Pronto veremos a los antisistema que ocupan escaño en el Congreso de los Diputados pedir cuentas a los probos funcionarios y altos cargos que velan por la seguridad e integridad del Estado. De ese mismo Estado contra el que luchan denodadamente desde sus instituciones, que "okupan" gracias a la inconsistencia de algunas de las leyes que rigen la democracia española.
No son buenas las noticias que llegan del Congreso de los Diputados.
Contemplar a su presidenta, Meritxell Batet, cambiando las reglas del juego para que los antisistema con escaño puedan acceder a las entrañas de la seguridad del Estado, y justificando tal cambio porque los partidos constitucionalistas no les facilitan el acceso, es algo que deja con la boca abierta a cualquier observador.
Es comprensible que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aspire a completar su mandato. Lo que nadie puede comprender es que para lograrlo esté dispuesto a pagar cualquier precio, como viene haciéndolo desde el mismo momento en que accedió al cargo.
Medidas como esta, sumada a barbaridades tales como airear el nombre del navío que porta armas a Ucrania, causan en muchos ciudadanos -posiblemente millones- una desafección que va mucho más allá del rechazo a un partido político o una forma de gobernar. Provoca repugnancia y rechazo visceral, haciendo prácticamente imposible la convivencia con tales acciones sin alzar la voz en su contra, y provoca también la exigencia de saber hasta dónde será capaz de llegar el presidente Pedro Sánchez con tal de aferrarse al poder.