Carta abierta y urgente al Defensor de la Constitución

Señor:

Una inmensa mayoría de españoles no saben que tenemos un Guardián y Defensor de la Constitución.

Quizás han oído o leído que existe un Defensor del Pueblo. Y saben o sospechan que los partidos, los sindicatos y las asociaciones profesionales saben defenderse muy bien a sí mismos.

Los más listos saben también que existe un Ministerio de Defensa, en realidad coordinador administrativo de las Fuerzas Armadas quienes, según la Constitución (artículo 8), “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional”. Y que, como Estado de Derecho, en España hay también un Tribunal Constitucional y un Tribunal Supremo cuyas funciones son la defensa judicial de nuestra Carta Magna.

Pero muchos listos ignoran quién ostenta la función de la defensa política de la misma. Fue el gran teórico constitucional alemán Carl Schmitt quien elaboró los conceptos de “guardián/defensor” relativos a las defensas judicial y política (C. Schmitt, Der Huter der Verfassung –traducción de M. Sánchez Sarto: La Defensa de la Constitución–, en sendas publicaciones Berlín, 1929, y Tubinga, 1931; Ed. Labor, Barcelona, 1931, y Ed. Tecnos, Madrid, 1983).

Tal función se localiza en la figura de la Jefatura del Estado: Presidencia en una República, Corona en la Monarquía.

España está padeciendo una grave crisis política y constitucional. Muchos españoles ya no confiamos en los políticos amarrados a la partitocracia, la corrupción y la malversación. Nuestra última esperanza reside en la voz del Jefe del Estado español, S. M. el Rey.

La raíz del problema en que nos encontramos se ubica en un equívoco y falaz supuesto constitucional: que la sagrada libertad de expresión e incluso de representación en el parlamento o Poder Legislativo legitima a ciertas ideologías enemigas de la constitución liberal para ocupar un puesto en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, con poderes para modificar esencialmente la cultura política y la estructura constitucional.

En otras palabras: ningún sistema político-constitucional puede legitimar para gobernar a las ideologías, partidos y coaliciones que buscan la destrucción o “cancelación” de los principios y valores de dicho sistema.

No advertirlo desde la suprema instancia defensora del Imperio de la Ley sería dar luz verde y anuencia a los intentos “posmodernos” de golpes de Estado, golpes silenciosos, legalmente fraudulentos y letales contra la libertad y la propia democracia (algo similar a lo que en la democracia más consolidada de Occidente se viene intentando y se ha calificado “paper coups” del siniestro “Deep State”).

Señor:

Con motivo de su ya cercano discurso de Nochebuena los españoles confiamos en escuchar una voz firme y clara, con palabras de tranquilidad y de optimismo, para no dar pie a los agoreros que proclamen, una vez más, aquella frase bochornosa: Delenda est Monarchia.

Manuel Pastor Martínez