JULIA PÉREZ / PÚBLICO / MADRID
La Audiencia Nacional sentará en el banquillo a partir del próximo 2 de diciembre al cantante José Ramón Márquez, Ramoncín, y a otros tres exaltos cargos de la Sociedad General de Autores (SGAE), por emitir facturas, por importe de 57.402 euros, que el músico cargó a la entidad de gestión de derechos de autor entre septiembre de 2008 y marzo de 2011.
El juicio comenzará el próximo 2 de diciembre con las cuestiones previas, donde las defensas tratarán de que no sean juzgados el cantante, así como el ex director general de la filial digital de la SGAE (SDAE) José Luis Rodríguez Neri, el ex director general Enrique Loras y el exdirector de los Servicios Jurídicos Pedro Antonio Hernández.
El tribunal juzgador estará integrando por magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
El tribunal juzgador estará integrando por magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la misma que juzgará el caso Gürtel y los famosos papeles de Luis Bárcenas, el extesorero del PP, que evidencian que este partido mantuvo durante casi dos décadas una contabilidad paralela.
Este juicio a Ramoncín corresponde a una pieza separada de la causa principal que investiga el juzgado central de instrucción 5 sobre el desvío de fondos de la SGAE. Su titular, José de la Mata, dictó el pasado 14 de mayo un auto de apertura de juicio oral contra los cuatro exdirectivos de la sociedad que gestiona los derechos de autor, incluido su entonces presidente Teddy Bautista.
De la Mata considera que Ramoncín y los otros tres exdirectivos crearon un “negocio civil criminalizado” para desviar dinero de la entidad y los considera responsables de los delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta por cargar presuntamente a la entidad facturas falsas o por servicios inexistentes.
Piden cuatro años para Ramoncín y Neri por el caso SGAE
La Fiscalía pide en total cuatro años y diez meses de cárcel para Ramoncín y Neri al acusarlos de idear y elaborar documentación que en apariencia otorgaba cobertura legítima a la salida de dinero de la SGAE a través de proyectos como 'El Creador', 'La caja fuerte virtual', '¿Hablamos el mismo idioma?', 'Proyecto de divulgación de los derechos de autor, así como por el adelanto de una indemnización ordenada por el Tribunal Supremo el 10 de febrero de 2011.
El ministerio público pide, además, para el exdirector de los Servicios Jurídicos de la SGAEPablo Hernández Arroyo una pena de dos años y nueve meses de cárcel por apropiación indebida o, alternativamente, una multa de 40.356 euros por administración fraudulenta. Además, reclama por el delito de apropiación indebida otros dos años de cárcel para el ex director general de SGAE y exconsejero de la filial digital Enrique Loras o, alternativamente, una multa de 20.866 euros por administración fraudulenta.
La pieza principal del caso SGAE fue abierta en el año 2011 por el entonces juez central de instrucción 5, Pablo Ruz, a raíz de una investigación abierta por el supuesto desvío de al menos 26,4 millones de euros que pertenecían a la SGAE. La investigación judicial ha determinado que el dinero desviado creció hasta los 32 millones de euros.
El sumario fue abierto con la Operación SAGA de la Guardia Civil tras una denuncia presentada en el año 2010 por las organizaciones Asociación de Internautas, Asociación de Usuarios en Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).
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