad, sólo prosperan en un número muy reducido y gracias al esfuerzo de las familias y de las asociaciones de memoria.

Por eso, desde Unidad Popular-Izquierda Unida, proponemos imaginar un país nuevo que restituya la dignidad pública de quienes lucharon por la democracia, dejando de considerar “bandoleros” y “delincuentes” a la guerrilla que en las montañas luchó por intentar devolver la legitimidad a la democracia de la II República. Un país nuevo que como hizo Alemania, convierta en memoriales los lugares que fueron escenarios del terror para que todo lo que ocurrió se sepa y nunca más se repita la barbarie.