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España ante el desafío nacionalista

Diputados independentistas catalanes, vascos y gallegos -ERC, Junts, BNG, Bildu, CUP y PDeCAT- en el Congreso de los Diputados de España. (Foto: https://www.20minutos.es/ - archivo).
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Diputados independentistas catalanes, vascos y gallegos -ERC, Junts, BNG, Bildu, CUP y PDeCAT- en el Congreso de los Diputados de España. (Foto: https://www.20minutos.es/ - archivo).

LA CRÍTICA, 20 ENERO 2022

Por Ignacio Camuñas Solís
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Decir que el establecimiento en España del Estado Autonómico ha generado problemas crecientes de forma continua es reconocer una realidad que a veces determinados líderes políticos prefieren desconocer. El desafío permanente de los sectores nacionalistas de corte separatista ¿sería posible hoy sin las regalías que han recibido gracias al Estado de las Autonomías? Sin Estado Autonómico ni el Lendakari ni el Presidente de la Generalidad se permitirían el lujo de desafiar un día sí y otro también (…)

… a los distintos Presidentes del Gobierno de la Nación que hemos tenido a lo largo de estos últimos 40 años. Así pues sería procedente preguntarse si ha merecido la pena realmente establecer 17 Autonomías y si con ello ha mejorado el funcionamiento del país.

Ya no es solo el quebradero de cabeza que ha supuesto permanentemente la actitud de los nacionalismos vasco y catalán, con sus intolerables pretensiones, sino los múltiples problemas que venimos soportando todos los españoles en relación con el mundo de la educación y la sanidad al calor de las transferencias realizadas. Por no hablar de la multiplicación de cargos inútiles que el propio sistema autonómico ha generado con el costo subsiguiente para las arcas públicas que es preciso reconducir de una vez. Miles de afiliados a los partidos de turno viven al calor del Régimen Autonómico sin que su cometido se traduzca en ningún beneficio real para el país dado que son cargos de libre designación sin cometido real alguno.

Pero hagamos un poco de historia para tratar de aclarar por qué hemos llegado a esta situación.

El Estado de las Autonomías tuvo su origen en uno de los grandes pactos establecidos por las fuerzas políticas durante el período de la Transición. Tiempo después tuvo su traducción en el propio texto constitucional.

Hablemos claro y seamos sinceros. Fuera del País Vasco y Cataluña ninguna de las regiones restantes de nuestro país había demandado expresamente el régimen autonómico. Fueron los sectores vascos y catalanes pertenecientes a la Oposición Democrática los que exigieron al Gobierno Suárez el establecimiento del régimen autonómico amparándose en lo ocurrido años atrás durante el período de la República. Suárez que quería a toda costa el refrendo absoluto de la Monarquía por parte de la inmensa mayoría del pueblo español –sin tener que recurrir a la vía de un Referéndum sobre la cuestión– y que pugnó en todo momento por hacer una Constitución por consenso para dar la ansiada estabilidad política a nuestro país, tuvo finalmente que aceptar las pretensiones del PNV y de la entonces llamada Minoría catalana poniendo en marcha el Régimen Autonómico que se desarrollaría posteriormente.

Galicia, a última hora, se beneficiaría por su parte de este estado de cosas incorporándose a lo que entonces se dio en llamar las tres nacionalidades históricas. Posteriormente a instancias del Ministro Manuel Clavero, andalucista de pro, se establecería con carácter general el Sistema Autonómico dando lugar a las 17 Autonomías que disfrutamos, con la aparición sorpresiva de Comunidades Autónomas como Murcia, La Rioja, Madrid, Cantabria, Castilla la Mancha, etc., etc. Pero el caso es que a marchas forzadas empezamos a transitar así en los años posteriores.

Todo ello se combinó con un Sistema Electoral de carácter proporcional que implícitamente iba a dificultar, tantas veces, la obtención de mayorías políticas parlamentarias propiciando que tanto el PNV como Convergencia disfrutaran de un poder arbitral para la aprobación de los Presupuestos y hasta para la formación de los distintos Gobiernos en Madrid que ha acabado ocasionando consecuencias letales para nuestro país. Jordi Pujol y Javier Arzallus han sido maestros a la hora de conseguir pingües beneficios para sus dos Comunidades Autónomas a costa de ir desguazando el Estado ante la ceguera y egoísmo de los dirigentes del PSOE y del PP que han consentido a veces en vender la fortaleza y cohesión de nuestro régimen democrático por un mero plato de lentejas, eso sí, disfrutado en la Moncloa.

El colmo del disparate ha llegado en la hora actual con Pedro Sánchez y su lamentable Gobierno Frankenstein. Presionado a su vez por sus compañeros de viaje comunistas ha llegado a aceptar la existencia de un “conflicto político” entre España y Cataluña para regocijo de los sectores separatistas, aceptando constituir una “mesa de diálogo” para tratar del susodicho conflicto. Previamente se ha visto obligado a otorgar un bochornoso indulto a los dirigentes golpistas que al mismo tiempo y con todo descaro se permiten manifestar que volverán a las andadas tan pronto como les sea posible. Y no contentos con los indultos todavía tienen la osadía de reclamar la amnistía para todos los implicados en la sedición. Y así entre unas cosas y otras vamos aceptando lo inaceptable. En cuanto encuentran un resquicio estos avispados nacionalistas vuelven con la cantinela del referéndum, como única y verdadera solución para resolver el conflicto político, saltándose a la torera la propia Constitución que deposita la soberanía nacional en el conjunto del pueblo español.

Si el próximo Gobierno que suceda al actual no toma seriamente de una vez cartas en el asunto es posible que en algún momento nos encontremos con una situación cada vez más difícil de manejar. Y como estos nacionalistas han demostrado ser muy audaces y laboriosos antes de plantear la independencia tratarán de conseguir un nuevo Estatuto con un carácter marcadamente confederal que les acerque en su día a la meta final: la anhelada independencia política. Menos mal a que por el momento han fallado clamorosamente en su pretensión de verse reconocidos internacionalmente lo que en realidad les ha obligado a retirarse a sus cuarteles de invierno.

Pero esto no puede seguir así por más tiempo. El nuevo Gobierno que se forme después de las próximas elecciones, tan pronto como nos desembaracemos del Sanchismo, debe plantear seriamente una solución que acabe con este estado de cosas. Y adelanto que para ello no es ni siquiera necesario un cambio en la Constitución, por mucho que lo deseáramos. Soluciones hay, siempre que contemos con un Gobierno que quiera cruzarse con esta enojosa cuestión y utilice todos los cauces políticos que tiene en sus manos, empezando por una reforma del Sistema Electoral que ponga a las fuerzas de las distintas autonomías en su sitio, pues no es tolerable que con muy pocos diputados puedan poner en jaque al Gobierno de la Nación como ha venido ocurriendo tantas veces durante estos últimos años.

La cuestión ha alcanzado ya una dimensión altamente preocupante porque siguiendo el ejemplo de vascos y catalanes estamos viendo cómo aparece sin cesar una nueva ola de pequeños partidos regionales e incluso locales que puede hacer la gobernabilidad del país muy difícil de mantener. Así no habrá Gobierno que se sostenga y la toma de decisiones será cada vez más engorrosa.

Nos hace falta pues un Gobierno decidido que sepa arriesgar lo necesario para salir airoso del envite político que tiene que afrontar, dejando a un lado anteriores políticas de apaciguamiento que hemos visto ya que no conducen a nada, si no es para agravar la ya difícil situación en que actualmente nos encontramos. España ni puede ni debe esperar más tiempo para abordar el escandaloso desafío al que está siendo sometida.

Ignacio CAMUÑAS SOLÍS

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